Interior ordena borrar ordenadores del caso Nicolás para quitar "archivos personales"

La Dirección General de la Policía -encabezada Germán López Iglesias, el comisario Florentino Villabona y el responsable de recursos humanos de la corporación, el también comisario Antonio Rodríguez- ordenó recientemente borrar los ordenadores que durante los últimos meses han albergado la investigación del caso del pequeño Nicolás. Así se lo ha comunicado la propia Dirección General a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, según han explicado a El Confidencial fuentes policiales y jurídicas.

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En concreto, la Dirección ha trasladado a la magistrada responsable de la investigación -en la que surgió la conocida como guerra de comisarios- una comunicación en la que le informa de que ha eliminado "archivos personales" de los dispositivos que han servido para que los investigadores encabezados por el comisario ya jubilado Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, indagaran en la vida del joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, en la supuesta implicación del policía José Villarejo -encarcelado en el marco de la operación Tándem- en la grabación de una conversación entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia o en los presuntos negocios de blanqueo de Mario Conde y sus socios.

La determinación de borrar los archivos se produjo apenas un día después de que la Unidad Adscrita a los Juzgados de plaza de Castilla se incautara el pasado 2 de octubre de todo el material que habían utilizado los investigadores por orden de la propia magistrada, que había recibido la alerta de la Dirección General de que los responsables de las pesquisas se estaban llevando documentación en mochilas por la noche. En concreto, la Dirección remitió a la jueza Martínez Gamo la grabación de las cámaras de vídeovigilancia que los propios investigadores instalaron para proteger las instalaciones en las que trabajaban, ubicadas en un inmueble situado en una céntrica calle madrileña.

Las mencionadas cámaras dejaban ver a los responsables de las pesquisas llevándose elementos de las oficinas, lo que conllevó que la jueza les citara a declarar en calidad de investigados. Tras escuchar su versión, sin embargo, la magistrada archivó esta pieza separada y levantó la imputación para los investigadores, que se limitaron a señalar que se estaban llevando a casa simplemente efectos personales. Los responsables de las diligencias llevaban meses utilizando las citadas instalaciones y, por lo tanto, habían acumulado numerosos elementos que ahora, después de que la instructora disolviera la comisión judicial, tenían que retirar.

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El mencionado borrado de los ordenadores comunicado a la magistrada como una eliminación de archivos personales ha sido ejecutado, según explican fuentes policiales, a conciencia y apenas unas horas después de recibir los dispositivos en la sede de la Dirección General de la Policía. Se trata de un borrado seguro que impide la recuperación de los archivos destruidos y que habitualmente se lleva a cabo por motivos de seguridad cuando un departamento que trabaja con información sensible cede sus aparatos electrónicos para que estos sean reutilizados.

El borrado de los ordenadores comunicado a la magistrada ha sido ejecutado a conciencia y apenas unas horas después de recibir los dispositivos

Fuentes policiales aseguran que se trata de una forma de proceder habitual, dado que los dispositivos pasarán ahora a ser utilizados por funcionarios de otros departamentos y estos últimos no tienen porqué tener acceso a la información que han manejado los que hasta el momento eran usuarios de estos ordenadores. Otras fuentes de la corporación aseguran también que esos archivos personales son precisamente los únicos que se han conservado y se han entregado a sus dueños, que lo que ha sido eliminado es el resto de la documentación que albergaban los dispositivos.

Los ordenadores han albergado información sensible sobre un caso que ha levantado ampollas en el seno de la Policía Nacional y que ha puesto de manifiesto las luchas internas de la corporación, que han alcanzado a la cúpula de la institución. No en vano, el anterior titular del Juzgado número 2, Arturo Zamarriego, se plantó ante la decisión del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, de retirar a Martín Blas como jefe de Asuntos Internos y decidió crear la comisión judicial que ordenaba a este comisario y a su equipo trabajar en exclusiva para el juzgado.