MIENTRAS FERRAZ ENDURECE EL TONO DE OPOSICIÓN

El PSOE se aferra al "compromiso" de Rajoy para sacar adelante la reforma constitucional

La dirección quita hierro a las palabras del PP avisando de que no piensa en absoluto llegar a una modificación de la Carta Magna porque entiende que prevalece el pacto del presidente con Sánchez

Foto: José Enrique Serrano, presidente de la comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico, este 15 de noviembre en el pleno del Congreso. (EFE)
José Enrique Serrano, presidente de la comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico, este 15 de noviembre en el pleno del Congreso. (EFE)

El cielo parecía encapotarse este miércoles para la modificación de la Carta Magna. Se ponía la primera piedra en el Congreso, arrancaba el debate previo y, de pronto, el PP aguaba la fiesta de los socialistas. "No hemos venido aquí con la idea de la reforma de la Constitución". En la cúpula del PSOE reconocieron la "sorpresa" por las palabras de los populares, su voluntad de rebajar el objetivo final. Pero también creían, o querían creer, que el plan seguía intacto, que la discusión sobre los cambios del texto de 1978 se abrirá en medio año, tal y como se "comprometió" Mariano Rajoy con Pedro Sánchez. "Estamos tranquilos. Acabamos de empezar", señalaban desde la dirección federal, quitando hierro al cerrojazo del PP.

Lo cierto es que el primer paso hacia la reforma no fue nada halagüeño. Ayer tocaba la puesta en marcha, largamente esperada, de la comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico, que el PSOE siempre concibió como la antesala del debate sobre la modificación de la Carta Magna. Esta es la discusión mollar, la que podría culminar en la primera gran remodelación del sistema político actual nacido en 1978. Más aún: es la apuesta estratégica de los socialistas, la bandera que lleva enarbolando desde que el 'procés' comenzó a inflarse, allá por 2013, cuando plasmó su propuesta en la llamada 'Declaración de Granada', en un tiempo en el que Alfredo Pérez Rubalcaba y Pere Navarro dirigían el PSOE y el PSC. Ambas formaciones siempre defendieron que una actualización de la Ley Fundamental de 1978 en clave federal era la única salida posible al conflicto con Cataluña, que además podía servir de plataforma para la incorporación de nuevos derechos y la introducción de medidas de regeneración democrática.

El pasado 11 de octubre, cuando Mariano Rajoy decidió activar, en consenso con los socialistas, el artículo 155 de la Constitución para frenar la declaración de independencia de Carles Puigdemont, Pedro Sánchez anunció desde Ferraz que había llegado al acuerdo con el presidente de que la comisión de evaluación del modelo territorial trabajaría durante seis meses, periodo al final del cual se abriría de par en par el debate de la reforma de la Carta Magna. Ferraz y el PSC respiraban con satisfacción y alivio porque había arrancado al presidente un acuerdo "histórico", y al que siempre había puesto pegas. Rajoy, en su comparecencia posterior en el pleno del Congreso, ese mismo día, no negó el pacto alcanzado con el secretario general del PSOE. Simplemente dijo que "nunca" se había negado a una reforma de la Constitución, aunque advirtió de que ni él ni su grupo renunciarían a defender lo que piensan y lo que quieren que sea España.

La reforma de la Ley Fundamental de 1978 es la apuesta estratégica de Sánchez y un salvavidas también para el PSC. De ahí que mantenga su plan

"Por fin el PP reconoce que tenemos que abordar esa reforma", celebraba a la mañana siguiente Sánchez, quien en una entrevista en la SER aseguraba haber notado en el jefe del Ejecutivo "convicción y determinación" para llevar a cabo la modificación del texto de 1978, todo un "desafío", porque entre otras cosas toca cuestiones que "tensan las costuras de una organización política".

