El PSOE sugiere al Gobierno vías alternativas al 155 en caso de que se proclame la secesión

No solo existe el 155. Los socialistas quieren escapar de un debate que les resulta incómodo: la activación de un artículo de la Constitución que prevé la implementación de medidas coercitivas por parte del Estado en caso de desobediencia de una comunidad autónoma. No quieren adelantar su opinión porque ni siquiera el Ejecutivo ha confirmado su intención de echar mano de ese instrumento. Pero es evidente que no les gusta. Y por eso recuerdan a Mariano Rajoy eso, que no solo existe el 155. Que hay otros métodos posibles para detener la casi segura pantalla siguiente del Govern: la declaración unilateral de independencia (DUI), que según Carles Puigdemont podría producirse esta misma semana.

La clave es actuar "con inteligencia para responder a lo que puede venir", en palabras del secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López. Su partido, insistió en rueda de prensa, en la misma línea en que ayer lo hiciera su jefe de filas, Pedro Sánchez, defenderá siempre el Estado de derecho. Pero no hay un único camino. Y por eso recomendó no "especular" sobre el artículo 155, porque el objetivo ha de ser recuperar la normalidad de la legalidad, del Estatut y del autogobierno de Cataluña y al mismo tiempo comenzar sin más dilación el diálogo para resolver el conflicto. Postura que Sánchez repetirá este lunes a Rajoy en su entrevista en La Moncloa.

¿Qué posible respuesta cabe? López lo explicitó ante los medios: que la respuesta la dé el Tribunal Constitucional para suspender de su cargo a los responsables de esa declaración de independencia. Esa es una alternativa posible gracias a la última reforma, de 2015, de la Ley Orgánica del TC, aprobada en solitario por el PP con el rechazo de los socialistas, pero que el propio Alto Tribunal validó en una sentencia de finales del año pasado. La nueva redacción del artículo 92 de la LOTC señala que los magistrados pueden "acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal".

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Hasta ahora, el TC no ha procedido a adoptar esa medida. Hace una semana, no obstante, sí se quedó en el paso anterior: impuso multas de 12.000 euros diarios a cada uno de los miembros de la Sindicatura Electoral catalana —que tenía que hacer las veces de Junta Electoral—, una sanción elevadísima que hizo que el Govern disolvera el órgano por la vía rápida antes de que entrara en vigor.

Lo que hacía López desde Ferraz era formalizar lo que ya venían adelantando en privado miembros de la cúpula socialista en los últimos días. Y es que en el partido se teme que la activación del 155 solo sirva para echar más leña al fuego, en lugar de ayudar a la distensión.

Ni bálsamo ni "bestia parda"

La vía del TC es, pues “posible”, aunque no la única. El dirigente socialista apostilló que es mejor no jugar con el 155, porque mientras que para algunos es “el bálsamo de Fierabrás que resuelve todos los problemas” —hoy mismo Albert Rivera pidió a Rajoy que lo aplique—, “para otros es la bestia parda que va a acabar con todo”. Más aún, reconoció que no está claro que ese precepto permita convocar elecciones autonómicas en Cataluña. En cambio, si el TC procediese a la suspensión de los cargos —que no es formalmente una inhabilitación, pues esta solo la deciden los tribunales por sentencia—, el Parlament debería nombrar a un nuevo ‘president’ y, si no lo lograra, la Cámara habría de disolverse para afrontar una convocatoria en las urnas. Así que, “¿por qué no puede entrar a actuar el Tribunal Constitucional?”, se preguntó.

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Juanma Romero. Barcelona

Desde Barcelona, desde la sede del PSC, Miquel Iceta ni siquiera quiso secundar los pasos dados por López. Preguntado por el posicionamiento fijado por el responsable de Política Federal de la ejecutiva de Sánchez, el primer secretario recalcó que la obsesión de los socialistas es evitar la DUI, porque sería un "desastre" de incalculables consecuencias. "Por tanto, no vamos a especular con cómo debe reaccionar el Estado", respondió.

Iceta avisa de la "gravedad extrema" de la situación y alerta del "desastre" de una DUI que haría peligrar la unidad de los catalanes y su autogobierno

Iceta, en consecuencia, prefirió no situarse en ese escenario, por mucho que sea el más probable, ya que de entrada un referéndum “ilegal y sin garantías” como el del 1-O “no puede servir de justificación para una decisión tan trascendental” como una DUI, y ni tan siquiera lo “avalan” las cifras de participación dadas por los organizadores (2,2 millones de papeletas, el 90% de las mismas a favor del sí, aunque la movilización del 9-N de 2014 fue menor).

A pocos días de que llegue esa DUI, aseguró el primer secretario, no tiene “sentido” entrar en “reproches retrospectivos”. “Queremos alertar de la gravedad extrema de la situación y advertir de un desastre inminente que pondría en riesgo la unidad civil del pueblo de Cataluña y nuestras instituciones de autogobierno”, subrayó. El camino es la “negociación”. El primer secretario emplazó entonces a los dos gobiernos y al conjunto de fuerzas a hablar y “poner el contador a cero”. Pidió al Govern aparcar la adopción de medidas unilaterales y al Ejecutivo de Rajoy devolver competencias a la Generalitat, como el control de sus finanzas, que tuvo que activar para intentar frenar el 1-O.

