suspendida tres años de su cargo

La crisis en el tribunal interno de Podemos se reaviva tras la purga a su presidenta

El entorno de la expresidenta de la comisión de garantías del partido ya tiene preparada una buena parte de la documentación que serviría para denunciar su suspensión en un tribunal civil

Foto: El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la portavoz adjunta Noelia Vera, durante una rueda de prensa en la sede del partido. (EFE)
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la portavoz adjunta Noelia Vera, durante una rueda de prensa en la sede del partido. (EFE)

"Esta es una decisión que pone seriamente en cuestión la futura imparcialidad de la Comisión de Garantías", concluía el sector Anticapitalista de Podemos tras darse a conocer la resolución en firme contra la presidenta del órgano, Olga Jiménez, por la que ha sido suspendida de su cargo durante tres años. La apertura del expediente ya fue criticada por once de las diecisiete comisiones de garantías autonómicas, así como por cientos de militantes de base que se adhirieron a un manifiesto en contra de los nuevos estatutos, que motivó este conflicto porque la presidenta ahora suspendida emitió un dictamen que los anulaba.

Uno de los tres motivos en los que se basa la sanción es el propio dictamen, "y la difusión de su contenido, falseando el hecho de su desaprobación y falta de legitimidad". El segundo, por la siguiente resolución, "al haber cesado sin opción de defensa a su propia secretaria" y, el último, "por presionar a órganos de Podemos para conocer datos personales de miembros de su comisión". Una sanción sobre la que cabe recurso, pero que desde el entorno de la expresidenta rechazan realizar en la propia comisión, pues entienden que no tiene legitimidad y que sería inútil. Un escenario ante el que barajan recurrir en un tribunal ordinario por la vía civil alegando vulneración de derechos.


El choque de legitimidades es evidente y la consumación de la sanción, en lugar de cerrar la crisis abierta el pasado mes de agosto, todavía la ha avivado más. Los críticos con la denominada "comisión Echenique", en referencia al nuevo tribunal interno surgido tras apartar a Jiménez, no reconocen sus competencias y estudian qué próximos pasos dar. Mientras tanto, se espera que sea admitida a trámite una demanda colectiva contra los nuevos estatutos presentado en el juzgado de primera instancia de Madrid por supuestas irregularidades que "infringen la propia Ley de Partidos y sus principios elementales".

El entorno de la expresidenta del tribunal de garantías ya tiene preparada una buena parte de la documentación que serviría para denunciar su suspensión, argumentando inculcación de derechos de participación política. Sin embargo, siguen reclamando que se establezca una mediación, opción que ya dan prácticamente por perdida, y valoran también el daño a la imagen del partido que podría ocasionar. Con todo, defienden que si no actúan el daño será a toda la militancia porque "ahora mismo no hay protección y eso significa que cualquier crítico es susceptible de ser purgado".

Olga Jiménez, presidenta de la comisión de garantías de Podemos electa en Vistalegre II. (Ernesto Torrico)
Olga Jiménez, presidenta de la comisión de garantías de Podemos electa en Vistalegre II. (Ernesto Torrico)

En un duro comunicado emitido tras la inhabilitación de la presidenta de la comisión de garantías, sus afines sostienen que "dicha resolución pone fin a un proceso inquisitorial de clara naturaleza política" y que su expulsión consuma "el golpe de estado dado contra los derechos y la voluntad de las personas inscritas en
Podemos que suponen los nuevos estatutos".

El escrito, que pone el foco en "las prácticas arbitrarias y antidemocráticas", lamenta también "el silencio cómplice de todos aquellos responsables políticos de Podemos que han tenido conocimiento de tales irregularidades, a quienes hemos dirigido diversas peticiones de mediación, y que sin embargo han preferido mirar a otro lado". "Nos sorprende y entristece", continúa el texto, que aquellos que demandan diálogo y mediación en el exterior, avalen con su indiferencia una resolución disciplinaria salvaje más propia de las dictaduras que de una organización que dice representar los anhelos de más democracia de cinco millones de personas".

Finalmente, el comunicado hace un llamamiento "a todas y todos los militantes de Podemos que defiendan los derechos que los nuevos estatutos les están arrebatando y eviten que nuestra organización continúe por este camino de involución democrática de graves consecuencias futuras".

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