REGRESAN A LA AUDIENCIA NACIONAL PARA RESPONDER POR SEDICIÓN

Trapero, Sànchez y Cuixart, de nuevo ante la jueza en el momento clave del 'procés'

Tres testigos declaran desde las nueve y media de la mañana. El jefe de los Mossos y los dos líderes soberanistas esperan su turno

Foto: Josep Lluís Trapero abandona la Audiencia Nacional. (EFE)
Josep Lluís Trapero abandona la Audiencia Nacional. (EFE)

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, han regresado este lunes a la Audiencia Nacional para responder a la acusación por sedición que lanzó la Fiscalía. Su comportamiento durante la jornada del 1 de octubre y las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre provocadas por la operación Anubis les ha valido una imputación por un delito penado con hasta 15 años dea prisión. Los tres han llegado antes de las 10 de la mañana, hora en la que estaban citados.

Trapero, vestido con traje gris y corbata azul, ha dejado este lunes el uniforme que sí llevaba en su última comparecencia, el pasado día 6. Fuentes jurídicas confirman que ha elegido esta opción por expreso deseo de sus abogados. Le acompañaban dos de sus comisarios, también ataviados de civiles. Por su parte Sànchez y Cuixart se han presentado en la dependencias judiciales minutos antes de la hora fijada para su interrogatorio. Varias personas les han insultado en la calle Génova de Madrid con gritos de "A prisión" y "Golpistas".

Una comitiva de diputados y senadores de ERC y PdeCat, más escasa que en su primera cita judicial, ha acogido su llegada con aplausos. Han coreado en catalán "No estais solos" mientras mostraban, desde la valla habilitada para impedir su acceso a la puerta de la Audiencia Nacional, papeletas del referéndum.

El Ministerio Público volverá a interrogarles tras recibir nuevos datos proporcionados por la Guardia Civil que les sitúan en el centro de una estrategia para alcanzar la independencia dirigida por el Govern. Se plantea reclamar medidas cautelares severas por el elevado riesgo que supone que vuelvan a reiterar hechos similares, confirman a El Confidencial fuentes jurídicas.

Hace 10 días, su primera comparecencia ante la jueza encargada de la causa, Carmen Lamela, resultó de lo más accidentada. Tras ser citados y realizar el paseíllo en las dependencias judiciales, con enorme atención mediática, Trapero, Sánchez y Cuixart regresaron a Cataluña con un aplazamiento de la decisión definitiva sobrevolando sus cabezas. La Fiscalía, que había pedido sin éxito la suspensión de las declaraciones, contaba con otro informe que apuntala la acusación en su contra. Se reservó a analizar las conclusiones de los agentes del Instituto Armado.

El segundo asalto ha llegado y coincide con uno de los momentos más delicados desde el pasado 1-O. Se personarán ante Lamela el mismo día y a la misma hora en que expira el primer plazo concedido al Govern para que aclare en respuesta al requerimiento del Gobierno si hubo DUI, lo que puede servir para activar el 155.

Además, las pruebas en su contra han aumentado. El nuevo atestado no ha hecho más que reforzar los indicios sobre el papel esencial que Cuixart y Sánchez, pero también Trapero, jugaron el 1-O. Sitúa a los tres en el máximo organigrama del plan pautado para alcanzar la independencia y ofrece una batería de muestras de la actitud de los Mossos, bajo mando de su jefe, el día de la votación.

Trapero, Sànchez y Cuixart, de nuevo ante la jueza en el momento clave del 'procés'

Las conclusiones son claras: los dos jefes de las asociaciones agitaron a las masas y Trapero se encargó de "ejecutar" la estrategia, defiende la Guardia Civil. La policía autonómica no sólo no actuó sino que incluso contribuyó a que la consulta llegara a buen fin y protegió al Govern de investigaciones. También a algunos de los organizadores de la logística para el voto. Además de estos tres imputados, también circularán por la Audiencia Nacional otras cuatro personas. La primera de ellas, la intendente Teresa Laplana, quien desempeñó un rol principal en los acontecimientos del 20 de septiembre. La primera vez declaró por videoconferencia, ya que alegó que no podía desplazarse porque sufría ansiedad y vértigos.

Encargada de dirigir el operativo de la policía autonómica, los informes concluyen que no actuó con la debida celeridad ante situaciones de acoso a la comitiva judicial que debía encargarse de los registros en la Conselleria de Economía. La Guardia Civil destaca que reclamó apoyo especializado en media docena de ocasiones. Uno de los atestados indica expresamente que la intendente respondió en varias ocasiones con evasivas a las peticiones formuladas por el Instituto Armado.

Dos agentes de la Guardia Civil que sufrieron acoso en las manifestaciones comparecerán también en las dependencias judiciales

"No existía afectación para la seguridad ciudadana", dijo en uno de los casos, y se negó expresamente a alejar unos metros las concentraciones que acosaban a los agentes de la Guardia Civil e impedían el trabajo de la delegación judicial. "No puedo, mi intención es mantener la situación", respondió varias veces ante las llamadas de ayuda en las que incluso se le llegó a advertir de que en los coches policiales había "armas largas" que no estaban debidamente custodiadas. Como resultado, un sitio de 18 horas en un ambiente absolutamente hostil.

La magistrada ha citado, por último, para esta misma jornada a tres testigos. Dos agentes de la Guardia Civil que sufrieron acoso en las manifestaciones y la secretaria judicial del 13 de Barcelona comparecerán también en las dependencias judiciales.

Las pruebas contra Trapero y 'los Jordis'

El informe con que ahora cuentan el fiscal y la instructora se basa en un documento incautado en el domicilio del secretario general de Economía, Josep Maria Jové. Bajo el nombre de 'EnfoCATs. Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica', este plan de actuación sitúa "indudablemente" a Trapero en el comité ejecutivo, al mismo nivel que el 'president' Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras.

Así, el jefe de los Mossos habría ejecutado parte del plan dando a sus subordinados "instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando y que encontraría su último eslabón en el 'major", dice el atestado. Nada más lejos de conductas individuales de los agentes, añade, sino la activación de un plan premeditado para favorecer que pudiera votarse.

Del plan también formaban parte Sánchez y Cuixart. El informe concluye que emplearon sus asociaciones para movilizar a gran número de personas y organizarlas en los distintos colegios electorales. "Alentaban a las masas", dice. Les acusa de poner en peligro la integridad física de los ciudadanos que se desplazaron a los puntos habilitados para votar. "Tuvieron un papel decisivo en el mantenimiento de la resistencia por parte de los congregados", asegura y destaca que, aunque apelaban a mantener una actitud pacífica, lograron que se dificultara cuando no impidiera la actuación de los cuerpos policiales que seguían las órdenes de la jueza del TSJ de Cataluña.

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