La desgana anterior de Cs

Pero este miércoles llegó el jarro de agua fría. Más de un mes después de aquel pacto de los dos líderes —que ambos habían ultimado en una reunión en La Moncloa la víspera—, con Unidos Podemos y nacionalistas e independentistas bajados del barco por voluntad propia, como respuesta a la aplicación del 155, el PSOE se encontró con que el PP enfriaba públicamente sus pretensiones. Una rebaja de expectativas evidente que había que sumar a la desgana que ya arrastraba desde el principio Ciudadanos, que rechazó la creación de la comisión territorial y que este miércoles votó en blanco la propuesta de Mesa, presidida finalmente por el veterano socialista José Enrique Serrano.

"No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución", proclama el número dos del Grupo Popular, ante la "sorpresa" inicial de los socialistas

"A lo que venimos a la comisión es a hablar de la modernización y evaluación del Estado autonómico. Que nadie espere de nosotros otra cosa", avisó, a la salida de sesión constitutiva del órgano, el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro. Más claro aún: "No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución". Para los populares, el órgano ha de servir para "fortalecer el Estado, no para debilitarlo", para evaluar las "disfunciones" del modelo autonómico actual, "no para sustituirlo". Su mirada está puesta en el sistema de financiación de las comunidades, caducado desde hace años y que concibe como una golosina que administrar a los Gobiernos regionales socialistas, que demandan una puesta al día del modelo, necesitados como están de recursos. También está dispuesto a reforzar los mecanismos de "cooperación" y "cohesión" territorial, pero no a "contentar" a las minorías ni aprobar "cesiones" para los independentistas. Bermúdez, no obstante, advertía de que el diálogo no puede empezar por las conclusiones.

"Siempre hay tiempo para las bravatas", respondía horas más tarde un miembro socialista de la comisión. Su frase reflejaba cómo había digerido el partido de Sánchez las explosivas declaraciones de Bermúdez de Castro. De la "sorpresa" inicial se había pasado a la convicción de que el PP se había entregado a un cierto postureo, persuadido de que le hacía falta diluir el objetivo final de los trabajos en plena precampaña electoral de las catalanas del 21-D. Las "bravatas" de los populares venían a ser, entendían, una especie de pataleo, "porque saben que la iniciativa es de los socialistas".

El PSOE se aferra al "compromiso" de Rajoy para sacar adelante la reforma constitucional

Todos los interlocutores consultados insistían en que por encima de todo había que quedarse con el "compromiso" que Rajoy contrajo con Sánchez en aquellas horas del 10 y 11 de octubre. Lo que dijeran sus lugartenientes, por tanto, no era relevante. Recordaban que también cuando la responsable de Igualdad de la ejecutiva y negociadora con el Gobierno del 155 reconoció que ambas partes habían cerrado que las autonómicas se celebrasen en enero de 2018 también el PP salió en tromba para rebajar ese compromiso, y al final Rajoy acabó convocándolas, con la anuencia de Sánchez, para el jueves 21 de diciembre.

Vía cambios legislativos también

"Estamos empezando esto. No nos alarma lo que ha dicho el PP. No nos pongamos nerviosos, cuando aún quedan seis meses de discusiones. Nosotros seguimos con la misma hoja de ruta. Estamos tranquilos", insistía otro integrante de la comisión del Congreso. Desde el Grupo Popular se insistía, sin embargo, en que lo que está sobre el papel es este foro de diálogo sobre el modelo autonómico, y nada más.

"Siempre hay tiempo para las bravatas", señalan desde el PSOE. "Estamos empezando esto. No nos pongamos nerviosos", decía otro dirigente

En lo que sí coincidía el PSOE con el PP es que no necesariamente todas las conclusiones de la comisión se reducirán a la reforma de la Constitución. Habrá cuestiones que se diagnostiquen, advertían desde la cúpula del grupo, que podrán resolverse vía cambios legislativos o de otro tipo. Pero en el equipo federal sí creen que una vez abierto el melón, la discusión no podrá frenarse, porque revisar la Carta Magna es necesario a estas alturas. Tampoco los socialistas, recuerdan, quieren cambiarla para dar satisfacción a los independentistas, pero sí para buscar un mejor encaje para Cataluña que pueda ser compartido por una mayoría mucho más amplia que el porcentaje de ciudadanos que hasta ahora sostenía la secesión.

