El Gobierno planea recurrir a un antiguo jefe de los Mossos para sustituir a Trapero

En previsión de que Carles Puigdemont siga negándose a cumplir la ley, el Gobierno incluye entre sus medidas para aplicar el artículo 155 de la Constitución la posibilidad de poner a un alto mando de los Mossos, profesional y ajeno a la causa independentista, al frente de la policía autonómica catalana. Sobre ese cargo —y sobre la figura de un interventor general con plenos poderes enviado por el Ministerio de Hacienda al departamento regional correspondiente que ahora controla Oriol Junqueras— descansará el grueso del plan práctico de intervención de competencias que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy para responder al desafío del presidente de la Generalitat. Como supervisores más 'políticos' estarían los secretarios de Estado para las Administraciones Territoriales, de Seguridad y de Hacienda.

Todos los ministerios han aportado sus "planes de contingencia" a La Moncloa para que Soraya Sáenz de Santamaría coordine la réplica del Ejecutivo ante la eventualidad de que Puigdemont rechace la oportunidad de rectificar que le ofrece el requerimiento previo del artículo 155 de la Constitución. Interior y Hacienda son los dos departamentos con relaciones más fluidas y más experiencia de colaboración técnica con la Generalitat, en el nivel de altos cargos por debajo de los consejeros. El primero, por la coordinación obligada en materia de orden público y lucha contra el terrorismo, y el segundo, por la aplicación del sistema de financiación autonómica, la asignación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y, desde el mes pasado, por la intervención de la ejecución presupuestaria impuesta al Gobierno catalán por la vía de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria.

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En el caso de Interior, las relaciones entre ambas administraciones eran de plena confianza hasta la purga interna que Puigdemont hizo en su gabinete en julio pasado y en la que cayó Jordi Jané para ser sustituido por Joaquim Forn, incondicional de la causa secesionista. Josep Lluís Trapero ya era por entonces 'major' de los Mossos, pero hasta el mismo 1-O los responsables de Interior no creyeron que el jefe operativo de la policía autonómica se atrevería a saltarse las órdenes de los jueces contra el referéndum ilegal.

Fuentes gubernamentales apuntan ahora al nombramiento de un veterano alto cargo de los Mossos con experiencia en la etapa anterior a Forn para reemplazar a Trapero dentro de la intervención del departamento diseñada por Interior. El actual 'major' no ha dimitido, pese a estar acusado de sedición en la causa abierta en la Audiencia Nacional y pendiente de que la Fiscalía reúna las pruebas necesarias sobre su labor a favor del golpe del 1-O para mandarlo a prisión.

En Interior añoran a los antecesores de Trapero en el cargo, como Josep Milán, relevado por Artur Mas, o Joan Unió. Los dos eran policías profesionales formados antes de entrar en los Mossos y no "comisarios políticos", como es considerado el actual 'major', quien ha hecho toda su carrera en el cuerpo autonómico y es amigo de los principales jefes independentistas, como el propio Mas.

En el caso del Ministerio de Hacienda, el equipo de Cristóbal Montoro cuenta ya con interlocutores en el departamento de Junqueras: los altos cargos encargados de los Presupuestos y los interventores. La aplicación de la ley de estabilidad a la vigilancia de pagos de nóminas, gastos en general, subvenciones e inversiones ya ha permitido a Montoro detectar desvíos de fondos al referéndum ilegal, pero solo en materia de publicidad. Intervenidas todas las competencias del departamento, el Gobierno podrá auditar y detectar todas las partidas ya empleadas en los preparativos y movilizaciones de la consulta, además de "cortar el grifo" a ese tipo de financiación de los independentistas a partir de ahora.

El día a día de la supervisión política de la intervención de competencias de la Generalitat correrá principalmente a cargo del secretario de Estado de Administraciones Territoriales (dependiente de Soraya Sáenz de Santamaría), Roberto Bermúdez de Castro; el de Presupuestos, Alberto Nadal, y el de Seguridad, José Antonio Nieto.

El consejo extraordinario puede retrasarse

Mariano Rajoy se guarda el plan definitivo y detallado de medidas de aplicación del artículo 155 de la Constitución a la espera de que Puigdemont confirme su rechazo a cumplir la ley. El Gobierno informará y consultará esas medidas con Pedro Sánchez y Albert Rivera antes de aprobarlas en un Consejo de Ministros extraordinario que podría retrasarse al próximo sábado, dado que Mariano Rajoy viaja hoy a Bruselas para estar en el Consejo Europeo y no podrá estar presente en La Moncloa mañana viernes.