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PP y PSOE acuerdan acelerar la comisión de reforma constitucional en plena campaña
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el congreso impulsa su primer intento de cambio profundo de la carta magna

PP y PSOE acuerdan acelerar la comisión de reforma constitucional en plena campaña

El socialista José Enrique Serrano será el presidente y tres padres de la Constitución comparecerán en vísperas del 21-D, en el aniversario de su aprobación

Foto: Los portavoces parlamentarios, del PSOE, Margarita Robles (i), y del PP, Rafael Hernando. (EFE)
Los portavoces parlamentarios, del PSOE, Margarita Robles (i), y del PP, Rafael Hernando. (EFE)

PP y PSOE han acordado poner en marcha de forma inmediata la comisión que debe estudiar la futura reforma constitucional. La idea de ambos es intentar aislar su funcionamiento del contexto político por la crisis de Cataluña y, especialmente, por las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y la aplicación del artículo 155.

El plan consiste en constituir la comisión el 15 de noviembre con el socialista José Enrique Serrano como presidente y en los siguientes días aprobar un plan de trabajo inmediato con comparecencias. Los primeros en acudir en las siguientes semanas serán los tres padres de la Constitución vivos: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miquel Roca (Convergència).

Esas comparecencias coincidirán con la campaña electoral y con el 39 aniversario de la aprobación de la Constitución en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La idea, precisamente, es la de presentar la comisión en esas fechas como la salida al bloqueo institucional por el proceso independentista de Cataluña. De hecho, Mariano Rajoy hizo este miércoles en el pleno del Congreso una defensa de esta comisión, como lugar donde llevar a cabo la acción política.

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Esta comisión fue propuesta por Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. y aceptada finalmente por el presidente del Gobierno. Es el primer paso en 39 años para una reforma amplia de la Constitución que, necesariamente, acabará con un referéndum para validarla si es que llega a producirse.

En principio sólo participarán PP, PSOE y Ciudadanos, aunque los tres partidos creen que el resto terminará por sumarse cuando arranque. No obstante, ayer mismo, en el pleno, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, aseguró que la comisión está "más bien abocada al fracaso que al éxito". Esteban rechazó la petición del PSOE para presidir la comisión.

La Mesa del Congreso tendrá que habilitar el mes de enero para que pueda funcionar, puesto que en seis meses debe concluir sus trabajos, con un informe que irá al Pleno del Congreso y servirá de base para una futura ponencia de reforma constitucional.

Foto: Vista del exterior del edificio del Tribunal Constitucional.  (EFE)

Los dos grandes partidos han acordado que la comisión se ciña sólo a asuntos territoriales, con varios bloques concretos: el balance del funcionamiento del modelo autonómico desde 1978, la ordenación de las competencias en línea con lo que dictaminó el Consejo de Estado, fijar el nombre de las comunidades autónomas, el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, con posibilidad de recuperar asuntos que fueron anulados, la concreción para el futuro de la financiación autonómica y la autonomía local.

Socialistas y populares han cruzado ya propuestas de comparecencias sobre las que tendrán que recortar, porque se acercan al centenar. La mayoría son catedráticos y expertos constitucionalistas y tienen pendiente decidir si pedirán la comparecencia de presidentes autonómicos. La especial situación de Cataluña hace difícil esa comparecencia inmediata y, por eso, argumentan que sería preferible esperar a que se constituya el nuevo Govern en enero, tras las elecciones del 21 de diciembre.

Serrano, probable presidente de la comisión, fue jefe de Gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y ha estado detrás de muchos pactos de Estado, como el del terrorismo. Pedro Sánchez también le integró en el equipo que negoció en 2016 su investidura.

PP y PSOE han acordado poner en marcha de forma inmediata la comisión que debe estudiar la futura reforma constitucional. La idea de ambos es intentar aislar su funcionamiento del contexto político por la crisis de Cataluña y, especialmente, por las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y la aplicación del artículo 155.

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