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Protección de Datos: la Generalitat ocultó el censo del 1-O usando el método Wikileaks
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Protección de Datos: la Generalitat ocultó el censo del 1-O usando el método Wikileaks

La Agencia de Protección de Datos solicita ayuda a Policía Nacional y Guardia Civil para detectar el origen de la información que usó el Govern y perseguir a los responsables de la infracción

Foto: Votación del 1-O en un colegio electoral de Barcelona. (EFE)
Votación del 1-O en un colegio electoral de Barcelona. (EFE)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado al Ministerio del Interior que ordene a las Fuerzas de Seguridad la práctica de nuevas diligencias para averiguar el origen del censo clandestino que manejó la Generalitat de Cataluña en el referéndum independentista del 1-O, y el nombre de los dirigentes políticos que cometieron esa presunta ilegalidad. Los altos cargos de la Administración catalana se enfrentan por esos hechos a sanciones de hasta 600.000 euros.

La agencia estatal cursó la solicitud a Interior el pasado 29 de septiembre, tras constatar las dificultades para bloquear las páginas web y los sistemas de cifrado utilizados por el Govern de Carles Puigdemont para que los votantes pudieran saber a qué mesa electoral tenían que dirigirse el día de la consulta. A juicio de los expertos del organismo de supervisión, la Generalitat habría utilizado “una tecnología similar a la usada por Wikileaks y otros portales de 'hacktivismo”.

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En concreto, el documento al que ha tenido acceso El Confidencial señala que los técnicos al servicio de la consulta ilegal habrían usado, para mantener operativo el sistema de consulta electoral, “múltiples copias del censo” que “no se encuentran íntegras en ningún país en concreto, (...) se emplea una tecnología llamada IPFS que permite que múltiples trozos de un fichero estén distribuidos y accesibles por distintos países”. El mismo método que usa la organización que dirige Julian Assange, convertido en las últimas semanas en uno de los más firmes defensores del proceso secesionista.

Según la AEPD, la Generalitat habría “cifrado” los datos del censo con un protocolo “conocido por ser invulnerable en la actualidad con la capacidad de cálculo existente”, el SHA256 v2. Ante esos problemas para identificar a los responsables de los servidores en los que se alojaban esos datos obtenidos de forma irregular, la agencia plantea a la Policía Nacional y la Guardia Civil dos estrategias para tratar de avanzar en las pesquisas, según consta en el documento.

Foto: Puigdemont en el Parlament. (EFE)

“Por una parte, rastreando hacia atrás la historia de algunas de las copias ubicadas en los servidores”. La agencia admite que esta primera posibilidad “entraña una dificultad inmensa al tratarse de un fichero pequeño, en un país extranjero y cuya transferencia no requiere apenas conocimientos técnicos o medios económicos. Cualquier persona con conocimientos básicos de informática, con la información disponible de internet, podría crear un clon del programa y ocultar todos sus pasos”.

La segunda estrategia para dar con la fuente de la que salió el censo, según sugiere la AEPD a Interior, “es buscar el origen del fichero o copia maestra a que se añadió la información de las mesas electorales, a partir de los datos del propio fichero. El Instituto Nacional de Estadística (INE) coloca determinadas marcas en sus versiones del censo antes de distribuirlas, para poder determinar el origen de una copia que apareciera de forma irregular”. “Con la colaboración del INE”, prosigue la agencia de control, “existiría alguna posibilidad de investigar de qué copia legal procede el fichero utilizado. A partir de ese punto, la investigación se centraría en el organismo u organismos a los que se facilitó esa copia”.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado al Ministerio del Interior que ordene a las Fuerzas de Seguridad la práctica de nuevas diligencias para averiguar el origen del censo clandestino que manejó la Generalitat de Cataluña en el referéndum independentista del 1-O, y el nombre de los dirigentes políticos que cometieron esa presunta ilegalidad. Los altos cargos de la Administración catalana se enfrentan por esos hechos a sanciones de hasta 600.000 euros.

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