El fiscal acusa a los Mossos de ser la fuerza armada contra la defensa de la Constitución

La querella de la Fiscalía contra Carles Puigdemont y su Govern asegura que los responsables de la Generalitat pretendían utilizar a los Mossos d' Esquadra como una fuerza armada contra aquellos que quisieran defender la Constitución. El escrito de más de 100 páginas reserva un apartado a la policía autonómica en el que indica de forma textual: "La declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d´Esquadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña".

La declaración de independencia impulsada por los querellados lleva anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, "con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan para quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña", agrega.

La denuncia firmada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, precisa que la función propia de la policía autonómica es mantener el orden público y su mando supremo corresponde al president. Mediante un decreto de 2013 se constituyó el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CANT), quien redactó el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña un año más tarde.

En el apartado 'Opciones y actuaciones en el ámbito de la seguridad interna', propone como actuación inmediata "reforzar la capacidad ya existente en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME) como unidad específica" mientras que en otros puntos señala como segundo problema a resolver a medio o largo plazo, el que "afecta a la forma de organizar los efectivos de defensa, o, por decirlo claramente, la opción por la creación o no de un ejército, y, en caso afirmativo, las opciones sobre los diversos modelos existentes para implementar la decisión".

Ante la disyuntiva de elegir entre dos grandes modelos, con o sin ejército, proponía que, en caso de prescindir del primero ejército a la manera convencional, generalizada en el mundo occidental, se presentaría como alternativa para organizar la política de defensa ampliar las funciones del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, para que asumiera funciones de seguridad externa y defensa, "lo cual implicaría una militarización parcial de algunas unidades y efectivos de los Mossos".

La Generalitat plasmaba así la necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo el proceso independentista, en particular por lo que se refiere a la policía autonómica. "Desde estos planteamientos, se evidencia que la estrategia de la Generalitat basada en la movilización de la sociedad parte de una actuación por parte de los Mossos comprometida con la línea de actuación diseñada desde el Govern", dice el escrito.

Pasividad en el referéndum

También ve la Fiscalía una actitud proactiva de la policía autonómica ante el referéndum del 1 de octubre, y se basa en distintos mensajes y declaraciones como uno del conseller de Interior días después de su celebración cuando, ante la pregunta sobre la pasividad de la actuación de los Mossos para impedirlo, calificó de "impecable" la actuación y confirmó que "cumplieron con las instrucciones recibidas". Todo se hizo con la máxima transparencia porque "dos o tres días antes del referéndum ya explicamos cómo actuaría la policía de Cataluña", aseguró.

El Ministerio Público valora que este intento de manejo de la policía autonómica encaja en un delito de conspiración para la rebelión que existiría "al menos respecto a las invitaciones que hayan podido realizarse a determinados mandos para facilitar la realización del referéndum", con independencia de que los mismos hayan o no aceptado la proposición, pues la propuesta es seria, consistente y generadora de un peligro manifiesto para quebrar las bases de España.