Junqueras, ante la jueza: "Soy creyente y la violencia me parece fuera de lugar"

Los audios de la declaración del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y el resto de 'exconsellers' imputados ante la jueza Carmen Lamela en la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre —a los que ha tenido acceso El Confidencial— muestran cómo la defensa del número dos de Carles Puigdemont en la Generalitat pasaba por demostrar que las convicciones religiosas del imputado le impedían "cualquier acto violento". Tanto a preguntas de su abogado como en el alegato final a petición de la jueza, Junqueras insiste en ello y, es más, se muestra dispuesto a explicar "tanto como sea necesario" por qué es incompatible su fe con la violencia.

Junqueras arranca su declaración ante la jueza dejando claro que solo piensa responder a las preguntas de la defensa y, concretamente, de su abogado. Cuando este le pregunta "en relación a la preparación o ejecución de acciones violentas o tumultuarias" durante las jornadas del 20 de septiembre en las que se producen las concentraciones en torno a la Consejería de Economía y se destrozan los vehículos de la Guardia Civil, Junqueras responde taxativamente que no ha tenido ninguna participación en ellos, entre otros motivos: "Porque yo soy creyente y cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar".

En ese momento, el propio Junqueras se ofrece a desarrollar su argumento a la jueza Lamela "tanto como sea necesario", ante lo que su propio abogado le dice que es suficiente, para pasar a otra pregunta.

Es entonces cuando su defensa intenta que el exvicepresidente se pronuncie sobre la competencia de la jueza para juzgarle, algo que Lamela impide, primero al abogado, y después al propio Junqueras: "Usted está aquí para testificar sobre hechos, no para opinar sobre temas jurídicos".

Tras esto, el abogado pregunta al político republicano si, a su entender, cree que ha tenido suficiente tiempo para preparar la defensa con su letrado —hay que recordar que el Tribunal Supremo, que juzgaba a la Mesa del Parlament, concedía una semana más a Carme Forcadell y al resto de imputados para que pudieran coordinarse con sus abogados—. Junqueras explica cómo no ha tenido tiempo porque el día anterior —1 de noviembre— "ha sido fiesta y hemos tenido que preparar el viaje" a Madrid, donde testificó a partir de las nueve de la mañana.

Para terminar, y después de que su abogado asegurara que no tenía ninguna pregunta más, la jueza le dice a Junqueras si tiene algo que añadir. En un primer instante, su reacción es decir que no, pero inmediatamente vuelve a insistir en su fe religiosa para intentar demostrar que no ha podido, por ello, tener ninguna relación con los hechos violentos de esas jornadas de septiembre en Barcelona. "Insistir en mis convicciones, que me alejan y me impiden cualquier relación con cualquier acto violento".

Tras esto, la jueza le indica que debe esperar fuera a que se produzcan las comparecencias del resto de 'exconsellers' imputados y le recuerda a Junqueras que debe firmar su declaración. El siguiente en ser llamado a declarar fue el cesado responsable de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, seguido de Dolors Bassa y Carles Mundo. Antes de darles paso, y a preguntas del propio Junqueras y su abogado, la jueza les garantiza que "en caso de contradicción" con el acta de su declaración, "está todo grabado".

Ante las preguntas a Romeva, que también versaban sobre el llamamiento a la violencia o los tumultos, el responsable de Exteriores argumentó: "Durante 25 años llevo defendiendo la objeción de conciencia y apelando a la no violencia y la vía pacífica", y que esa "era una condición genérica en todas las reuniones del Govern".

Posteriormente, es Dolors Bassa quien, tras insistir como los demás en que solo responderá a las preguntas de las defensas de los imputados, asegura que rechaza, como el resto, cualquier tipo de violencia y argumenta para ello que es profesional de la enseñanza. Comparece después ante Lamela Carles Mundó, que también responde en la misma línea: solo a las defensas y a preguntas que descartan cualquier apelación a la violencia ni de él personalmente ni de ningún otro imputado. Todos los 'exconsellers' —salvo Santi Vila— adoptan la misma estrategia. Y todos, salvo Vila, que pudo quedar libre bajo fianza al día siguiente, fueron enviados a prisión por un supuesto delito de rebelión y sedición. El rechazo a la violencia en sus respuestas no convenció a la jueza.