Los motivos por los que Puigdemont tiene muy difícil conseguir asilo en Bélgica

El desplazamiento secreto que en la mañana de este lunes emprendió Carles Puigdemont junto a cinco de sus 'exconsellers' a Bruselas 48 horas después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara la aplicación del artículo 155, ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que el 'expresident' de la Generalitat tenga como objetivo tantear a las autoridades belgas para pedir asilo. El viaje estaría enfocado a encontrarse con dirigentes nacionalistas flamencos con los que el secesionismo catalán ya habría tenido contacto durante los últimos tiempos del procés. En todo caso, aunque el objetivo de Puigdemont en la capital de la UE se confirmara, parece improbable que puede tener un efecto formal.

Más allá de que una orden de detención por parte de un juez contra ellos obligaría a que fueran entregados inmediatamente a las autoridades judiciales españolas, fuentes de la Abogacía del Estado concretan otros escenarios que explican la inaplicabilidad de la figura del asilo, tanto diplomático como territorial, según el Tratado de Ámsterdam firmado por todos los integrantes de la UE y en el que se incluye la declaración relativa al protocolo sobre asilo a nacionales de los Estados miembros.

En primer lugar, esas fuentes señalan que la situación actual del 'expresident' no encajaría de ninguna manera en el supuesto de asilo diplomático puesto que en la legislación europea no rige dicha figura, ya que se comprende en el derecho regional latinoamericano y, para su solicitud, Puigdemont debería encontrarse dentro de los locales de una misión diplomática, que no es el caso. Tampoco podría darse asilo territorial, la otra figura recogida en el derecho internacional, por los siguientos motivos. Este tipo de asilo consiste en acoger a una persona nacional de un Estado distinto al que concede el asilo, que sufre en su país de origen persecución política o ideológica, y se encuentra fuera de él. Además, el asilo territorial supone que el solicitante tiene derecho a no ser expulsado a lo que se denomina en derecho internacional "un Estado no seguro". Es cierto que cada estado regula como estima oportuno el asilo, pero siempre debe respetar el mínimo exigido por la normativa intrnacional.

Entonces, Puigdemont debería encontrarse, para empezar, fuera del territorio español para solicitarlo. Pero además, el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 afirma que España es a todos los efectos un "Estado seguro", por lo que esa vía quedaría anulada. Y, en segundo lugar, hay que recordar que los hechos que Puigdemont habría cometido antes de la hipotética solicitud de asilo constituyen delitos graves comunes —sedición y rebelión, los mismos por los que la Fiscalía ha confirmado este lunes su querella— y, por tanto, ya quedarían fuera de la protección de Ginebra.

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Además, las mismas fuentes insisten en que en ningún caso el término de asilo territorial podría ser adecuado para el 'expresident', ya que además de España, el resto de socios de la Unión Europea son considerados igualmente Estados "seguros" a efectos internacionales, lo que quiere decir que tienen acreditados unos estándares de protección de derechos humanos, respeto del Estado de Derecho y cumplimiento de los principios y valores que inspiran la Unión. Y todo ello, unido al principio de confianza legítima entre los Estados miembros en que se funda el proceso de integración, hacen incompatible con la pertenencia a la UE la concesión de asilo a un nacional español por parte de otro Estado miembro. Esta última cuestión está dentro del que en Europa se conoce como 'Protocolo Aznar'.

El 'Protocolo Aznar' y las excepciones

El Tratado de Ámsterdam registró un anexo llamado Protocolo 24, también llamado 'Protocolo Aznar' por haber sido impulsado por el expresidente español, que restringe la posibilidad de que un Estado de la UE proporcione asilo político a un nacional de otro Estado miembro, como sería el caso de Puigdemont si finalmente pidiera protección en Bélgica.

Restringe la posibilidad, pero no la elimina. Sobre todo porque el texto finalmente recogió cuatro excepciones bajo las que sí se podrían dar trámite a esa hipotética solicitud, siempre que se informara antes al Consejo Europeo. En concreto, la cláusula cuarta establece que una petición de asilo de este tipo "sólo podrá tomarse en consideración o ser declarada admisible si un Estado miembro así lo decidiera unilateralmente respecto de la solicitud de un nacional de otro Estado miembro". En ese caso, explica, se informará inmediatamente al Consejo y esa solicitud se atenderá basándose "en la presunción de que es manifiestamente infundada sin que afecte de modo alguno a la facultad de toma de decisiones del Estado miembro".

Respecto a las otras excepciones recogidas en ese anexo, tendrían que ver con un cambio de condiciones en el país de origen. Por ejemplo por causas como la guerra u otro tipo de peligro público, que se hubiera suspendido en su territorio el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales o se hubiera iniciado un procedimiento contra ese Estado por la violación de los valores fundacionales de la UE, entre otros.

Por otro lado, cabe destacar que entre 2013 y 2014 Bélgica recibió 220 solicitudes de asilo de nacionales de la UE, especialmente de ciudadanos de Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria y Croacia, y finalmente aceptó diez peticiones en 2014.