Sandro Rosell refuerza su defensa con una antigua cargo del PP madrileño

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que acaba de cumplir seis meses en prisión por su implicación en una trama de cobro irregular de comisiones y blanqueo de capitales, ha reforzado su defensa con la abogada Beatriz Grande Pesquero, que ocupó durante años cargos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid bajo las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Grande, fue directora general de Justicia entre febrero de 2013 y julio de 2014 y ocupó otras altas responsabilidades. Antes de su incorporación como socia al despacho Chávarri Abogados fue miembro electivo del Consejo Consultivo y de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Ha ejercido también como inspectora de tribunales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha sido directora general del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, así como directora gerente del Instituto Madrileño del Deporte (Imder).

Rosell mantiene además a sus representantes del bufetes catalán Molins & Silva, que se ocupan de defender también al exvicepresidente del Govern catalán Oriol Junqueras y otros de los acusados en las causas sobre el 'procés'.

Cuando se cumplen seis meses de su ingreso en prisión, el expresidente azulgrana pelea en la Audiencia Nacional su salida de prisión

Cuando se cumplen seis meses de su ingreso en prisión,decretada el 25 de mayo pasado bajo la acusación de liderar una organización criminal destinada al blanqueo de capitales a través de la que lavó al menos 15 millones de euros, el expresidente azulgrana pelea en la Audiencia Nacional su salida de prisión. La juez instructora Carmen Lamela se opuso a su excarcelación recientemente y el recurso del acusado está en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La fiscal del caso, María Antonia Sanz, se ha pronunciado en contra de dejarle libre ya que considera que continúa existiendo un elevado riesgo de fuga y que dispone de capitales ocultos en el extranjero. Imputado por haber urdido una compleja trama de sociedades instrumentales, testaferros y cuentas en paraísos fiscales para blanquear comisiones irregulares, la investigación apunta a que compartió parte de los fondos con el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ricardo Teixeira (1989-2012), inmerso en numerosos casos de corrupción e implicado también en los hechos de este procedimiento.

El dinero procedía de la venta de derechos televisivos de partidos de la selección nacional de fútbol de Brasil. El dispositivo tuvo su origen en una comisión rogatoria enviada a Madrid por la Fiscalía de Nueva York, que destapó en 2015 una macrotrama de comisiones ilegales y sobornos en el seno de la FIFA, el organismo que dirige el fútbol mundial.

Los citados derechos se vendieron a la empresa catarí ISE, dirigida por el billonario saudí Saleh Kamel. No obstante, parte de las cantidades abonadas eran desviadas a partir de ese punto y acababan ingresadas en cuentas bancarias de Andorra. No solo iban a los bolsillos de Rosell y sus empresas instrumentales sino también —apunta la jueza— a los del expresidente de la Confederación de Fútbol de Brasil, que reside en Estados Unidos.