La Fiscalía pedirá al menos la detención de Puigdemont y Junqueras por rebelión

La Fiscalía pedirá la detención del ya expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de su vicepresidente Oriol Junqueras tras la declaración este viernes de la independencia unilateral. Acusará de rebelión al Govern en pleno y la Mesa del Parlament que ha faciltado este viernes la votación en la que la mayoría de Junts pel Si y la CUP han apoyado con 70 votos la ruptura definitiva y no descarta reclamar otros arrestos, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

La decisión del presidente del Gobierno de disolver la cámara autonómica y convocar elecciones ha cambiado el escenario. La querella que ultima el departamento dirigido por José Manuel Maza y que debía recaer en el Tribunal Supremo por la condición de aforados de todos los acusados puede acabar finalmente en manos de la Audiencia Nacional aunque el Ministerio Público aún alberga dudas que resolverá en una reunión prevista para este sábado.

Lo que sí tiene claro la Fiscalía es que, tras lo sucedido, cargará con todas las consecuencias penales contra todos los que participaron a lo largo de la jornada del viernes en favorecer la ruptura total con España. La querella que lleva días ultimándose y que se presentará el lunes ante el tribunal que arrastre la competencia incluye al resto de miembros del Govern y los miembros de la mesa que facilitaron la votación.

"Llegado el momento, las acciones se ejercerán contra todos quienes hayan participado en los hechos", aseguraba el departamento de forma oficial antes de la votación. Ahora comienza la ardua tarea de "concretar la imputación" que se asigna a cada uno de los protagonistas con un abanico de delitos que van de la ya mencionada rebelión a la sedición o la cooperación para ejercer ambas. También se incluyen en el catálogo de ilícitos penales la desobediencia, prevaricación y malversación, que ya investigaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los firmantes de la propuesta y los diputados del sí

En la causa, que ya tiene visos de convertirse en un macrosumario, se investigará también el proceder de los firmantes de la propuesta que dio pie a todo: Lluís Corominas y Marta Rovira, presidente y portavoz del grupo parlamentario de Junts pel Sí, y Mireia Boya y Anna Gabriel, por la CUP. Los diputados de las dos formaciones que votaron en secreto en la cámara tampoco quedarán eximidos de responsabilidad a pesar de la jugada para embarrar sus votos. Setenta de ellos se inclinaron por el sí y aparecieron en la urna dos misteriosas abstenciones que dificultan determinar el sentido de voto de cada uno de ellos. Será la investigación la que determine ahora si se trató de una estrategia más pactada para tratar de evitar acabar como imputados.

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El Ministerio Público ya ha despejado también las dudas sobre el requisito de "violencia" que recoge el delito. La rebelión, aplicada por ejemplo a los golpistas del 23-F, en el Código Penal, se reserva para quienes se levanten "violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

Interpreta que, aunque no se ha dado una violencia ejercida por las armas o con derramiento de sangre, sí ha habido evidentes acciones "coactivas" y "coercitivas" en aplicación de una estrategia cuidadosamente diseñada desde la cumbre del Govern. El primer resultado fueron los disturbios de los días 20 y 21 de septiembre a los que siguió la propia jornada del 1-O y la huelga general del día 2. Una vez la querella sea admitida, será en todo caso un juez quien decrete si procede el encarcelamiento de los acusados.