Los juristas avalan el 155: duro, pero ajustado al desafío

El 155 ya ha desvelado sus misterios. El acuerdo que el Gobierno de Mariano Rajoy presentará al Senado para su aprobación contempla el cese de todo el Govern y establece un férreo control del Parlament y la administración catalana en pleno durante un plazo máximo de seis meses. Desde la cámara baja hasta las comunicaciones, los principales cabos del autogobierno quedan sometidos a una intervención nunca vivida hasta el momento en democracia. Los juristas consultados por El Confidencial reconocen la dureza de los términos del plan del Ejecutivo pero se muestran firmes en cuanto a su proporcionalidad: "Su dureza ha venido dada en función de la gravedad de la infracción, nada menos que la destrucción de la Constitución ", dice uno de los expertos consultados.

El catedrático de la Universidad Complutense Germán Gómez Orfanel lo describe de forma muy clara. "Es un 155 duro pero el reto es nada menos que una declaración de independencia y de separación del Estado Español", explica. En la misma línea se expresa Yolanda Gómez, de la UNED, a la que ha sorprendido el calado de las medidas planteadas pero que considera que la escalada de los últimos días, marcada por la segunda respuesta del Govern ante el requerimiento del Ejecutivo Central, no dejaba espacio a más opciones.

"Fue excepcionalmente grave la última misiva de Puigdemont; daba por válidos los resultados del 1 de octubre cuando 48 horas antes el Tribunal Constitucional había declarado la inconstitucionalidad integral de la Ley de Referéndum, algo muy poco frecuente", dice la catedrática.

Por su parte, Enrique Arnaldo se muestra también muy firme. El letrado de las Cortes Generales y exvocal del Consejo General del Poder Judicial precisa que son medidas graves como consecuencia de la extraordinaria gravedad de incumplimiento y agrega que no se ha tratado solo de una dejación de obligaciones sino de "la desobediencia mantenida sin visos de remisión".

Los tres advierten que esta apariencia de rigor extremo queda suavizada por el límite temporal que marca el Ejecutivo. Recuerdan que la aplicación solo rige hasta la toma de posesión de un nuevo 'president' tras la convocatoria de elecciones, lo que acota, en perfecta consonancia con el espíritu del 155, el lapso temporal de la intervención extraordinaria.

Han adoptado las medidas con apoyo a un criterio político: la interpretación del Gobierno central sobre cuál es ese interés para todos los españoles

El tan traído y llevado artículo de la Constitución ya lo avisaba, el Ejecutivo "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Y las medidas han sido todas, con apoyo en un criterio que no es jurídico sino político: la interpretación del Gobierno central sobre cuál es ese interés para todos los españoles. Ese punto, quizá el único eslabón débil en el texto, avisan los juristas, se combina con otro peligro. La barrera que marca el límite de seis meses, la anunciada convocatoria de elecciones, es otra de las inconsistencias, ya que puede convertirse en un arma de doble filo, con la indeterminación más absoluta en cuanto al resultado de los comicios.

Un "espléndido trabajo" que no deja ni un hueco

Los juristas consultados se muestran además de acuerdo en la excelente motivación en la que se sustenta el espíritu de la hoja de ruta de este 155 "de máximos". La redacción de la parte que afecta a la intervención en la administración pública no deja huecos ni cabos sueltos y da poco pie a interpretaciones. Gómez destaca la importancia de la exoneración de los funcionarios que cumplan la Constitución, a los que se protege de represalias, mientras que Gómez pone el acento en la forma de control del Parlamento catalán contra el que podría haberse actuado de forma más contundente. "Aunque solo queda una apariencia de Parlamento, una cámara que ha contribuido en su mayoría a la promoción de la leyes para la independencia podría haberse disuelto", destaca.

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El control de la Administración regional se apoyará en tres áreas clave: la seguridad y orden públicos, la gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria y los medios de comunicación y telecomunicaciones. El Gobierno central podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los Mossos o sustituirles por efectivos de Guardia Civil o Policía. Ejercerá las competencias necesarias de las cuentas para garantizar la prestación de los servicios públicos, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y asumirá la supervisión de TV3 y Catalunya Ràdio para garantizar que sean "respetuosos con el pluralismo político, social y cultural y también con el equilibrio territorial; así como el respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatuto".

El Senado, como protagonista absoluto, puede además habilitar un órgano de control sobre la cámara. Tendrá en su manos no solo la ratificación del acuerdo, sino también su desarrollo con la capacidad de imprimir más o menos dureza en respuesta a la reacción del Gobierno catalán y del paulatino regreso a la legalidad rota en las últimas semanas. La activación definitiva, el próximo viernes.