respuesta del gobierno al desafío independentista

El PP se instala en el doble lenguaje para frenar el golpe: diálogo o Código Penal

Rajoy mantiene en vilo a su propio partido, como en el episodio del rescate en 2012, el rechazo a la investidura después de las elecciones de 2015 o las negociaciones de 2016

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)

Mariano Rajoy mantiene en vilo a su propio partido, como en el episodio del rescate en 2012, en el del rechazo a la investidura después de las elecciones de 2015, o en la guerra de nervios posterior a los comicios repetidos. Su conocida táctica de ir a la contra, dejar que los demás se retraten, aguantar hasta el límite para buscar el momento y la réplica más oportunos, es la de siempre. Lo nuevo es el doble mensaje después del golpe independentista en Cataluña: mientras el Gobierno habla de diálogo en caso de que Carles Puigdemont frene en la intentona, el PP confía, y anuncia, que el presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, Carme Forcadell y demás responsables del movimiento sedicioso responderán ante el juez.

Fruto del reparto de papeles, o del desconcierto en el PP después del fiasco de la apuesta gubernamental por parar en seco el 1-O, los principales dirigentes y portavoces del partido en el Gobierno empiezan a decir en público y en privado lo que La Moncloa calla. El coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, y el portavoz del partido, Pablo Casado, dan por sentado que los responsables del golpe, Puigdemont y Junqueras, no pueden ser interlocutores de nada y que la restitución del orden constitucional en Cataluña debe incluir los procesos judiciales para ambos.

En la dirección del PP predomina esa idea, expresada con mayor crudeza de puertas adentro, a la espera de los movimientos de Rajoy. En la sede de Génova consideran imprescindibles la inhabilitación y la cárcel para los promotores del golpe.

El pasado viernes, el ministro y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, hacía el enésimo llamamiento al diálogo dentro de la ley a los independentistas, mientras que por la tarde Pablo Casado pronosticaba al presidente de la Generalitat un severo horizonte penal.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. (EFE)
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. (EFE)

Mientras, el presidente del Gobierno se esfuerza desde el 1-O en evitar que Puigdemont proclame ya la república nacionalista catalana, este martes o “en diferido”. Pero lo hace por la vía de la presión, ahora con la empresarial, sin recurrir a la respuesta legal —el artículo 155 de la Constitución o la ley de seguridad nacional (o ambas)—, hasta que los secesionistas no den otro paso.

Rajoy también ha presionado al PSOE para procurar que Pedro Sánchez modere su pose de equidistancia en medio del golpe. Mientras, da largas a un Albert Rivera empeñado en intervenir las competencias de la Generalitat, pero solo para apropiarse de la facultad de convocar elecciones. Ante la inminencia del próximo pleno en el Parlamento catalán, sigue sin haber una respuesta conjunta del bloque constitucionalista al golpe.

El presidente del Gobierno se reserva y guarda en secreto el detalle de su réplica. Mientras, en el PP no creen que Sánchez pueda recular en caso de declaración unilateral de independencia y descartan que se vaya a aplicar la “ocurrencia” de Rivera. No lo descalifican en público, pero anotan las consecuencias de ‘solo’ intervenir la competencia de convocar elecciones que tiene Puigdemont y dejarle intactas unos cuantos meses más (54 días como mínimo hasta los comicios adelantados) el control de la policía autonómica, el aparato de propaganda con la TV3 al frente, más el de agitación con cargo a los Presupuestos.

Fuentes gubernamentales advierten de que en caso de aplicar el artículo 155, el apoyo del PSOE sería más importante a la hora de imponerlo de verdad en Cataluña que a la de votarlo en el Senado. De ahí las especulaciones sobre la posibilidad de que Rajoy vuelva a proponer a Pedro Sánchez un Gobierno de concentración o unidad nacional para gestionar la intervención de la Generalitat y sus consecuencias. Como lo previsible es que el secretario general socialista se niegue a colaborar porque su plan es ofrecerse él como solución a la crisis, medios del PP apuntan que en caso de llegar ese atasco institucional, Rajoy tendría que recurrir a las urnas para pedir una mayoría parlamentaria sólida en defensa de la unidad de España.

Disolver las Cortes una vez desactivado el golpe y convocar elecciones generales es la apuesta de algunos veteranos del partido

Desde la vieja guardia del PP propugnan ese guion de salida a la crisis propiciada por el separatismo en Cataluña si Sánchez se instala en la equidistancia y niega su apoyo a la aplicación práctica del 155 o insiste en negociar con los independentistas a costa de la soberanía nacional. Disolver las Cortes una vez desactivado el golpe y convocar elecciones generales para que los españoles decidan es la apuesta de algunos veteranos del partido, aunque también reconocen que es una salida con pocos partidarios en el gabinete de Rajoy.

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