La jueza levanta la imputación contra los investigadores del caso Nicolás

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, ha archivado la pieza separada del caso Nicolás que abrió la propia magistrada a finales del pasado septiembre para aclarar un episodio denunciado por la Dirección General de la Policía, que remitió un pendrive al juzgado con imágenes de los investigadores del procedimiento -comisionados por el anterior juez Arturo Zamarriego- mientras sacaban documentación en mochilas por la noche de las oficinas en las que trabajaban. Los vídeos, al parecer, habían sido grabados por las cámaras del propio inmueble.

Tras analizarlos y tomar declaración a los agentes, la magistrada ha archivado estas diligencias al entender que "no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito". Según la jueza, "los investigados dieron una versión coherente y razonable de lo ocurrido, sin contradicciones ni relevantes discordancias". Además, insiste la instructora, las imágenes -única prueba documental- no aportan "indicio alguno de comisión delictiva". La decisión de la titular del Juzgado número 2 de sobreseer esta pieza separada va acompañada del levantamiento del secreto de las actuaciones, que habían sido declaradas inicialmente reservadas.

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Aunque la magistrada no lo menciona en su auto, fuentes jurídicas explican que lo que finalmente tenían en las mochilas los funcionarios eran efectos personales propios de quien abandona el que ha sido su despacho tras varios años de trabajo, un inmueble discreto ubicado en pleno centro de Madrid. Los policías, de hecho, llevaban tres años utilizando esas oficinas hasta que la jueza ordenó la disolución de la comisión judicial el pasado julio y, por lo tanto, el final de la labor de estos funcionarios al frente de las diligencias. Las cámaras a través de las que se captaron las imágenes, añaden las mismas fuentes, fueron instaladas por los propios ocupantes de las dependencias con el fin precisamente de evitar robos.

La comisión judicial formada por el grupo de policías encabezado por el inspector Rubén López fue creada por Zamarriego para indagar el caso Nicolás. Todos ellos, inicialmente adscritos a Asuntos Internos, se dedicaron a partir de ese momento en exclusiva al procedimiento que llevaba el Juzgado número 2. La decisión de Zamarriego se produjo después de que el anterior director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, ordenara destituir al entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, con el fin de que éste dejara de rastrear al comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo, que dependía orgánicamente del número dos de la corporación y que ha sido recientemente detenido en el marco de la operación Tándem, en el marco del caso Nicolás.

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Martín Blas había acusado a Villarejo de estar detrás de la grabación de la conversación que mantuvo el propio jefe de Asuntos Internos con dos agentes de la misma unidad y dos funcionarios más del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 20 de octubre de 2014, una semana después de detener al joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias. La grabación fue reproducida por dos medios de comunicación, uno de ellos vinculado al entramado empresarial de Villarejo -hoy en prisión- que precisamente está investigando la Fiscalía Anticorrupción ahora en la citada operación Tándem.

La jueza ya archivó el pasado julio una parte de la pieza separada que investiga la filtración de la mencionada grabación. En concreto, una subpieza declarada secreta que indagaba la vinculación que tenían el inspector José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y dos periodistas con la grabación de la citada reunión entre Martín Blas y los funcionarios de la Policía y del CNI. Según la magistrada, no había pruebas para inculpar a ninguno de los tres. "No existe en el momento actual base real suficiente para estimar que Fuentes Gago, respecto al cual se ha dictado sobreseimiento provisional hace apenas cuatro meses, tuviera implicación en el delito investigado", subrayó la titular del Juzgado número 2, que añadió que tampoco existían pruebas contra los dos periodistas, dado "que de las diligencias practicadas no se ha extraído indicio razonable de criminalidad".