El PP pincha la burbuja de la reforma constitucional comprometida con Sánchez

El PP no tiene demasiada gana de abrir el melón de la reforma constitucional. O, al menos, eso es lo que dice ahora en público. Lo que decía este mismo miércoles, justo después de que se constituyera en el Congreso la comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico, que el PSOE siempre concibió como la antesala del debate sobre la modificación de la Carta Magna, a la que Mariano Rajoy se comprometió con Pedro Sánchez. Los populares quieren ir por pasos y de momento se van a centrar en los trabajos del órgano ya puesto en marcha, haciendo especial hincapié en la financiación autonómica. "No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución", proclamó el PP ante los medios de comunicación. Y esas declaraciones sorprendieron y dolieron a los socialistas.

Para el partido de Pedro Sánchez, este miércoles era uno de esos días largamente esperados. La Cámara Baja procedía a la puesta en pie de la comisión de estudio para la revisión del modelo territorial. Fue la propuesta que el secretario general impulsó antes del referéndum del 1-O, y que el PP se comprometió a apoyar. En efecto, la Junta de Portavoces aceptó la creación de ese nuevo órgano con la sola oposición de ERC y Ciudadanos, y a continuación la Mesa le dio luz verde. Pero desde finales de septiembre quedaba pendiente la constitución efectiva de la comisión, que la presidenta de la Cámara, la popular Ana Pastor, agendó para hoy.

El nuevo foro de diálogo ya nacía lastrado, pues solo se comprometieron a participar de él PP, PSOE, Ciudadanos —la formación de Albert Rivera, con total "escepticismo"— y parte del Grupo Mixto (Compromís, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Nueva Canarias). Unidos Podemos y las formaciones nacionalistas (PNV) e independentistas (PDeCAT, ERC, y Bildu) ni siquiera se sumaron al barco y no eligieron a sus representantes, en protesta por la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, avalado por las tres grandes formaciones constitucionalistas. Esa ausencia de parte del hemiciclo se hizo palpable en el arranque formal de la comisión de estudio, en su sesión constitutiva de este miércoles, en la que fue elegido el socialista José Enrique Serrano como su presidente con los únicos votos en blanco de los tres miembros de Ciudadanos. La única incorporación relevante —más allá de UPN, socio electoral de los populares— fue la del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que se descolgaba así de la estrategia de Pablo Iglesias.

"Muchos avances del modelo autonómico no conllevan en modo alguno la reforma de la Constitución", dice el popular Bermúdez de Castro

Al esperado descreimiento de Cs se sumó el impacto de las palabras del portavoz del PP en el órgano, José Antonio Bermúdez de Castro. "No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución, sino de modernizar el Estado autonómico", porque "muchas de las cuestiones" que son importantes y demanda la sociedad, alegó, no requieren de cambios en la Carta Magna. Cuestiones tales como la revisión de la financiación autonómica, las pensiones, las mejoras de los mecanismos de cohesión y cooperación territorial. "Escuchemos, evaluemos... pero muchos avances del modelo autonómico no conllevan en modo alguno la reforma de la Constitución", afirmó, recordando a la vez que el diálogo "nunca empieza por las conclusiones".

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"Que nadie espere de nosotros otra cosa"

Bermúdez de Castro, también secretario general del Grupo Popular en el Congreso, incluso llegó a pedir al PSOE que aclare cuál es su propuesta —"hemos escuchado que querían cambiar el modelo para reconocer la plurinacionalidad, han defendido España como nación de naciones...— porque el PP "a lo que viene a la comisión es a hablar de la modernización y evaluación del Estado autonómico". "Que nadie espere de nosotros otra cosa", sostuvo, ante el estupor de los medios.

