Púnica: la UCO atribuye a Zaplana tráfico de influencias por una cita en la casa de Botella

[Actualización: Eduardo Zaplana, detenido por presunto blanqueo, malversación y prevaricación​]

La UCO sitúa el foco en la forma que eligieron los implicados para abonar esos servicios. Después de meses de colaboración, Sánchez habría pactado con el representante de Eico y Madiva que las facturas atrasadas se pagaran a través de un contratista del Ayuntamiento de Madrid, Irismedia SL, que en ese momento era el adjudicatario de la publicidad institucional dirigida a medios locales. En total, a lo largo de 2014, Irismedia abonó a Eico y Madiva 5.213 euros. Los agentes consideran que los trabajos de reputación online tenían como única beneficiaria a Botella y que nunca debieron ser abonados con fondos públicos del Ayuntamiento, menos aún a través de una adjudicataria que tenía un contrato para otro fin.

Según fuentes cercanas al caso, la idea de Botella era que Eico y Madiva también se encargaran de su campaña online en las elecciones municipales de mayo de 2015, a las que pretendía presentarse. Esos otros servicios iban a ser sufragados por el Partido Popular de Madrid. Sin embargo, en septiembre de 2014 se vio obligada a renunciar a la candidatura del PP para dejar su puesto a Esperanza Aguirre. El plan terminó de frustrarse en octubre de 2014 con el estallido del caso Púnica.

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A juicio de los investigadores, Zaplana “habría mantenido conversaciones con Ana Botella y con Alejandro de Pedro Llorca [representante de Eico y Madiva] para que éste presentara su propuesta de servicios de reputacion online a la ex alcaldesa”. “A continuacion, prosigue el informe, “[Zaplana] intervendría en el seguimiento y desbloqueo del proyecto, pudiendo haberse servido de su relacion profesional previa con la jefe de prensa del Ayuntamiento, Elena Sánchez”, actual subdirectora de los Desayunos de TVE.

Además de Zaplana, también habría actuado como mediador entre el Ayuntamiento de Madrid y las empresas de reputación el exalcalde de Cartagena y colaborador de las firmas de reputación José Antonio Alonso. A éste le atribuye un delito de tráfico de influencias. Por su parte, la UCO considera que el representante de Eico y Madiva, el experto en imagen online Alejandro de Pedro, habría incurrido en un posible delito de malversación de caudales públicos.

El informe será trasladado ahora al Ministerio Público para que se pronuncie sobre los hechos que describe y la calificación penal que les atribuye la Guardia Civil. Una vez tenga las conclusiones de la Fiscalía en su poder, el instructor de la causa, el juez Manuel García-Castellón, será el encargado de decidir sobre la pertinencia de las imputaciones. En el caso de que las apoye, los afectados serán citados automáticamente a declarar.