El instrumento de la comisión en el Congreso

Además, recordó Iceta, ya está creado (aunque no constituido) un instrumento para vehicular el diálogo, la comisión de revisión del modelo autonómico en el Congreso. El PSC insta pues a que se ponga a trabajar “ya”, y lo haga “sin exclusión de temas o enfoques”, “sin prefigurar los resultados de la negociación, y sin exigencias previas que impidan abrir el debate”. Algunas salidas, enumeró, podrían ser la elaboración de un informe sobre los daños de la sentencia de 2010 sobre el Estatut, que se recuperen elementos perdidos del autogobierno, que se hable sobre 45 de los 46 puntos demandados por Puigdemont a Rajoy (el número 46 es el referéndum) y que en un mes se anticipe qué son capaces de acordar los dos gobiernos y cuáles quedan pendientes… Y así con el resto de medidas incluidas en el amplio catálogo contenido en la ‘Declaración de Barcelona’ que PSOE y PSC suscribieron el pasado julio.

PSOE y PSC exigen que no se queden fuera de la mesa ni temas ni enfoque, se se acuda a negociar "sin apriorismos ni exclusiones" de nada ni nadie

Al incidir el PSC en que no pueden quedar fuera de la mesa “temas o enfoques” se podía pensar que el partido rescataba la antigua propuesta del derecho a decidir, de un referéndum pactado. Pero Iceta lo descartó de nuevo: lo que quieren los socialistas es que cada formación lleve a la negociación su propuesta, como ellos llevarán la suya, que es conocida: reforma constitucional para hacer de España un Estado federal.

López también caminó por la misma senda: lo que es imprescindible ahora es un diálogo “sin apriorismos” y “sin exclusiones”. La afirmación también servía de respuesta a Podemos, que insiste en que el PP debe quedar fuera de todo diálogo. “No vamos a caer en la trampa de unos contra otros porque necesitamos a todos los que representan al conjunto de la ciudadanía”, dijo el exlendakari. Iceta coincidió en que a tan pocos días de una presumible proclamación de independencia, no tiene ningún sentido ni es posible “cambiar de interlocutores”, porque tanto Rajoy como Puigdemont seguirán estando entonces. Y lo que tienen que hacer es hablar, llamarse.

De paso, Iceta también rechazó la posibilidad de una mediación internacional, requerida este lunes por el presidente de la Generalitat. El primer secretario trajo a colación que la Comisión Europea dijo hoy mismo que el conflicto con Cataluña es una cuestión de orden interno que debe resolverse conforme al marco constitucional y que “violencia no puede ser un instrumento en política”. “Lo compartimos. Ahora tendrían que ponerse a hablar directamente Rajoy y Puigdemont, no esperar a que un tercero les invite, por responsabilidad y gravedad de la situación. La alternativa a la negociación es el desastre”, volvió a alertar. La posición se resume en pocas palabras: "No a la DUI, no a la independencia, sí a la negociación".

Cargas "evitables" para el PSOE y "desproporcionadas" para el PSC

No será fácil borrar el 1-O de la memoria visual de los ciudadanos. Dentro y fuera de España. Al final hubo urnas, colas, catalanes votando... y violentas actuaciones policiales. Pedro Sánchez ya manifestó ayer domingo su "profundo desacuerdo" con ellas, pasos que hoy secundó Patxi López. El secretario de Política Federal sostuvo que no se obró con "inteligencia" por parte del Gobierno, porque se proyectó una imagen durísima y encima no desarticuló del todo la consulta. 

"Quien manejaba los hilos del Estado de derecho no impidió que hubiera una votación ilegal", reprobó. Más aún: "Todos vimos colas de gente votando, y lejos de desmovilizar lo que hizo fue movilizar a más gente para que acudiera a ese llamamiento de la desobediencia ilegal. ¿Eso es manejar bien el Estado de derecho?", inquirió López. 

Tal y como adelantó Sánchez en la noche del domingo, el PSOE va a exigir responsabilidades al Gobierno en el Congreso por unas cargas que considera "evitables" y que ofrecieron una imagen "lamentable" de España. Las agresiones de los agentes eran la viva "imagen de la impotencia de un Gobierno que es incapaz de impedir esa ilegalidad". Así que el 1-O fue un "día triste en el que no ganó nadie", una jornada "preocupante para la democracia", en la que además el Govern llamaba a la ciudadanía a "saltarse la legalidad".

El PSC fue más duro desde el principio, en cuanto vio los incidentes en los colegios electorales. Miquel Iceta compareció sobre las 12:30 de ayer para exigir el cese "inmediato" de las cargas. Después se sintió plenamente reflejado en las palabras de Sánchez tras el cierre de los centros de votación. Este lunes, el primer secretario manifestó su condena por una "actuación policial absolutamente desproporcionada". No se quiso mojar sobre la petición de Carles Puigdemont de que salgan Policía y Guardia Civil de Cataluña. "El Estado tiene la obligación de garantizar la legalidad y debe tomar las medidas que considere convenientes", respondió lacónico.