Proveedores del PP accedieron a pliegos de varias consejerías antes de los concursos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja ya con indicios sólidos de que varias empresas proveedoras del PP de Madrid en la campaña electoral de 2011 tuvieron acceso a los pliegos de varios concursos licitados por consejerías de la Comunidad de Madrid antes de que se tramitaran las adjudicaciones. "En el desarrollo de la investigación, ya se ha puesto de manifiesto la obtención de elementos probatorios que acreditarían actos de favorecimiento en determinados procesos de adjudicación de contratos públicos a personas allegadas a la formación política investigada", señala el último informe de la UCO (fechado el 30 de octubre) incorporado al sumario del caso Púnica.

La UCO pide al juez que analice algunas de esas licitaciones y que investigue a tres nuevas empresas hasta ahora desconocidas en la causa, relacionadas con uno de los principales proveedores del PP, El Laboratorio de Almagro, cuyos propietarios están investigados por la Audiencia Nacional. Este nuevo informe salpica al que fuera consejero de Economía con Esperanza Aguirre Antonio Beteta (retirado ya de la política tras ser alto cargo con Mariano Rajoy) y a otros consejeros del entonces Ejecutivo de Aguirre aún por identificar.

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Como ya publicó El Confidencial, el PP de Madrid pagó en negro "y de manera encubierta" a algunos de los proveedores de los actos de la campaña electoral de 2011, como El Laboratorio de Almagro. La UCO cree que el partido entonces liderado por Aguirre tuvo una caja B que llegó a acumular, durante ese año, hasta 1,5 millones de euros, que acreditan el manejo de fondos de procedencia oculta para abonar facturas por los servicios prestados. Este nuevo informe de la Guardia Civil amplía el anterior que establecía los pagos en negro.

La UCO ha puesto ahora sus ojos en un contrato adjudicado en marzo de 2011 (antes de las elecciones autonómicas) por la Consejería de Economía y Hacienda, entonces dirigida por Antonio Beteta, para la producción de una campaña informativa con el objeto de informar a todos los madrileños de los beneficios y servicios que se obtenían en la región si se pagaban los impuestos. Fue adjudicado por 212.990 euros a la empresa Thinking Fordward Spain, que habría pagado a El Laboratorio de Almagro el 60% de los beneficios obtenidos por la ejecución de ese contrato.

Los agentes encontraron en los registros de las sedes de El Laboratorio de Almagro facturas relacionadas con la ejecución de este contrato, como los 122.787 euros que se pagaron para la realización de un 'spot' televisivo. "El Laboratorio de Almagro participó de manera encubierta en la licitación y ejecución del referido contrato público, llegó a percibir el 60% de los beneficios del mismo, y habría abonado una importante cantidad del dinero de los presupuestos del referido contrato a la misma empresa que en ese momento estaba realizando la campaña electoral para el PP de Madrid, Central de Producers".

En esta fase de la investigación ha aparecido una tercera empresa, La Joya Producciones, que también participó en la realización de los trabajos inherentes a ese contrato. Es decir, este fue adjudicado a Thinking Fordward Spain, aunque fue gestionado por El Laboratorio, que subcontrató los trabajos a Central de Producers y a La Joya Producciones. La UCO también se ha hecho con correos electrónicos comprometedores de una de los socios de El Laboratorio, María Luisa de Madariaga. En uno de ellos señala que tiene "amigos" en la Comunidad de Madrid cuando está relatando que han perdido la oportunidad de llevarse un contrato de Asuntos Sociales ya licitado. "No es que sea mucha pasta (120.000 euros), pero creo que tendríamos que coordinar bien estos temas para que haya siempre alguien pendiente de los concursos públicos, especialmente en la CAM, donde se supone que tenemos amigos. Te dejo los pliegos por si quieres echarle un vistazo". Ese año hubo dos consejeros en esa cartera: Engracia Hidalgo (hoy consejera de Economía con Cifuentes) y Salvador Victoria (imputado en Púnica).

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La UCO asegura que no puede obviarse que el referido contrato público (el de la Consejería de Economía) fue "finalmente ejecutado por empresas que estaban ocupadas en esas mismas fechas en realizar la campaña electoral del PP de Madrid, resaltando también los 'contactos' y los 'amigos' que dicen tener los responsables de El Laboratorio de Almagro en la Comunidad de Madrid en una directa alusión a los contratos públicos licitados por esa Administración".

Los agentes también quieren investigar si se pudieron amañar más contratos. En otro correo enviado por Madariaga en enero de 2011, referido a otra licitación todavía sin identificar por la Benemérita, señala. "Hemos recibido el 'briefing' de lo que quiere la consejera hace semanas, y habéis podido trabajar con esta información, incluso antes de la salida de los pliegos... somos nosotros los que os hemos llamado y seleccionado para hacer este trabajo porque creemos que los dos juntos lo podemos sacar adelante". La UCO pide al magistrado instructor que requiera a la Consejería de Economía todo el expediente sobre ese contrato e información tributaria sobre las tres nuevas empresas vinculadas: Central de Producers, Thinking Fordward Spain y La Joya Producciones.