El 155 entierra el frente judicial entre el Estado y la Generalitat por las 'embajadas'

Un efecto secundario de la aplicación del artículo 155 es que numerosos pleitos que la Generalitat y el Gobierno mantienen en los tribunales están condenados a morir lánguidamente. Para empezar, el Estado tenía puestos una decena de contenciosos contra la creación de embajadas catalanas y esos se encauzarán por "falta de objeto de la pretensión" a la vista de que con el citado artículo de la Constitución el Gobierno ha cerrado todas salvo la de Bruselas, según fuentes próximas a los procedimientos. El Estado puede pedir ahora costas a la Generalitat, y llegado el caso podría incluso intentar que el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, respondiese con su patrimonio por el gasto millonario.

Aunque el Govern no ha conseguido ningún apoyo internacional para la república catalana, Puigdemont lleva dos años trabajando una intensa agenda internacional. Creó un servicio exterior llamado Diplocat que dependía del ex eurodiputado Romeva, y que abandonó su militancia en el partido ecologista ICV al recibir la oferta de Junts pel Sí. El departamento de Exteriores que hasta el viernes dirigía abrió diez embajadas, aunque sus principales éxitos no fueron diplomáticos sino en las relaciones públicas y con la prensa.

En 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió al Constitucional la ley que creaba ese servicio exterior y, posteriormente, puso una decena de contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los desarrollos normativos para crear esas embajadas. Solo el coste de las delegaciones, en alquileres, gastos corrientes y personal, supera los 23 millones de euros al año. El presupuesto aprobado para acción exterior del Govern en 2017 fue de 39, 6 millones de euros (un 80% más que en 2015). El Ejecutivo de Puigdemont llegó a tener embajadas en Bruselas, París, Viena, Londres, Nueva York, Washington, Berlín, Roma, Lisboa y Copenhague, además de oficinas en otros territorios cercanos y que dependían de estas sedes matrices.

Los encargados de dirigirlas eran personas afines al independentismo y cobraban un sueldo de 84.920 euros, aunque algunos compatibilizaban el cargo con otros menesteres profesionales. El lunes, el antiguo delegado en Bruselas, Amadeu Altafaj, admitió su destitución —prevista por el Gobierno en virtud del artículo 155, pese a que la oficina en la capital de la UE es la única que permanecerá abierta, igual que el resto de delegaciones que allí tienen todas las comunidades autónomas—. Altafaj, funcionario de la Comisión Europea, fue anteriormente portavoz del excomisario de Economía Olli Rehn, firme defensor de los recortes en Grecia y en el sur de Europa. Era él quien, a menudo, apoyó los recortes en gasto público que después y durante años la Generalitat ha achacado al Gobierno de Rajoy. En Copenhague, por su parte, la delegada al frente de la embajada era Francesca Guardiola, hermana del que fuera entrenador del Barcelona.

Ahora esos contenciosos decaerán por "falta de objeto de la pretensión" al haberlas cerrado ya el Gobierno al amparo del 155. "Los recursos vigentes contra las embajadas creadas por la Generalitat se encauzarán a la vista de la nueva situación", explican fuentes jurídicas.

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Paloma Esteban

Lo previsible es que al encarrilar estos recursos, el Estado reclame en los tribunales que la Generalitat corra con las costas de los procedimientos. Además, existe la posibilidad de que posteriormente le reclamen a Romeva los gastos derivados, igual que Artur Mas afronta una fianza millonaria en el Tribunal de Cuentas por los gastos derivados del 9-N.

A excepción del caso belga, donde el resto de autonomías también cuentan con una oficina y que ha servido a Puigdemont para emprender un viaje secreto donde podría intentar una solicitud de asilo, el Gobierno considera que Cataluña estaba llevando a cabo una verdadera acción exterior. Prueba de ello son las diez embajadas que actualmente tenía, las tres que Romeva tenía pendientes de impulsar (Croacia, Marruecos y la Santa Sede) y, sobre todo, el anuncio epistolar de tener abiertas un total de cincuenta en los próximos años.

En estos momentos, el Ejecutivo de Rajoy está en funciones en Cataluña por lo que no hay actividad legislativa y solo puede despachar los asuntos ordinarios. Así que, aunque otros procedimientos seguirán su curso, es previsible que contenciosos por temas menores también decaigan, ya que el Ejecutivo y el Govern están, aunque sea por solo dos meses, en el mismo lado de la mesa. La suspensión del autogobierno que Puigdemont no quiso, no supo o pudo evitar convocando elecciones ha terminado por conllevar a esta situación.