Interior asumirá el control de los Mossos y nombrará a un sustituto para Trapero

El futuro de José Luis Trapero está más que en el aire. Además del horizonte penal que se cierne sobre él por la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por sedición y que ya les ha costado la cárcel a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes de Òmnium y ANC, al jefe de los Mossos le puede durar el cargo lo que tarde en entrar en vigor el 155 si el Senado lo aprueba tal y como está redactado. La Consejería de Interior es la primera que está en el punto de mira del Gobierno.

En el documento con las medidas solicitadas al Senado, el Gobierno propone que, una vez acordado el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del consejero titular del departamento de Interior, Joaquim Form, también puede suceder lo mismo con el resto de "autoridades dependientes", lo que vistos los antecedentes supondrá el cese, al menos, del director general de los Mossos, el polémico Pere Soler, y de su brazo ejecutor, el 'major' Trapero.

A Soler se le intervinieron judicialmente conversasiones con el responsable de la logística de las papeletas del referéndum y en un informe elaborado por la Guardia Civil y enviado a la jueza Lamela de la Audiencia Nacional se transcribían sus órdenes para aumentar la "protección y contravigilancia" de las principales personas encargadas del 1-O. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que pretende extender las denuncias contra Trapero a los hechos acontecidos en el referéndum: la juez le dejó libre porque no estaba juzgando esos incidentes, sino los del día 20 de sepetiembre en la Consejería de Hacienda, y, si se amplía a la jornada del 1-O, todas las fuentes consultadas coinciden en asegurar que el horizonte penal de Trapero es bastante complicado.

El texto difundido esta mañana y que ya ha sido tramitado por la mesa del Senado prevé que las funciones que hasta el momento desarrollaban Form, Soler o Trapero pasarán a ser desempeñadas por "los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación, que podrán dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat de Cataluña-Mossos d'Esquadra". El nombre de esas nuevas autoridades y el esquema de la aplicación de esta norma dependerá luego de cada Ministerio, en este caso, de lo que decida el equipo de Juan Ignacio Zoido.

Pero el propio texto ya anticipa que en el caso de que sea necesario, las autoridades temporales que se designen desde Madrid podrán "acordar el despliegue de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña, coordinando la actuación" de los Mossos. E igualmente, "en el caso de que sea necesario" y a medida que se vaya viendo el grado de colaboración de los distintos funcionarios, la Policía y la Guardia Civil puede ir sustituyendo a los mossos que no acaten las órdenes de las nuevas autoridades designadas.

Castigo a los que no cumplan las órdenes

Además, el último párrafo dedicado a la Consejería de Interior está destinado a explicar que todos aquellos mossos –ya sean agentes u oficiales– que incumplan las "instrucciones, órdenes, resoluciones o actos" dictados por las nuevas autoridades, deberán afrontar las sanciones que resulten "de la aplicación de la normativa disciplinaria estatal o autonómica" además de tener que hacer frente a las "responsabilidades patromoniales, penales, contables o de otro orden" a que pudieran dar lugar sus actuaciones de rebeldía, algo que entre otras cosas supone quedarse sin sueldo.

En definitiva, una vez se autorice por el Senado el viernes la entrada en vigor del 155 en los términos que hoy ha reclamado Mariano Rajoy, los Mossos serán los primeros en ser intervenidos con la destitución de su consejero, a la que seguirá la del director general del Cuerpo, de probado talante independentista, y la de Trapero, que ya engañó una vez al equipo de Zoido unos días antes del 1-O cuando le garantizó que impediría el referéndum haciendo cumplir las órdenes judiciales.