la crisis política de cataluña se suaviza

Mossos, policías y guardias reconducen su relación tras el 155: "Hubo momentos tensos"

Los mandos de la policía autonómica se sienten traicionados por los políticos mientras los agentes de base mantienen su sintonía con sus compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil

Foto: Un guardia civil y un mosso se saludan en la entrada de un cuartel. (EFE)
Un guardia civil y un mosso se saludan en la entrada de un cuartel. (EFE)

Los mossos, los policías nacionales y los guardias civiles comienzan a recomponer sus relaciones personales y profesionales tras la crisis abierta por el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia protagonizada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, primero, y por el Parlamento regional, después. Los miembros de los tres cuerpos, aunque no han hecho por el momento ningún servicio conjunto desde el inicio de este conflicto político, sí vuelven a verse las caras en los patrullajes o en las gestiones policiales del día a día.

Las relaciones, según explican fuentes de la policía autonómica, siempre han sido buenas entre agentes de base de todas las corporaciones y continúan siéndolo ahora. "A menos que haya habido un enfrentamiento puntual concreto entre funcionarios a título personal, que también ha podido ocurrir, lo cierto es que la relación ha sido y sigue siendo buena entre ambas partes", explican las mismas fuentes.

Donde más fisuras se han abierto, continúan, ha sido entre los mandos de las distintas instituciones. La columna vertebral de altos cargos de los Mossos se ha posicionado claramente a favor del independentismo y esto podría pasarles factura ahora, añade uno de los mossos que se ha mantenido fiel a la legalidad desde que comenzó la crisis, que considera que hay policías autonómicos que se han mojado demasiado y no pueden disimularlo ahora.

Recuerdan que los tribunales tienen en su poder imágenes y vídeos muy comprometedores para estos mandos, algunos de los cuales han permitido lucir en dependencias policiales fotografías de dirigentes políticos o se han mostrado abiertamente a favor del independentismo. "Un subinspector de la comisaría de Amposta se manifestó públicamente a favor de la causa independentista e incluso estuvo preguntando al personal que de él dependía sobre su postura política", recuerda el mismo mosso constitucionalista.

Estos mandos que se han exteriorizado públicamente sus ideas, que han tenido gestos con los responsables de la Generalitat o que han podido incurrir en delitos de inactividad durante el 1 de octubre o de otra tipología se encuentran ahora expectantes ante lo que viene a continuación. Temen que ahora caiga sobre ellos el peso de la justicia o la represalia de la nueva dirección. "Tendrán que dar explicaciones ante los tribunales o ante los nuevos dirigentes", aseguran las primeras fuentes mencionadas.

"Seguimos sin fiarnos de ellos, como tampoco lo hacen los policías y guardias civiles", explica uno de los mossos que impulsó la reclamación ante el Ministerio del Interior de una pasarela que permita a los agentes autonómicos convertirse en policías nacionales, una iniciativa que el responsable de la cartera, Juan Ignacio Zoido, no ha descartado de momento. "Las relaciones entre ellos y el resto han pasado por momentos muy tensos durante los últimos días", justifica el mismo funcionario, que entiende que estas tiranteces deben ahora curarse poco a poco.

La aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de España provocó la sustitución del 'major' de los Mossos, Josep Lluis Trapero, por su número dos, Ferrán López. Se trataba de la primera medida que tomaba el ejecutivo de Mariano Rajoy apenas 20 minutos después de que entrara en vigor el mencionado artículo. Tras recibir la orden, Trapero pidió a los mossos que acataran la legalidad y fueran leales a sus nuevos mandos.

Además, la aplicación también desencadenó la huida a Bélgica del expresidente de la Generalitat y parte del Govern. Todos ellos y el resto del ejecutivo catalán tendrán que comparecer ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela hoy y mañana después de que la magistrada admitiera a trámite el pasado martes la querella que interpuso la Fiscalía contra ellos por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Los 14 miembros del Gobierno autonómico están citados en calidad de investigados y tienen que depositar una fianza de 6,2 millones de euros si no quieren que se les embarguen sus bienes.

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