Así es el requerimiento del Gobierno a Puigdemont: marcha atrás o intervención

El requerimiento del Gobierno a Carles Puigdemont para activar el artículo 155 de la Constitución (el previsto para intervenir una autonomía) no deja al presidente de la Generalitat ningún margen de ambigüedad en la respuesta. Además, la advertencia de medidas se amplía a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a la Mesa de la Cámara. De entrada, el jefe del Ejecutivo exige al presidente autonómico que confirme si "alguna autoridad de la Generalidad" ha declarado la independencia de Cataluña "y/o si en su declaración del 10 de octubre ante el pleno" implica tal declaración "al margen de que esta se encuentre o no en vigor". El escrito solo admite un sí o un no a ese primer punto. Cualquier contestación distinta (o "creativa") o el silencio se considerará como "una confirmación".

Puigdemont tiene de plazo para contestar a esa primera pregunta hasta el día 16 de octubre a las 10:00. Es justo la mañana en que el 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están citados a declarar ante la Audiencia Nacional acusados de sedición y, esta vez, con un atestado de la Guardia Civil que deja clara su implicación en la organización (los segundos) y la ejecución (el primero) en los planes del Govern para llevar a cabo el referéndum ilegal.

En el segundo punto del escrito, el Gobierno requiere ya a Puigdemont que revoque u ordene la anulación de la declaración de independencia "a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, "ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente". Rajoy le invita al cumplimiento íntegro de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, es decir, a que renuncie a todos sus proyectos puestos en marcha para la secesión de Cataluña.

En el mismo documento, el Ejecutivo exige a Puigdemont que comunique el requerimiento a Forcadell y a la Mesa del Parlamento autonómico para que procedan en los mismos términos para restaurar el orden constitucional. El plazo en este punto llega hasta las 10:00 del próximo 19 de octubre.

En fuentes gubernamentales insisten en que el presidente de la Generalitat no tendrá más remedio que aclarar durante la próxima semana en qué fase está de su desafío, al margen de la 'operación diálogo' lanzada para ganar tiempo y buscar apoyos internacionales, además de asegurarse el respaldo de Pablo Iglesias.

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El requerimiento termina por advertir a Puigdemont de que, en caso de no volver a la ley, el Gobierno propondrá al Senado las medidas necesarias para que la comunidad autónoma cumpla con sus obligaciones constitucionales y también con el fin de proteger el interés general de la nación. Y remacha que lo hará "al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución" para restaurar "el orden constitucional y estatutario vulnerado".

Mientras el Gobierno intenta acorralar al presidente de la Generalitat con su requerimiento, la jueza de la Audiencia Nacional encargada de investigar la sedición ha fijado para las 10 de la mañana del lunes, el mismo día y la misma hora en que expira el primer plazo concedido al Govern, los nuevos interrogatorios a Trapero, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los tres se juegan la cárcel en esa comparecencia.

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La Fiscalía se reservó sus cartas durante su primera citación como imputados, el pasado día 6, a la espera de revisar un nuevo informe de la Guardia Civil centrado en la actuación de los tres durante la jornada del 1 de octubre. No llegó a formular petición alguna de medidas cautelares, aunque fuentes consultadas por El Confidencial ya apuntaban por entonces a que el Ministerio Público baraja solicitar prisión incondicional.

El nuevo atestado no ha hecho más que apuntalar el papel esencial que Cuixart y Sànchez, pero también Trapero, jugaron el 1-O. Sitúa a los tres en el máximo organigrama del plan pautado para alcanzar la independencia y ofrece una batería de indicios sobre la dejación de los Mossos para evitar la votación. Los dos jefes de las asociaciones agitaron a las masas y Trapero se encargó de “ejecutar” la estrategia, defiende la Guardia Civil. La policía autonómica no solo no actuó sino que incluso contribuyó a que la consulta llegara a buen fin y protegió al Govern de investigaciones. También a algunos de los organizadores de la logística para el voto.