Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria...

Autonomías de todo signo se rebelan ante el atasco de los Presupuestos por el 1-O

El Partido Popular ha decidido devolver la moneda al Ejecutivo de Iñigo Urkullu y negar su aval a las cuentas autonómicas a la espera de que el PNV cambie de actitud

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (d), y el presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (d), y el presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig. (EFE)

El atasco en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, forzado por el desmarque del PNV para apoyar a los independentistas catalanes, ha sembrado la alarma en gobiernos autonómicos de signo variado, que ven en el aire sus promesas de aumentar inversiones, incrementar plantillas y subir salarios. Los del PP guardan silencio, pero autonomías como las presididas por los socialistas Susana Díaz (Andalucía) y Ximo Puig (Comunidad Valenciana) o por regionalistas (como Canarias y Cantabria) han sido las primeras en clamar por la estabilidad económica, exigir nuevas cuentas para el próximo año o medidas paliativas inmediatas en caso de prórroga de los Presupuestos vigentes.

El conjunto de los gobiernos autonómicos contaba con el proyecto para poner en marcha a partir de enero una etapa expansiva en gasto corriente en inversión, que será imposible salvo que los nacionalistas vascos reconsideren su rechazo a apoyar al Gobierno de Mariano Rajoy. De entrada, el Partido Popular ha decidido devolver la moneda al Ejecutivo de Iñigo Urkullu y negar su aval a las cuentas autonómicas. Aunque los socialistas respalden ese proyecto, el PNV sigue necesitando otro voto más para sacarlo adelante, y sin los populares tendría que recurrir a Bildu para alcanzar la mayoría requerida.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzó el órdago de guardarse los Presupuestos hasta que se aclare si pueden salir adelante con los votos de los socios que aprobaron los vigentes (Ciudadanos, PNV, CC, NC más los aliados regionalistas), o incluso con la colaboración del PSOE. El mensaje surtió efecto inmediato en los gobiernos de Canarias y Cantabria, presididos por Fernando Clavijo y Miguel Ángel Revilla, quienes calificaron la posible prórroga como un desastre para sus planes de inversión y recuperación económica. Revilla es presidente gracias al apoyo de los socialistas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

Desde Andalucía, Susana Díaz también encajó mal las nuevas previsiones del Gobierno y planteó la posibilidad de buscar alguna salida negociada con Hacienda a su exigencia de reducir el horario de los funcionarios a 35 horas semanales, su promesa más vistosa en el ámbito administrativo.

En la Comunidad Valenciana, Compromís, partido que sustenta en la presidencia al socialista Chimo Puig, dijo que se trataba de una noticia muy mala para los valencianos, dadas las esperanzas depositadas en los Presupuestos de 2018 y en la reforma del sistema general de financiación autonómica. Como en el resto de las autonomías, el Ejecutivo de coalición de izquierdas se tendría que olvidar de sus proyectos de crecimiento para el próximo ejercicio.

Fuentes gubernamentales reconocen que hasta que no pase el 1-O, "y sus primeras consecuencias", no estarán en condiciones de reactivar las conversaciones sobre el proyecto de Presupuestos. Básicamente, se refieren al PNV. Con la consejería del Gobierno autonómico las negociaciones estaban muy avanzadas, incluían la aplicación de la mejora del cupo ya aprobada este año y las inversiones en el AVE, la Y vasca.

Los nacionalistas vascos, igual que los regionalistas canarios, necesitan el proyecto de Presupuestos para que se hagan realidad las inversiones 'arrancadas' al Gobierno en las cuentas de 2017, pues la mayoría de los compromisos se aplican con planes bianuales.

En el Ejecutivo insisten en que si el PNV cambia de actitud en las próximas dos o tres semanas, todavía daría tiempo a comenzar la tramitación del proyecto de ley y que pudiera entrar en vigor a primeros de enero.

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