El frente judicial por el 1-O crece y salpica ya a los Mossos, Policía y Guardia Civil

La resaca del 1 de octubre tendrá consecuencias en los tribunales. Una quincena de juzgados de toda España investiga ya las repercusiones penales de la jornada electoral declarada ilegal por el TC y que el Govern catalán llevó al extremo y hasta las últimas consecuencias. Además del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Nacional, una decena de juzgados de Cataluña han abierto diligencias por la posible desobediencia de los Mossos d'Esquadra a la orden judicial de cerrar los centros de votación o de desalojarlos si ya estaban ocupados. La Fiscalía también tiene la actuación de la policía autonómica en su punto de mira, pero esperará a analizar lo ocurrido antes de pronunciarse.

La Generalitat ha jugado, por su parte, su propia baza en la pelea por la actitud policial durante la jornada electoral y, a última hora de la tarde, presentó una denuncia ante un magistrado de Barcelona por las cargas policiales en distintos colegios que se han saldado con 800 heridos de diversa consideración. En total, los Juzgados de Cataluña investigan una treintena de causas o bien contra la Policía Autonómica o por lesiones en desalojos de colegios electorales.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, los hechos de las últimas horas han incrementado, además, las posibilidades de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su Govern sean perseguidos por delitos que llevan aparejados hasta 30 años de prisión. De la sedición a la rebelión, la acusación más grave, que se reserva a quienes se alcen "violenta y públicamente" contra la Constitución, estas dos acusaciones planean ya sobre las cabezas de los miembros de la Generalitat.

Por el momento, dos jueces de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya investigan la actuación del Govern y del Parlament por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, este último penado con hasta ocho años, inhabilitación de hasta 12 y fianzas millonarias. De las dos juezas encargadas de estos procedimientos contra aforados, la magistrada Mercedes Armas se ha mostrado hasta el momento más activa. Fue ella la que ordenó impedir la votación y cerrar los colegios electorales, y ha dispuesto ya interrogar a cargos intermedios del Ejecutivo autonómico para sentar las bases de su investigación.

Por su parte, la magistrada María Eugenia Alegret se ocupa de la investigación sobre la actuación de la Cámara parlamentaria. Por el momento, en esta parte de la investigación judicial que se abrió ya hace meses por la actuación de la 'consellera' de Gobernación, Meritxell Borràs, por licitar la compra de urnas para la consulta, se ha acumulado la tramitación de la mesa de las leyes que sentaban las bases del 1-O, la de referéndum y la de transitoriedad. El modo en que actúe el Parlamento en los próximos días será determinante para saber si esta pata de las instrucciones engorda o se queda como está.

El TSJ ha admitido una tercera querella, de la que se encarga el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona, por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch.

Al margen de estas causas, el instructor del 13 de Barcelona abandera su propia investigación contra las estructuras de una hipotética Cataluña independiente. Ha sido este magistrado, el veterano Juan Antonio Ramírez Sunyer, que lideró la operación Anubis que se saldó con detenciones de miembros del Govern, quien se ha mostrado más contundente en los días previos a la consulta. La instrucción, que se mantiene secreta, continúa su avance, aunque puede terminar acumulada a la causa del TSJ.

También el Tribunal Constitucional juega un papel clave: su golpe contra la Sindicatura Electoral ha deslegitimado desde el inicio el referéndum

El frente judicial acumula otras dos vertientes de extraordinaria importancia. La Audiencia Nacional tiene en sus manos una causa por sedición por los disturbios del pasado 20 de septiembre, cuando cientos de manifestantes impidieron el normal desarrollo del trabajo de la comitiva judicial que registraba la Conselleria de Economía y Hacienda y atacaron coches de la Guardia Civil. Esta, que gira en torno a la actuación de Òmnium y la ANC, puede crecer cuando se analicen los hechos de la jornada del 1-O. También el Tribunal Constitucional juega un papel clave: su golpe contra la Sindicatura Electoral ha deslegitimado desde el inicio el referéndum, apuntan fuentes jurídicas.

Además de estas causas ya abiertas, la Fiscalía tiene en sus manos diligencias de investigación propias. La más destacada, la iniciada contra más de 700 alcaldes que han prestado locales en sus municipios para desarrollar el voto. Las autoridades catalanas y también los miembros de las mesas de votación se enfrentan a sanciones por el uso fraudulento de datos personales de los ciudadanos en el censo empleado. Por último, el uso de menores en manifestaciones y también cordones en las escuelas está bajo la lupa de la Fiscalía de Menores.