Lamela describe "la trama": ANC y Òmniun eran el brazo civil y los Mossos intimidaban

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que se deben acumular toda la causa contra el independentismo en un solo tribunal. Así lo ha reconocido en un informe enviado a petición del magistrado Pablo Llarena, que instruye el sumario contra Carme Forcadell y la Mesa y en el que describe las actividades de una "compleja y heterogénea organización unida por el proposito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña". La "trama" empleó a la ANC y Òmnium como brazo civil y a los Mossos para intimidar con sus 17.000 efectivos, dice.

Lamela considera que se debe unir el procedimiento porque cada uno de los integrantes de este grupo cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario. Entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaria enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.

En su informe, la magistra realiza un repaso de la causa y detalla sus decisiones, desde el envío a prisión de los dos primeros imputados por sedición, los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, hasta la orden de detención de Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que se refugiaron en Bélgica. "No habiendo sido hallados se decretó su busca, detención e ingreso en prisión", dice. Lamela omite el delito de rebelión en su informe y califica los hechos como "desobediencias, prevaricaciones, malversaciones de caudales públicos y sedición"

En los Antecedentes de Hecho del informe, asegura que todos actuaban en aplicación de "una premeditada estrategia perfectamente coordinada" con un reparto de papeles entre las autoridadea "gubernamentales, parlamentarias y civiles. Su "concurso de voluntades" permitió la organización del 1-O y la declaración de la independencia, dice.

La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Omnium, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

La hoja de ruta secesionista fue diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan, especifica. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado.

Crear rechazo hacia España

Desde ese reparto de funciones, Lamela argumenta que la actividad de los miembros del Govern perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia. Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del “proceso de desconexión”, la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas.

Como ejemplo, la juez detalla las congregaciones tumultuosas llevadas a cabo con la finalidad de impedir la ejecución de resoluciones judiciales. ANC y Omnium, según Lamela, "actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre".

Dentro de esa organización investigada, para Lamela cobra especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d’Esquadra para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados. "Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban". También se pensó en emplearles a modo de ejército una vez alcanzada la independencia.

La juez concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, "en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales".

Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos. Pese al veto del Tribunal Constitucional, el Govern hizo posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto contrario a Derecho, al haber empleado fondos públicos para la consumación de un acto delictivo. Y el hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, "no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borrás i Solé, quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum".

Del mismo modo la juez detalla la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para apoyar la celebración del referéndum ilegal y para comenzar a desarrollar proyectos para la nueva República independiente.

Una vez analizadas todas las actividades ilegales desarrolladas, constitutivas de distintos delitos (desobediencias, prevaricaciones, malversaciones de caudales públicos, y sedición) cometidos por los distintos miembros y colaboradores de la organización, bajo la autoría intelectual y superior de sus lideres, Lamela concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa.

"La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común", señala. La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, "razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”. Por ello, concluye que la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes "es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”.