lucha por el control del territorio

Policía y Guardia Civil, preparadas para tomar el control de Cataluña y de los Mossos

Las Fuerzas de Seguridad vaticinan una escalada de movilizaciones de los sectores más violentos del independentismo para imponer por la fuerza la ruptura con el resto de España

Foto: Agentes de la Policía Nacional forman un cordón policial en el exterior del IES Tarragona el pasado 1 de octubre en Barcelona. (EFE)
Agentes de la Policía Nacional forman un cordón policial en el exterior del IES Tarragona el pasado 1 de octubre en Barcelona. (EFE)

La crisis de Cataluña entra este lunes en una nueva fase. En una aún más cercana al abismo. Las Fuerzas de Seguridad del Estado están preparadas para tomar definitivamente el control de los Mossos d'Esquadra y hacer frente a las movilizaciones callejeras de los sectores más radicales del secesionismo. De momento, el nuevo plazo que tiene fijado Carles Puigdemont por parte del Gobierno para poder explicar si declaró la independencia o no caduca el próximo jueves a las 10:00 horas. Será entonces cuando se decida si los cuerpos de seguridad deben de intervenir en Cataluña.

Con la aplicación del 155, el choque institucional se convertirá definitivamente en una batalla por el control del territorio. Los servicios de información e inteligencia de Policía Nacional y Guardia Civil han redoblado en los últimos días su actividad para tratar de predecir la reacción del independentismo a la suspensión de las competencias autonómicas y al posible ingreso en prisión provisional de tres de sus principales líderes. Aun en el caso de que no se accionara el mecanismo del 155 o el Gobierno se decantara por una vía blanda, es difícil atisbar un horizonte en el que los sectores más extremos del secesionismo no intenten salir a la calle para imponer sus aspiraciones maximalistas.

Fuentes de Interior prevén una escalada de la tensión que se verá favorecida por los tiempos que requiere el 155. Aunque la principal incógnita podría haberse despejado este lunes, el intermcanio de cartas entre Cataluña y el Gobuerno ha provocado que Puigdemont tenga una segunda oportunidad para salvar el autogobierno antes del jueves. El requerimiento que le envió Moncloa le conmina a que, antes de las 10:00 de ese día, retire las normas tumbadas por el Tribunal Constitucional y vuelva al marco legal del Estatuto. Solo si también sortea ese segundo plazo comenzará la tramitación del 155 en el Senado. Y el reglamento exige que la mesa de la Cámara Alta, que debe calificar la solicitud del Ejecutivo, sea convocada con una antelación de al menos 24 horas.

Por lo pronto, la ANC ya ha pedido a sus socios que estén preparados porque, en su opinión, Mariano Rajoy va a intentar “dinamitar” todas las instituciones catalanas. Propone que la respuesta sean “paros masivos” que anunciará en sus canales de comunicación oficiales. El descontento de la CUP es aún mayor. Acusa a Puigdemont de haber traicionado a los catalanes con su DUI de ocho segundos. La coalición de extrema izquierda ha pedido a su militancia que salga a las calles a “defender la república de Cataluña”, como hicieron el 20 de septiembre y los días 1 y 3 de octubre. Su sección juvenil, Arran, y los comités de defensa del referéndum (CDR) abanderan la estrategia de tomar los espacios públicos para presionar a los ejecutivos catalán y central. Hasta ahora, esos grupos habían aceptado que sus opciones de pescar apoyos en la comunidad internacional pasaban por ofrecer una imagen edulcorada, pero las grietas han comenzado a aparecer en el casco del secesionismo y la amenaza del 155 va a poner a prueba su capacidad para contener las pulsiones más virulentas.

El grupo de policías y guardias civiles lo componen más de 6.000 agentes que comenzaron a llegar antes de la Diada del 11 de septiembre

Ante el panorama que se abre, Interior ha optado por mantener intacto el contingente de policías y guardias civiles que ha enviado a Cataluña desde todos los puntos de España. Lo componen más de 6.000 agentes que comenzaron a llegar antes de la Diada del 11 de septiembre. Para evitar un desgaste excesivo, los funcionarios que están solicitando regresar a sus casas por motivos psicológicos o personales están siendo sustituidos inmediatamente por otros agentes voluntarios. El ministerio ha empezado también a relevar a las unidades que llevan más tiempo, pero el número de policías y guardias civiles trasladados a Cataluña seguirá siendo idéntico.

No es casualidad que la mayoría de efectivos de la llamada operación Copérnico contra la escalada independentista pertenezca a las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, dos secciones especializadas en el mantenimiento del orden público. Excepto en el 1 de octubre, donde participaron en la retirada de material electoral, su labor se ha limitado hasta ahora a proteger infraestructuras críticas e instalaciones de la Administración central en Cataluña. Esas labores se han reforzado también en los últimos días, ante el riesgo de que grupos radicales opten por el método de la ocupación para chantajear al Gobierno del Partido Popular. Pero el verdadero motivo del traslado masivo de antidisturbios a suelo catalán es garantizar que, ante una situación de movilizaciones prolongadas en el tiempo como la que se avecina, el Estado sea capaz de impedir que la ofensiva de la Generalitat y sus entidades satélite afecte a la vida cotidiana de la sociedad catalana.

El martes por la noche, tras escuchar la confusa intervención de Puigdemont en el Parlament, la Dirección General de la Policía dio orden de iniciar el repliegue de los agentes de Información y Policía Judicial que ha enviado a Cataluña desde todos los puntos de España. Sin embargo, solo unos minutos después, tras comprobar que los diputados de Junts pel Sí y la CUP firmaban un documento para proclamar solemnemente la independencia sin ninguna reserva, la Dirección General dio marcha atrás y comunicó a los policías que seguirían en comisión de servicio por tiempo indeterminado.

Agentes de los Mossos, en las afueras del Parlament el pasado 10 de octubre. (Reuters)
Agentes de los Mossos, en las afueras del Parlament el pasado 10 de octubre. (Reuters)

Ante un brote de paros y movilizaciones, los Mossos d'Esquadra serían los encargados de mantener el orden público. Pero una de las primeras consecuencias que implicaría la suspensión del autogobierno sería la toma de control de la policía autonómica. Como adelantó este diario, en ese escenario, Interior contempla cesar a los mandos de ese cuerpo, poner en su lugar a efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil y apoyarse en los 8.000 'mossos' (47% del total) que se mantienen leales al ordenamiento constitucional. Gran parte de esos agentes ha pasado antes por las plantillas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

Tendrían como apoyo a los 6.000 efectivos desplazados por Interior desde otras regiones. Además, hay que contar con los 2.800 policías nacionales y los 1.900 guardias civiles que tienen destino permanente en la comunidad. En total, 18.700 efectivos contrarios a la independencia, por encima de los 17.000 que integran en la actualidad la plantilla de los Mossos.

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