El Popular embarga 15 millones al empresario de la Gürtel que amañó la visita del Papa

El Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid ha dado su visto bueno a la reclamación de ejecución hipotecaria planteada por el Banco Popular sobre un inmueble de oficinas ubicado en la calle Serrano de la capital de España que tenía en propiedad la mercantil Inversiones del Noroeste, propiedad de la familia de José Luis Martínez Parra, constructor procesado en dos piezas del caso Gürtel, investigado en el marco de Púnica y condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal Supremo por un delito medioambiental.

La magistrada Míriam Iglesias García-Villar, titular del mencionado juzgado, ha rechazado la condición de arrendatarios de las 40 sociedades que operan en la instalación después de que ninguna de ellas se personara en la vista, a la que tan solo acudió la entidad financiera que reclama la deuda, que asciende a 15 millones de euros. De esta cantidad, la mitad se la debe Martínez Parra al Popular y el resto a Caja España. El propio empresario explica a El Confidencial que se trata de una ejecución de hipoteca "normal". "No puedo pagar la deuda y el banco lógicamente pide una ejecución hipotecaria", asegura Martínez Parra, quien detalla que la entidad financiera comenzó la reclamación en 2012.

TE PUEDE INTERESAR

El alegato final de la fiscal: la Gürtel atentó contra el Estado de Derecho

Beatriz Parera

Martínez Parra fue consejero delegado de Inversiones del Noroeste desde 2007 hasta 2011, el mismo periodo en el que su padre —José Martínez Núñez— ostentó la presidencia de la mercantil. En 2011, cuando la Audiencia Nacional se encontraba en plena instrucción del caso Gürtel, ambos abandonaron su vinculación con la sociedad, que pasó a manos de Isabel Martínez Parra, hermana de José Luis e hija de José Martínez Núñez, quien montó un entramado de sociedades ligadas al sector inmobiliario como Construcciones Martínez Núñez, Teconsa, Catisa y Hormigones La Estrella, entre otras.

El patrimonio de Martínez Parra, además, está siendo investigado por la Audiencia Nacional en el marco de la Gürtel después de que el empresario evitara hacer frente a los casi 20 millones de euros que le impuso el Juzgado Central de Instrucción número 5 en concepto de fianza, 5,1 millones por la implicación del constructor en la pieza que investiga las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y otros 14,8 millones por su vinculación con la parte que rastreaba la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. Martínez Parra está procesado en ambas causas por abonar comisiones.

En concreto, en la primera, por pagar a cambio de la adjudicación a su mercantil Teconsa de diferentes proyectos de viviendas, obras en la piscina municipal o en colegios públicos. En la segunda, por llevarse la contratación de la retransmisión audiovisual del paso del sumo pontífice de la Iglesia católica por la ciudad del Turia en 2006, también a través de Teconsa. En esta última pieza, además, también está procesada la hermana de José Luis, precisamente la misma que se encuentra actualmente como administradora única de Inversiones del Noroeste, que tiene su domicilio social en Serrano 41, donde también lo tenía Teconsa.

TE PUEDE INTERESAR

La UCO investiga en Púnica a empresarios procesados en Gürtel y a donantes del PP

David Fernández

Martínez Parra, por otro lado, también está siendo investigado en el marco del caso Caballo de Troya por los delitos de insolvencia punible, falsedad documental, delito fiscal y alzamiento de bienes junto a Ángel de Cabo, implicado en el saqueo de Marsans. Según estableció la Agencia Tributaria en el marco de estas diligencias, las empresas del constructor vendían a De Cabo sociedades quebradas o a punto de entrar en concurso —como Teconsa, que suspendió pagos en 2009— para que este las vaciara y guardara a buen recaudo el dinero de los dueños a cambio de cuantiosas comisiones.

Martínez Parra también está condenado en firme por un delito medioambiental. En concreto, el Tribunal Supremo le impuso cuatro años de prisión que aún no ha cumplido por "explotar ilegalmente durante una década una cantera de piedra caliza en Carucedo (León), provocando la alteración del paisaje del espacio natural de Las Médulas y realizando vertidos a un arroyo y un embalse". La ejecución de la sentencia emitida por un juzgado de León está actualmente suspendida a falta de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, ante el que ha recurrido el empresario.