Sánchez había anunciado que la comisión territorial trabajaría meses, y tras ellos se abriría el debate de la reforma constitucional. Rajoy no negó ese pacto

La sorpresa venía porque no era ese el plan de los socialistas. Ni con el que contaban. El pasado 11 de octubre, cuando el Gobierno decidió, en consenso con el PSOE, activar el mecanismo del 155, Pedro Sánchez adelantó el pacto que había alcanzado él mismo con Mariano Rajoy durante su entrevista previa en La Moncloa. "Les anuncio que el acuerdo al que he llegado con el presidente de Gobierno es que la comisión de evaluación de nuestro modelo autonómico dure seis meses, se ponga en marcha cuanto antes y en esos seis meses, una vez evaluada la situación política catalana dentro de nuestro ordenamiento territorial y constitucional, abramos el debate de la reforma constitucional en el Congreso de​ ​los​ ​Diputados", aseguró textualmente entonces.

En la tarde de ese 11 de octubre, el presidente, que comparecía en el pleno de la Cámara, sostuvo que él nunca se ha negado a hablar de eventuales cambios en la Ley Fundamental de 1978, pero aclaró a renglón seguido que a lo que no pueden renunciar ni él ni su partido es a defender lo que piensan y a dar su opinión sobre lo que quieren que sea España [ver aquí 'Diario de Sesiones', página 59]. Rajoy, por tanto, no desmintió ese acuerdo alcanzado con el líder socialista.

"Somos constitucionalistas"

Para el PSOE, de hecho, los planes siguen intactos, como aseguraba este miércoles la vicesecretaria general del partido y portavoz de la comisión territorial, la asturiana Adriana Lastra. El compromiso de su formación es meterse en faena "cuanto antes" —Serrano ya anunció que convocaba a la Mesa y a los portavoces del órgano el jueves de la próxima semana para aprobar el plan de trabajo— para "en seis meses empezar a preparar las conclusiones para poder después abrir la reforma de la Constitución que necesita España".

Adriana Lastra insiste en que en seis meses deben preprararse las conclusiones para poder abrir la reforma de la Constitución que necesita España"

Los populares, sin embargo, rebajaron el alcance de los debates muy notablemente. Bermúdez de Castro precisó que su partido acude a la comisión sin apriorismos, a hacer balance, ver las "disfunciones" del actual sistema, hablar de financiación autonómica y de coordinación entre administraciones y "pensando en el interés general, en 17 comunidades y no solo en una", Cataluña. Es más, para el PP en España no ha faltado autogobierno. Lo que sí ha faltado es "mucha sensatez y lealtad institucional" y ha sobraro "mucha irresponsabilidad y mucha ilegalidad" por parte de los dirigentes independentistas.

En ese sentido, el número dos del Grupo Popular recalcó que su formación no acude a la comisión con el propósito de "contentar" a una minoría. "Y de ninguna manera venimos a ceder o a premiar a quienes han realizado el mayor desafío a la democracia y al Estado de derecho en las últimas décadas". Así, el PP irá a los trabajos con "ánimo constructivo" para evaluar el modelo actual —que cree que es "de éxito y de consenso, ha dado resultados y debe de servir para todos"—, "y no a sustituirlo". "No somos federalistas [como el PSOE], no somos nacionalistas, no somos secesionistas, somos constitucionalistas y creemos en la España constitucional", así que el objetivo ha de ser, sentenció "fortalecer el Estado, no debilitarlo".

Los socialistas se muestran "sorprendidos" por las palabras del PP y las achacan a que ya está metido en campaña electoral en Cataluña

Se le preguntó entonces si el PP plantea la recentralización de competencias. Bermúdez de Castro respondió que la Carta Magna no prevé ninguna cláusula de reversibilidad, de modo que para que el Estado recuperase poderes habría de cambiar la misma Ley Fundamental. El dirigente tenía a su lado al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, quien enfatizó que el objetivo no puede ser "contentar a nadie", y menos con los que pretenden romper el país.

"Su derecho y su obligación"

Fuentes de la dirección del Grupo Socialista manifestaron a este periódico su pesar por las palabras del PP. En el PSOE se confiesan "sorprendidos" por las declaraciones de Bermúdez de Castro y las atribuyen a que los populares están hablando "para su parroquia" y "están en campaña electoral" en Cataluña, por lo que tienen que mostrar un perfil más duro. Pero a la vez insistían en que el paso más importante, el de la apertura del debate, ya estaba dado con la puesta en marcha de la comisión, cuya desembocadura natural, advertían, no puede ser otra que la reforma constitucional "porque nadie entendería otra cosa".

