Aceptan extraditar a EEUU al hacker ruso acusado de interferir en las elecciones

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado extraditar a Estados Unidos al informático ruso Piotr Levashov, reclamado bajo acusaciones de interferir en las elecciones que dieron la victoria a Donald Trump. Levashov, de 36 años y residente en San Petersburgo, había solicitado al tribunal que no apoyara su entrega porque en alló le esperan "torturas" y un "trato inhumano".

Levashov fue arrestado, en colaboración con agentes del FBI, el pasado 9 de abril en Barcelona cuando se encontraba de vacaciones con su mujer y su hijo. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, ordenó su ingreso en prisión provisional hasta que se resolviese la petición de extradición. Según los investigadores, el informático controlaba cientos de miles de ordenadores distribuidos en todo el mundo a través de los que robaba credenciales personales y distribuía 'spam', delitos que habría estado cometiendo durante más de diez años, obteniendo por ello "pingües beneficios económicos".

Tras su detención, los agentes procedieron a desmantelar la infraestructura informática que controlaba, liberando de manera masiva ordenadores de víctimas infectados con el 'malware' que utilizaba para controlarlos. El arrestado había creado durante varios años una infraestructura cibernética en forma de 'botnet' o red de ordenadores: controlaba así a sus víctimas de forma remota, sin conocimiento de sus propietarios, a través de servidores de comando y control utilizados generalmente para la ejecución de actividades ilícitas.

En este caso, el detenido controlaba la conocida 'botnet Kelihos', formada por cientos de miles de ordenadores distribuidos internacionalmente y a través de la cual no sólo sustraía todo tipo de credenciales de carácter personal de los ordenadores, sino que también la usaba para distribuir 'spam' y para infectar con software malicioso. Principalmente era de tipo 'ransomware', es decir, software malicioso que bloquea el acceso a la información contenida en el sistema mediante su cifrado, pidiendo rescate económico para su liberación, según la Policía Nacional.

En un auto, la Sala pone de manifiesto la enorme obtención de dinero del reclamado a través de este sistema y asegura que no ha quedado acreditado que exista riesgo contra su vida o integridad física si se accede a la entrega.