por las consultas del 9-n y del 1-o

Semana clave para Mas, Junqueras y los 'exconsellers' presos: deben pagar 10 M

El 'expresident' Mas pide dinero al BBVA después de que CaixaBank y la Mutua rechazaran ayudarle; tiene hasta el jueves para abonar los 5,2 millones que le impuso el Tribunal de Cuentas

Foto: El expresidente de la Generalitat Artur Mas. (Reuters)
El expresidente de la Generalitat Artur Mas. (Reuters)

El expresidente de la Generalitat Artur Mas tiene hasta el próximo jueves para abonar lo que le falta de la fianza que le impuso el Tribunal de Cuentas, que investiga al exjefe del Ejecutivo catalán por su participación en la organización de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. El órgano fiscalizador impuso a Mas —así como a la exvicepresidenta Joana Ortega, a la 'exconsellera' Irene Rigau, al exportavoz Francesc Homs y a otros cinco altos cargos del Govern— 5,25 millones de euros de fianza el pasado 25 de septiembre en el marco de la mencionada causa, una cantidad que de no ser abonada por los implicados, conllevará la activación de los procesos de embargo con el fin de hacer frente a la mencionada cifra.

Mas depositó ya el pasado 16 de octubre 2,2 millones a modo de 'garantía', menos de la mitad de lo que reclama el Tribunal de Cuentas, al tiempo que reclamaba un aplazamiento del plazo inicialmente fijado para cubrir la fianza. La cantidad entregada coincidía con la que habían logrado recaudar asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) entre la ciudadanía. Por el momento, según explican fuentes del Tribunal de Cuentas, Mas no ha abonado ni un euro más además de ese montante y otros 200.000 euros que añadió con posterioridad.

Tras entregar los mencionados 2,4 millones, el 'expresident' pidió una ampliación del plazo para hacer efectivos los 5,2 millones totales (5,5 si sumamos los intereses). El Tribunal de Cuentas aceptó la solicitud de Mas y le concedió 15 días añadidos para entregar los más de tres millones restantes, que comenzaron a contar a partir de que recibió la comunicación del aplazamiento. A día de hoy, según explica el abogado de Mas, Rafael Entrena, no hay ninguna operación cerrada que haya permitido al exjefe del Ejecutivo catalán el dinero necesario. Sí existen "varias actuaciones" abiertas, pero ninguna de ellas se ha materializado, añade el letrado, que afirma que Mas seguirá trabajando en conseguir la fianza hasta el último momento.

El que fuera máximo dirigente de Convergència i Unió ya ha visto cómo las entidades financieras CaixaBank o Mutua Madrileña le han denegado cualquier tipo de apoyo monetario. Ambas organizaciones tienen suscrito un seguro de responsabilidad civil con la Generalitat para proteger a los funcionarios de posibles riesgos: Mas quiso hacer uso de esta garantía, pero las entidades rechazaron la reclamación.

Fuentes del sector aseguran que el 'expresident' ha recurrido también al BBVA para conseguir el dinero que le falta. En concreto, ha pedido el montante que le resta a Catalunya Caixa, entidad con la que habitualmente trabajaba y que fue adquirida por BBVA. Las mismas fuentes explican a El Confidencial que ven muy difícil la operación. El banco, por su parte, no aporta información de clientes concretos, por lo que ni confirma ni desmiente oficialmente la mencionada solicitud realizada por el expresidente autonómico.

En caso de que pase el próximo jueves —tiene todo el día para hacerlo, según explican desde el organismo fiscalizador— sin que el 'expresident' haya abonado la cantidad fijada, el Tribunal de Cuentas comunicará —probablemente el viernes a primera hora— su decisión de embargar bienes suficientes a Mas para hacer frente a la cantidad que en ese momento le reste por desembolsar.

Pero no es el exjefe del Ejecutivo catalán el único que se enfrenta a un embargo. También el 'exvicepresident' del Govern Oriol Junqueras y los 'exconsellers' encarcelados por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela pueden ser sometidos a una medida de este tipo si no hacen frente a la fianza impuesta por la misma magistrada que los metió entre rejas.

En estos días —la expiración del plazo no ha podido ser determinada con exactitud por las fuentes del alto tribunal consultadas— se cumplirá el tiempo dado por la instructora para que todos ellos abonen 6,2 millones, cantidad que la Fiscalía General del Estado ha considerado que se ajusta al presupuesto fijado por la Generalitat para poner en marcha procesos electorales como el que tuvo lugar fraudulentamente el pasado 1 de octubre, día en el que se celebró el referéndum ilegal convocado por el Gobierno de Carles Puigdemont, escondido hoy en Bélgica.

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