Cs acude con "muy bajas expectativas" a la comisión y advierte de que puede ser un "obstáculo" para la modificación de la Carta Magna

El PSOE, de hecho, resta importancia al hecho de que no se hayan embarcado aún las demás fuerzas, y confía en que ese movimiento se acabe dando. "Espero que los que no han estado se sumen cuanto antes, estoy convencida de que así va a ser, que no van a renunciar a su derecho y a su obligación, que es buscar respuestas dentro del marco de la Constitución a la situación hoy del país", decía Lastra, quien ponía el acento en que por el momento vayan a participar de los trabajos hasta siete fuerzas (PP, PSOE, Cs, Compromís, UPN, CC y NC). La "anomalía política", adujo, es que no haya habido un "espacio para el diálogo, para hablar".

Muchos "ojos y oídos"

Pero de todas esas formaciones, Ciudadanos es la que está con menor disposición y, de hecho, ya ha dicho en numerosas ocasiones que no espera nada de la comisión. La formación de Rivera siempre ha sostenido que hay que ir directamente a la modificación de la Carta Magna, sin pasar por este paso previo. "Nosotros queremos una reforma constitucional completa, no solo de aquello que interesa a los independentistas", y "nos parece que la comisión puede ser incluso un obstáculo para abordarla", aseguraba a los periodistas el portavoz naranja en el órgano, Nacho Prendes. Además, Cs advierte de que puede acabar convirtiéndose en una "pista de aterrizaje" para los "nacionalistas e independentistas que han dado un golpe a la democracia".

La comisión nace, dice Serrano, "sin peajes indebidos a nadie" y con la responsabilidad de decir a los catalanes que el texto de 1978 "acoge a todos"

Por tanto, los de Rivera acuden con "muy bajas expectativas" a la comisión, aunque participará de los debates y hará sus propuestas porque siente un "profundo respeto por las instituciones". Eso sí, en la sesión de este miércoles votó en blanco en la elección de los miembros de la Mesa —presidente, José Enrique Serrano (PSOE); vicepresidentas, Alicia Sánchez-Camacho y Susana López Ares (PP), y secretarios, Sofía Hernanz (PSOE) y Jaime de Olano (PP)—, por "coherencia" con la posición defendida por el partido hasta ahora, ya que Cs rechazó su puesta en marcha. Por su parte, Pablo Iglesias, en los pasillos de la Cámara, había desacreditado la comisión porque "no es el momento más adecuado" para ponerla en marcha cuando hay medio Govern depuesto de la Generalitat en la cárcel.

[Consulta aquí en PDF la intervención de José Enrique Serrano]

Serrano, jefe de Gabinete de los exjefes del Ejecutivo Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, dedicó unas palabras a los miembros del órgano una vez fue elegido presidente por 24 votos a favor y tres en blanco. Advirtió de que son "muchos los ojos y los oídos" que están pendientes de esta comisión y "muchas las aspiraciones" que esperan encontrar "atención y respuestas". Recordó que el primer encargo es evaluar la arquitectura actual, un modelo "de indudables éxitos" y que ha contribuido al "bienestar y el desarrollo institucional y político". Un análisis que dará pie, dijo Serrano, a la formulación de propuestas para mejorar el modelo autonómico, que van desde cambios legislativos hasta en la "propia Constitución".

"Serán, en todo caso, nuestras decisiones, las que libremente compartamos y acordemos, sin peajes indebidos a nadie. Tenemos, pues, una gran tarea y también una gran responsabilidad", la de alcanzar el resultado que contriubya a "proyectar hacia el futuro el éxito" que el texto de 1978 encarna como "instrumento de convivencia democrática, pacífica, ordenada y propulsora de los derechos y el bienestar creciente de los diputados". Y la responsabilidad, dijo también, de trasladar a todos los ciudadanos, "y especialmente a los de Cataluña", que la Constitución "acoge a todos".