Ciudadanos también quería arruinar la comisión territorial. Votó en contra cuando la Mesa validó su creación, eligió a unos representantes de perfil bajo para defender sus posiciones y no quiso "por coherencia" formar parte del órgano de gobierno del órgano, cuyas cinco sillas se repartieron PP y PSOE (tres a dos). El portavoz en este foro, Nacho Prendes, admitió que su grupo acudía arrastrando los pies, con "expectativas a la baja", y advirtiendo de que podía servir como una "pista de aterrizaje" para los secesionistas que "han dado un golpe a la democracia".

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Las palabras del flamante presidente de la comisión, José Enrique Serrano, caminaban en otra dirección. Los 27 miembros del órgano, apuntó en la sesión constitutiva, han de trabajar de forma "libre" y "sin peajes indebidos a nadie", siendo conscientes de la expectación generada y de la "responsabilidad" que asumen. Del debate emanarán "propuestas de distinta naturaleza y alcance", que podrán "exigir", si así lo acuerdan sus miembros, "cambios en las formas de gobernar, en los procedimientos de adopción de decisiones, pero también cambios en las leyes que lo regulan, incluida, entre ellas, y con la atención excepcional que requiere, cambios en la propia Constitución". Misma línea eligió a la salida de la sesión Adriana Lastra, portavoz de los socialistas en la comisión y vicesecretaria general del partido: hay que meterse en harina "cuanto antes" para "en seis meses empezar a preparar las conclusiones y abrir después la reforma de la Constitución que necesita nuestro país".

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Sin la participación de varios grupos

Pero la comisión no solo nace tocada por las reticencias públicas del PP —pese al "ánimo constructivo" con el que grupo acude, según reseñó el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo— y el descreimiento notorio de Ciudadanos. También, y sobre todo, por las ausencias. Los 27 miembros del órgano son de PP (14), PSOE (nueve), Cs (tres) y UPN (uno, formación incluida en el Mixto), aunque como vocales adscritos —sin voto, pero que pueden ser informados de los trabajos— figuran representantes de Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias y EH Bildu—. No están, pues, ni Unidos Podemos ni las formaciones nacionalistas e independentistas. Tanto Serrano como la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, que fue quien abrió la sesión constitutiva, como la socialista Adriana Lastra, confiaron en que el resto de grupos acaben sumándose a los debates, porque es su "derecho y su obligación", en palabras de esta última.

La comisión territorial aprobará su plan de trabajo en una semana y llamará primero a los tres padres de la Constitución que aún quedan vivos

Compromís se descolgó de sus aliados electorales de Podemos y decidió participar en los trabajos porque, como explicó su portavoz, Joan Baldoví, si se habla de un nuevo modelo de financiación autonómica, "los valencianos tienen que estar presentes". Y Compromís es socio de gobierno del 'president' de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. El PNV no negó por su parte que se incorpore más tarde, pues "abrir una puerta al diálogo siempre es positivo". En cambio, Pablo Iglesias insistió en que este "no es el momento más sensato" para poner en marcha la comisión, cuando parte de los 'exconsellers' catalanes están en prisión. El líder de Unidos Podemos sí admitió que en un órgano de este tipo deberían estar todos los grupos. Y Marian Beitialarrangoitia, portavoz de EH Bildu en el Congreso, advirtió de que este foro no tiene recorrido alguno. Todo lo contrario, dijo, pues puede suponer una "regresión" del Estado de las autonomías, informa EFE.

