El Gobierno cuenta con 8.000 mossos leales si Puigdemont declara la independencia

El referéndum secesionista del 1-O fue la prueba de fuego para conocer con qué porcentaje de los Mossos d'Esquadra puede contar el Gobierno ante una suspensión de las competencias de la Generalitat de Cataluña, el escenario más factible si el Govern de Carles Puigdemont sigue adelante con su hoja de ruta y declara unilaterlamente la independencia (DUI). Tras la traición de los mandos de la policía autonómica en la consulta, el Ministerio del Interior ha concluido que, en el peor de los casos, tendría la adhesión de 8.000 de los 17.000 agentes que conforman ese cuerpo, un 47%. La previsión más optimista eleva a 10.000 el número de efectivos leales, un 58%.

El cálculo es clave para prever las consecuencias que tendría la desactivación de la Generalitat (artículo 155 de la Constitución) o la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio (artículo 116 y Ley Orgánica 4/1981). En cualquiera de esos supuestos, los Mossos serían los primeros en pasar a depender del Estado para garantizar el control del territorio. La solución más factible, según detallan fuentes de Interior, sería el cese de los actuales máximos responsables de la policía catalana, el nombramiento de mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional y, por último, el refuerzo de la plantilla autonómica con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esa estimación es la que ha guiado el despliegue planificado durante meses por la Secretaría de Estado de Seguridad con motivo de la escalada independentista.

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Más de 6.000 policías y guardias civiles han sido enviados a Cataluña desde todos los puntos de España para hacer frente a una desobediencia masiva de los Mossos como la que se produjo el 1-O. Antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil tuvieron que ejercer esa jornada las competencias de orden público que la normativa atribuye a la policía autonómica ante la negativa de los responsables de este cuerpo a acatar las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Ante el estallido de una crisis, esos mismos 6.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado enviados a Cataluña y que previsiblemente continuarán en la comunidad al menos hasta el 18 de octubre, serían los encargados de reforzar en un primer instante a los 8.000 'mossos' que, en la peor de las estimaciones, se mantendrían fieles al orden constitucional. La suma de unos y otros arroja 14.000 efectivos, una cifra cercana a los 17.000 que conforman la policía autonómica.

Unidades militares han sido entrenadas en los últimos años en el mantenimiento del orden público y disponen de material policial para salir a la calle

En esa tesitura, Interior también contaría con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Como adelantó este diario, el Ministerio de Defensa envió la madrugada del martes a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) dos convoyes de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 de Zaragoza del Ejército de Tierra para colaborar con el despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Asimismo, unidades militares han sido entrenadas en los últimos años en el mantenimiento del orden público y disponen de material policial para salir a la calle. Las formaciones se impartieron para que los militares pudieran emplear esa capacidad en sus misiones en el extranjero, pero las prioridades han cambiado.

La normalización de ese escenario implica más incertidumbre, aunque las fuentes consultadas recuerdan que un elevado porcentaje de los Mossos han sido antes policías nacionales, guardias civiles o militares. Una de las opciones que están sobre la mesa de Interior es facilitar que, ante una intervención de la Generalitat, los agentes catalanes contrarios a la independencia puedan emprender el camino de vuelta o incorporarse por primera vez a las Fuerzas de Seguridad del Estado. La medida podría desatar una fuga masiva de efectivos de la policía autonómica, similar a la que ha desencadenado el Ministerio de Economía con el decreto que simplifica la marcha de las empresas de Cataluña a otros puntos de España. Con una ventaja: que los policías autonómicos no tendrían que moverse de sus ciudades. Únicamente pasarían a trabajar para el Estado, realizando las mismas funciones que hasta ahora.

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La pasarela para los Mossos ya fue contemplada por la Dirección General de la Policía Nacional en la reforma de la Ley de Régimen de Personal del cuerpo, aprobada en 2015. Su disposición adicional cuarta abre expresamente la puerta a que agentes de las policías autonómicas se integren en la institución con una escala idéntica a la de partida. Aunque no se refiere expresamente a los agentes catalanes, el artículo fue incluido con la única intención de facilitar una salida a los 'mossos' leales a la Constitución ante una encrucijada como la que vive ahora esa plantilla. Con todo, la disposición está pendiente de desarrollo reglamentario para perfilar los requisitos y el proceso y, obligatoriamente, la pasarela debe contar con la aprobación de las principales organizaciones sindicales del cuerpo.

En el caso de la Guardia Civil, su Ley de Régimen del Personal de 2014 ni siquiera menciona esa opción. Borradores iniciales de la norma la barajaron pero, para que se produzca un trasvase de 'mossos' al Instituto Armado, tendría que modificarse esa ley orgánica. En ambos casos, se trata de trámites que requerirían tiempo. Y algunos 'mossos' están demandando soluciones urgentes. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en la institución, asegura que está recibiendo decenas de consultas de colegas de la policía autonómica interesándose por las opciones de incorporación. Lo mismo le ocurre al Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP). El Ministerio está dispuesto a iniciar ese desarrollo normativo, pero una entrada masiva de 8.000 agentes en las Fuerzas de Seguridad del Estado desencadenaría otras disfunciones y la posibilidad de que en esa enorme bolsa de funcionarios se colaran efectivos leales al Govern de la Generalitat.