Maza ordenó pedir fianzas si Junqueras y el resto acataban su cese y el 155

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó horas antes del inicio de las declaraciones este jueves del vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, y otros ocho 'exconsellers' en la Audiencia Nacional reducir la dureza de la petición de medidas y proponer fianzas para aquellos de los acusados por rebelión, sedición y malversación que reconocieran ante la jueza instructora de la causa, Carmen Lamela, que, tras el cese ordenado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy una vez lanzada la declaración unilateral de independencia (DUI), habían perdido su legitimidad para dirigir Cataluña.

La Fiscalía buscaba un gesto de arrepentimiento de los miembros de la Generalitat depuestos y señales evidentes de que acataban la aplicación del artículo 155 que provocó que quedaran fulminantemente apartados. También de sus intenciones de respetar la Constitución y no insistir en conductas delictivas. No obstante, las señales nunca llegaron, ya que los ocho acusados decidieron contestar únicamente las preguntas de sus defensas y no hubo ocasión de plantearles otras cuestiones. El Ministerio Público optó, por tanto, por lanzar su solicitud más rigurosa: prisión incondicional para todos salvo Santi Vila, el único que sí mostró que no compartía el criterio del resto, como evidenció con su dimisión horas antes del pleno en que se aprobó la secesión.

Los interrogatorios, que comenzaron poco antes de las 10 de la mañana, se desarrollaron con inusitada rapidez. En apenas media hora, Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Coll, Joaquim Forn, Meritxell Borrás y Carles Mundó desfilaron ante la magistrada y pusieron el acento en sus comparecencias en la ausencia de violencia de sus actos, el componente necesario para el delito de rebelión. La estrategia resultó ser fatal y estos argumentos no solo no fueron suficientes para el Ministerio Público sino tampoco para la instructora que, tras escucharlos, decretó su inmediato ingreso en prisión.

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La decisión del Ministerio Público sobre su petición de medidas cautelares no se cerró hasta poco antes del inicio de las declaraciones, en una reunión celebrada con representantes de las fiscalías de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En el encuentro se debatieron distintas posturas y se propuso, por ejemplo, lanzar una acusación en bloques separados por el grado de responsabilidad en el Govern cesado y dejar fuera de la solicitud de cárcel a los 'exconsellers' menos vinculados con la marcha del 'procés', como los que fueron responsables de carteras como Agricultura o Educación. Otros señalaban, sin embargo, la gravedad de los delitos con penas que sumadas alcanzan los 50 años de cárcel. El sector más riguroso acabó inclinando la balanza.

Al contrario que su colega del Tribunal Supremo, Lamela no atendió a las alegaciones de que las defensas no habían tenido tiempo suficiente para preparar las declaraciones, aunque ninguna, salvo la de Vila, reclamó la suspensión en su caso. Consideró que los acusados conocían las querellas desde este lunes y eran conscientes desde hace mucho más tiempo del sentido que tomaría el procedimiento en su contra. También ponderó que el departamento que dirige Maza le había solicitado expresamente urgencia en las citaciones. Tardó cinco horas en tomar su decisión final, que reflejó en dos autos separados.

El elemento fundamental sobre el que gira el fallo es el evidente riesgo de huida, incrementado —dice— por la actitud del 'expresident' Carles Puigdemont y otros cuatro 'exconsellers' imputados que ya se han desplazado a otros países "eludiendo las responsabilidades penales". La acción del Gobierno de Cataluña cesado el pasado 27 de octubre "fue meditada y perfectamente preparada y organizada" y, durante más de dos años, ha venido incumpliendo de forma sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional "en pro de la independencia".

El papel activo de Puigdemont

El plan incluyó que todos sus protagonistas desarrollaran "un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudiera desviarles de su finalidad". Y al frente de todos, el propio Puigdemont, que aparece citado en el auto de la magistrada a pesar de su ausencia. Lamela revela que presionó a los alcaldes catalanes para obligarles a ofrecer sus locales municipales para la celebración del referéndum.

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Explica que el 6 de septiembre el 'expresident' mandó una carta pidiendo una colaboración que suponía en realidad un frontal incumplimiento de la ley. Algunos de los ediles no atendieron su solicitud, por lo que alentó en un mitin al enfrentamiento con ellos: "Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas". En unas horas, la jueza decretará su busca y captura internacional.