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La Justicia tumba la bandera republicana: no se puede izar en las instituciones navarras
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La Justicia tumba la bandera republicana: no se puede izar en las instituciones navarras

Los tribunales ratifican que las instituciones de la Comunidad Foral no pueden hacer ondear la bandera 'tricolor': las sentencias podrían avanzar jurisprudencia de cara a la colocación de la ikurriña

Foto: La bandera republicana ondea en el Ayuntamiento de Pamplona para el rodaje de una película. (EFE)
La bandera republicana ondea en el Ayuntamiento de Pamplona para el rodaje de una película. (EFE)

Las instituciones navarras han recibido un nuevo revés judicial en la guerra de las banderas en que está sumida la Comunidad Foral después de que los tribunales hayan ratificado que no se puede izar la bandera republicana. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona ha anulado el acuerdo adoptado por el ayuntamiento de la capital navarra para hacer ondear la ‘tricolor’ en la fachada de la Casa Consistorial, al estimar el recurso presentado por la Abogacía del Estado.

El Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona no pudieron izar la bandera republicana el pasado 14 de abril a instancias de la Justicia, después de que dos tribunales emitieran sendas sentencias que anulaban los acuerdos adoptados en ambas instituciones con similares argumentos. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona concluían que la enseña republicana “no es una bandera constitucional” para tumbar las pretensiones de estas administraciones. Sin negar el derecho de todo partido “al uso de la bandera que estime conveniente” en sus sedes o dependencias, dejaban claro que en un edificio público no se puede hacer ondear “otra bandera que no sea la oficial”, ya sea en “el balcón principal, cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública”.

Foto: El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, durante el chupinazo. (EFE)
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El Estado, según corrobora ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona, que condena al ayuntamiento al pago de las costas, tiene “interés legítimo” de que las instituciones navarras respeten la legalidad vigente en materia de banderas y los símbolos constitucionales del Estado. Según remarca, la Delegación del Gobierno en Navarra "está legitimada para actuar en este asunto, en el que se pretende que por la Administración recurrida se respete el régimen legal en materia de banderas". En su fallo, este tribunal apela a la numerosa jurisprudencia existente, que alude también a la no legalidad de hacer ondear la ikurriña por parte de ayuntamientos, para recordar que el régimen de exhibición de enseñas recogido en la Ley de Banderas es “un régimen taxativo: permitido hacer lo expresamente ordenado, está prohibido hacer cosa distinta de ello”.

La sentencia, que puede ser recurrida, incide en la argumentación de que la Ley de Banderas establece de forma clara las banderas que pueden acompañar a la enseña española, impidiendo la colocación de banderas no oficiales.

El Gobierno de Barkos derogó la Ley de Símbolos para oficializar la ikurriña, si bien el Consejo alertó de que esta medida no avala la bandera vasca

El Gobierno de Uxue Barkos derogó el pasado mes de marzo la Ley de Símbolos que prohibía la colocación de la ikurriña para, en esencia, oficializar la bandera vasca en la Comunidad Foral sin que las instituciones navarras estén expuestas a sanciones. Así, unos días después de la revocación de esta normativa, el Ayuntamiento de Pamplona y el Parlamento de Navarra aprobaban sendos acuerdos, amparados en la supuesta legalidad derivada de su derogación, para izar la ‘tricolor’.

En todo caso, ante la previsión de hacer ondear banderas no oficiales, el Consejo de Navarra, el máximo órgano consultivo de la Comunidad Foral, ya había advertido en un dictamen de que la derogación de la Ley de Símbolos “no convalida” la utilización de “banderas o símbolos distintos a los oficialmente establecidos” y que esta utilización “puede seguir siendo contraria al ordenamiento jurídico”. Ahora, las sentencias que aluden a la bandera republicana vienen a dar la razón al Consejo de Navarra en su planteamiento al negar potestad institucional para izar esta enseña, en este caso.

De este modo, estos pronunciamientos judiciales suponen un claro aviso a las instituciones navarras y podrían avanzar jurisprudencia de cara a la colocación de otras banderas no oficiales como la ikurriña. La bandera vasca ya fue colocada por el Ayuntamiento de Pamplona durante el chupinazo de San Fermín en el mástil central del balcón, lo que motivó la presentación de varios recursos ante la Justicia, si bien el alcalde, Joseba Asirón (EH Bildu), la retiró tras el inicio de las fiestas para burlar la posible acción judicial.

Tras el último pronunciamiento judicial, el grupo municipal de UPN en Pamplona ha denunciado que las “obsesiones” de Asirón están “saliendo muy caras” a la ciudad, que “vuelve a verse perjudicada por decisiones que se toman pese a saberse manifiestamente contrarias a la ley”. A este respecto, ha criticado que el regidor ‘abertzale’ “quiera convertir la política municipal en una guerra de banderas para no tener que hablar de su nefasta y frentista gestión”. Igualmente, el Partido Popular de Navarra ha recriminado a Asirón que “haga pagar a todos los pamploneses” por su “irresponsabilidad”. “Es tremendamente injusto que los ciudadanos paguen por el empeño del alcalde en saltarse la ley con el fin de pervertir todo lo que tiene que ver con nuestra identidad y nuestros símbolos”, ha censurado.

Las instituciones navarras han recibido un nuevo revés judicial en la guerra de las banderas en que está sumida la Comunidad Foral después de que los tribunales hayan ratificado que no se puede izar la bandera republicana. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona ha anulado el acuerdo adoptado por el ayuntamiento de la capital navarra para hacer ondear la ‘tricolor’ en la fachada de la Casa Consistorial, al estimar el recurso presentado por la Abogacía del Estado.

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