El PSOE se aferra al "compromiso" de Rajoy para sacar adelante la reforma constitucional

El siguiente hito se cruzará el jueves de la próxima semana, cuando Serrano reúna a la Mesa y a los portavoces de la comisión para diseñar y aprobar el plan de trabajo. La idea que tienen PP y PSOE es que quienes primero desfilen por allí sean los padres de la Constitución que aún están vivos: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miquel Roca y José Pedro Pérez-Llorca. Los socialistas también quieren que comparezcan el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría —fue ese máximo órgano consultivo del Estado el que en 2006, a petición del entonces Gobierno socialista de Zapatero, emitió un informe sobre la reforma de la Carta Magna—, presidentes o expresidentes autonómicos, catedráticos y profesores de universidad, expertos (también extranjeros)...

El PSOE se aferra al "compromiso" de Rajoy para sacar adelante la reforma constitucional

Fuentes próximas al presidente de la comisión indican que antes del 21-D es difícil que haya más de "una o dos sesiones", por falta de tiempo y lo apretado del calendario. Quedarían libres, de hecho, o las dos últimas semanas de noviembre o la segunda de diciembre, pues siempre que hay elecciones el Congreso se queda sin actividad los siete días anteriores a la jornada de votación para que los candidatos y los líderes puedan hacer campaña. Y luego llegan las fiestas de Navidad. En enero, ya pasadas las catalanas, sí podrán retomarse los trabajos, pues la Mesa del Congreso sí ha acordado habilitar el mes para que pueda reunirse la comisión territorial.

Ferraz retoma la línea dura contra el PP por la corrupción

Pedro Sánchez pudo escuchar el pasado sábado, en la cumbre con sus barones y en el posterior comité federal del PSOE, que algunos de sus compañeros le aconsejaban que no desatendiese las cuestiones sociales y el combate al PP por la corrupción por Cataluña, porque no podía perder perfil de oposición. La dirección lo sabe, aunque también es consciente de que el clima político está muy condicionado por la crisis territorial

No obstante, este miércoles no desaprovechó la oportunidad de lanzar al Gobierno y al PP sus casos de corrupción. Primero lo hizo Adriana Lastra en la sesión de control, cuando incidió en que Rajoy no ha asumido responsabilidades políticas. Trajo a colación al inspector Morocho, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financiera que investigó la trama Gürtel, que esta semana aseguró, en la comisión parlamentaria que investiga la financiación irregular del PP, que el presidente del Gobierno sí percibió sobresueldos de la caja B del PP.

Poco antes el jefe de Podemos, Pablo Iglesias, había pedido explicaciones al jefe del Ejecutivo por el mismo asunto, informa EFE. De ahí que Soraya Sáenz de Santamaría recriminase al PSOE, en su respuesta a Lastra, que "siga la estrategia" de la formación morada. "Usted debería ejercer la responsabilidad que corresponde al líder del PSOE, no parecerse a quien quiere su puesto", le espetó la número dos del Ejecutivo. 

Horas después, cuando se supo que la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba el procesamiento del PP, su tesorera y varios asesores por destruir ordenadores y ocultar pruebas, la portavoz socialista en la Cámara Baja, Margarita Robles, cargó contra los populares por no tener voluntad de combatir la corrupción. La dirigente calificó de "especialmente grave" que un tribunal proceso al partido que sostiene al Gobierno. La decisión de la Audiencia, dijo Robles, implica que existen indicios serios de "criminalidad" sobre el PP y algunos de sus miembros "por tratar de ocultar elementos de juicio".

En resumidas cuentas, que la resolución supone que la Justicia funciona y que "indiciariamente" el PP ha podido "obstaculizar" la acción de los tribunales. 

Es previsible que este jueves, de la ejecutiva federal del PSOE, que se reúna en Valladolid, salga un documento en el que el partido de Sánchez examine la gestión del Gobierno de Rajoy en este primer año de legislatura, e intente retomar así su línea dura de oposición. Fin a la tregua del 155. 

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