La jueza imputa a todos los policías del caso del pequeño Nicolás por retrasar la causa

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, ha imputado a los investigadores del caso Nicolás —los siete funcionarios que conformaban el equipo policial responsable de las pesquisas—, por entender que estos han podido dilatar de forma voluntaria el procedimiento al tardar en entregar el último informe que vendría a dar por concluida la causa, una suerte de índice que debía contener la relación de todos los documentos que componen el sumario y que había sido reclamado por la jueza. En concreto, la instructora considera que los policías que constituyen la denominada comisión judicial —creada por el anterior titular del juzgado, Arturo Zamarriego— han podido incurrir en un delito de retardo en la administración de justicia.

La magistrada ordenó el pasado 28 de septiembre a la Unidad Adscrita a los juzgados de la Policía Nacional "requerir con carácter inmediato" a sus compañeros responsables de las diligencias, encabezados por el inspector jefe Rubén López Martínez, "los documentos obtenidos como consecuencia de la investigación" y ponerlos "a disposición judicial", así como registrar las dependencias con objeto de recabar toda la documentación posible relativa al procedimiento. Los agentes de la Unidad Adscrita, de hecho, se personaron en las dependencias donde trabajaban los policías para incautarse del material.

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La jueza dio esta orden un día después de recibir un oficio de uno de los miembros de la comisión judicial que aseguraba que los componentes del grupo policial habían sido reincorporados a sus anteriores puestos —tras la orden de disolver el equipo impartida por la propia magistrada— y que "toda la documentación" que aún se encontraba en las instalaciones podría quedarse "sin custodia, con el consiguiente riesgo de desaparición o destrucción de evidencias de la investigación". El policía añadió en su escrito que "ningún miembro" de la comisión se hacía responsable en el caso de que esto último ocurriera, y que el jefe del equipo se encontraba de vacaciones hasta el 3 de octubre.

Tras leer este oficio, la magistrada envió a los agentes de la Unidad Adscrita, que intervinieron ordenadores y documentación de todo tipo. La mayoría de los papeles que se llevaron ya se encontraban en la causa, como pudo confirmar la instructora cuando recibió los papeles de manos de los policías de la Unidad Adscrita, que únicamente se incautaron de un documento que no obraba en el procedimiento y que podría corresponderse con el mencionado índice. Según fuentes jurídicas, el inspector jefe López Martínez, el que se encontraba de vacaciones, tenía previsto hacer entrega del mencionado índice justo a su regreso. Los ahora imputados no entienden las prisas de la instructora ni la reacción, dado que aún quedan pendientes diligencias que debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid.

En concreto, el alto tribunal debe pronunciarse precisamente sobre la orden de disolver la comisión judicial que dio la instructora a mediados de julio. Martínez Gamo deshizo el grupo policial el pasado 14 de julio, su decisión fue recurrida y está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial.

El mismo 14 de julio, además de apartar a los policías de la comisión judicial, la magistrada rechazó la petición del comisario Marcelino Martín Blas —jefe de la comisión judicial hasta su jubilación en abril— de personarse en la causa y se negó a seguir avanzando por otra línea de investigación planteado por los que hasta ese día eran responsables de las pesquisas, la que apuntaba a un supuesto blanqueo en el que estaría involucrado el exbanquero Mario Conde y que no había sido rastreado en el marco del caso Banesto. La jueza optó por no solicitar información a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria, a Barclays, al Santander, a la Dirección General de la Policía, al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado o a Telefónica, como reclamaron los investigadores encabezados por el inspector jefe López Martínez y dar carpetazo a la mencionada vía, al meos en su juzgado.

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Martínez Gamo anunció que enviaría las diligencias a reparto para que otro juzgado se hiciera cargo si lo consideraba oportuno, dado que según su criterio la línea planteada no tiene nada que ver con el caso Nicolás. Sin embargo, parece que la magistrada prefiere esperar a que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre la decisión de disolver la comisión judicial, que recurrieron las partes personadas en la causa, antes de remitir la nueva línea sorbre Mario Conde a reparto. También se encuentra pendiente de ser remitido al alto tribunal el recurso de Martín Blas contra la decisión de la magistrada de rechazar su personación en el procedimiento.

Tan solo una semana antes de disolver la comisión, por otro lado, la instructora cerró una subpieza secreta en el marco de las diligencias que indagaban la grabación de la reunión que mantuvo Martín Blas con dos policías y dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —organismo que también tuvo un conflicto judicial con el principal acusado, Francisco Nicolás Gómez Iglesias— el 20 de octubre de 2014. La subpieza, en concreto, trataba de averiguar la implicación que tenían dos periodistas y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, asesor del ex número dos de la Policía Nacional, Eugenio Pino, en la difusión de la grabación. "No existe base real suficiente para estimar que Fuentes Gago tuviera implicación en el delito investigado", concluyó la jueza.

Custodia de calabozos

Tras ser destituidos como responsables del equipo policial que conformaba la comisión judicial, los siete funcionarios han sido recolocados en diferentes puestos —como le transmitió uno de sus miembros a la jueza—, la mayoría de menor categoría que los que ostentaban como investigadores del caso Nicolás. López Martínez, por ejemplo, ha sido trasladado a la custodia de calabozos en el centro de detenidos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, un cargo que le aleja de la primera línea de la Policía Judicial y del foco mediático en el que ha estado al encontrarse al frente, junto a Martín Blas, de las pesquisas del polémico procedimiento.

Con la imputación de los siete policías por el delito de retardo en la administración de justicia, el caso da un vuelco. La magistrada Martínez Gamo muestra expresamente así la poca sintonía que mantiene con los agentes y que contrasta llamativamente con la relación de clara confianza que había entre el anterior titular del Juzgado número 2 y los mismos policías. No en vano, Zamarriego llegó a mantener un enfrentamiento abierto con la Dirección General de la Policía a cuenta de estos investigadores, cuyo trabajo defendió el juez hasta el extremo.

El ex director adjunto operativo del cuerpo Eugenio Pino destituyó a Martín Blas como jefe de Asuntos Internos con el fin de apartarlo del caso, un movimiento que fue contestado por el magistrado Zamarriego con la creación de la comisión judicial, que obligaba al comisario y a sus siete funcionarios a seguir investigando el asunto y a reportar únicamente al instructor. A pesar de ponerle expresamente al frente de la investigación, Martín Blas se quejó ante el juez de que la cúpula policial estaba obstaculizando su trabajo, que también ha tenido en frente en ocasiones a la propia Fiscalía, que llegó a reclamar sin éxito a Zamarriego la sustitución de los funcionarios, una iniciativa que no respaldó la Audiencia Provincial.