Partes médicos, denuncias, guerra de datos... la disputa del 1-O se traslada a los tribunales

La disputa política que existe en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre pasa poco a poco a manos de los tribunales. Tanto la Audiencia Nacional como los juzgados de instrucción de más de una veintena de municipios catalanes han abierto diligencias por las diferentes infracciones penales que se cometieron presuntamente a lo largo del día de la consulta y durante las jornadas posteriores a la misma. Agresiones policiales a ciudadanos, pasividad por parte de los Mossos d'Esquadra ante la apertura de colegios electorales, revelación de datos personales por el Govern, lesiones entre particulares, ataques a guardias civiles, atentados, desobediencias y hasta el delito de sedición que investiga el Juzgado Central número 3.

La casuística penal desde el 1-O ha sido casi tan variada como el número de magistrados que se ha hecho cargo de las denuncias. En total, 24 juzgados de instrucción de Cataluña y Madrid han abierto diligencias de investigación por asuntos vinculados al referéndum, según contó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha venido explicando la Audiencia Nacional. El delito más común indagado ha sido el de las agresiones que tanto miembros de la Policía Nacional como de la Guardia Civil infligieron sobre los ciudadanos.

Un auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que está centralizando esta tipología delictiva por hechos relativos a la consulta ilegal, asegura que hasta el momento han llegado 99 partes de lesiones y denuncias de personas que se encontraban en la calle el pasado 1 de octubre y "dicen haber sido agredidas por los agentes de la autoridad" en el marco de la actuación policial. La mayoría de lesionados, asegura el juzgado, "presentan lesiones leves, básicamente hematomas y erosiones, si bien en al menos dos casos existen lesiones graves".

El Juzgado número 7 –que aún no considera definitivo el número de lesionados, dado que todavía "cabe esperar la llegada de más partes médicos"– destaca que también ha tenido conocimiento de la existencia de 20 agentes heridos, aunque critica que en ninguno de estos últimos casos los funcionarios han indicado "cuáles fueron esas lesiones ni el modo en que se produjeron".

TE PUEDE INTERESAR

23 juzgados abren 57 causas por agresiones policiales y desobediencia de los Mossos

Roberto R. Ballesteros

En el marco de esta guerra de datos que se ha trasladado desde el ámbito institucional al judicial, la Fiscalía ha tratado de evitar que el Juzgado 7 abra una causa general contra las fuerzas de seguridad y ha tachado de "espúrea" la denuncia de la Abogacía de la Generalitat que apuntaba en ese sentido cuando el mismo 1 de octubre este organismo presentó un escrito que acusaba a la Guardia Civil y a la Policía de "perturbar la paz pública" protagonizando "actuaciones violentas y desproporcionadas en toda Cataluña".

"Nada más lejos de la realidad", respondió el ministerio público a esta acusación. "Las medidas adoptadas por la Guardia Civil y la Policía en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana; afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsable habían sido convocadas por el Govern […], personas que de forma voluntaria, concertada y coordinada se agolparon en determinados lugares de Barcelona, congregándose en sus puertas para de forma tumultuosa impedir a los agentes policiales el cumplimiento de la resolución judicial referida", argumentó la Fiscalía, que considera que aquellos manifestantes "obstaculizaron la labor" de los funcionarios.

Según el ministerio público, la actuación de los cuerpos policiales estaría amparada por el cumplimiento de un deber y "en algunos casos por la legítima defensa frente a individuos no identificados por el momento que actuaron violentamente contra los agentes, cometiendo los presuntos delitos de atentado y resistencia". Para la Fiscalía no cabe imputar causa general contra toda la Policía y la Guardia Civil debido a que de los 2,3 millones de personas que acudieron a depositar su voto, apenas hubo 893 heridos leves, lo que "representa un 0,037%" del total. Además, añade, solo hubo "un único herido grave", lo que supone "el 0,000042% de los afectados por esa presunta violencia grave policial".

"Se quiere poner el foco en la presunta violencia de las actuaciones de los policías y guardias civiles para dejar en la penumbra el grave comportamiento de los querellados, que, irresponsablemente y conociendo la ilegalidad del acto, no dudaron en llamar a los ciudadanos a desobedecer y enfrentarse a las decisiones del Tribunal Constitucional, las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la actuación judicialmente ordenada a las Fuerzas de Seguridad", argumenta el ministerio público, cuyo razonamiento sin embargo no ha sido abrazado por el Juzgado número 7 de Barcelona, que considera que la investigación sí debe abordar la actuación policial general, pues debe "determinar con la claridad que sea posible cómo se desarrollaron los acontecimientos y cuál fue la concreta actuación de los agentes y de los ciudadanos".

El juzgado se posiciona en contra también de la afirmación de la Fiscalía de que el motivo de la reunión había sido declarado ilegal por el TC

"Si bien es cierto que los policías se encontraban en el desarrollo de sus funciones y cumpliendo un mandato judicial, no debe evitarse el análisis de lo ocurrido para comprobar o descartar la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de los mismos, ya que solo estará amparada su actuación en caso de que exista tal proporcionalidad", explica el Juzgado 7, que da por bueno el recurso a los porcentajes de la Fiscalía al indicar que "sirve para descartar el concepto violencia generalizada", aunque matiza, sin embargo, que "no puede ser utilizado para minimizar la gravedad de los hechos".

El juzgado se posiciona claramente en contra también de la afirmación de la Fiscalía de que el motivo de la reunión había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. "La discrepancia sobre este punto es total […]; lo que era ilegal y constitutivo de un presunto delito de desobediencia, del que no conoce este juzgado, era pues la convocatoria, organización y promoción del referéndum por parte de las autoridades y funcionarios públicos a los que expresamente el TC había requerido; lo que no es ilegal ni ilícito es que los ciudadanos, convocados por su Administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se indicaron en un establecimiento público abierto al efecto para reunirse o realizar cualquier actividad programada, incluida la de depositar un papel sin valor legal alguno en una urna".

Por el momento, el Juzgado número 7 ha contabilizado 130 heridos que han denunciado agresiones policiales durante la celebración de la consulta ilegal en 26 centros escolares en los que la Generalitat instaló urnas para votar. Su causa se une a las diligencias que constan abiertas por asuntos vinculados al 1-O en otros 22 juzgados diferentes, que tramitan 56 querellas presentadas por entidades y ciudadanos. En concreto, estos últimos juzgados investigan 17 casos en los que los Mossos habrían desobedecido las órdenes judiciales de evitar el referéndum, otros 25 por diferentes lesiones y cinco más por revelación de datos personales en la celebración de la consulta por parte de la Generalitat.

En paralelo a todas estas causas abiertas en tribunales de instrucción, la Audiencia Nacional dirime el asunto más político, la posible sedición en la que habrían incurrido el 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero; la responsable de la policía autonómica, Teresa Laplana; o los dirigenes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a los que la Fiscalía sitúa a la cabeza de los desórdenes que provocaron daños en vehículos de la Guardia Civil e impidieron el normal desarrollo de la comisión judicial que actuó el 1-O.