El informe de la Generalitat a las embajadas: "La votación fuera del país ha comenzado"

La Generalitat de Cataluña ha informado en los últimos días a las embajadas extranjeras en España de los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre, omitiendo la ilegalidad de la consulta, no mencionando la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional y dando por hecho que cumple los requisitos de homologación internacional.

"La presencia de observadores internacionales es bienvenida para asegurar que la votación se lleve a cabo de conformidad con las prácticas y estándares internacionales", asegura el informe de la Generalitat. Antes indica que "hasta ahora, dos misiones han sido acreditadas por la Comisión Electoral de Cataluña. Reúnen a expertos electorales de Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Polonia, el Reino Unido y los Estados Unidos, y próximamente se unirán observadores a corto plazo que se desplegarán en toda Cataluña".

La presencia de observadores internacionales es bienvenida para asegurar que la votación se lleve a cabo conforme a los estándares internacionales

La nota, redactada en inglés y fechada el 14 de septiembre, adjunta las normas aprobadas por el Parlament de Cataluña para sostener la legalidad de la consulta, como el decreto de convocatoria, la ley del referéndum, la de transitoriedad y la de creación de la Sindicatura Electoral. Omite que las citadas normas han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional tras los recursos del Gobierno de Mariano Rajoy, es decir, que todas las actuaciones posteriores son ilegales.

Por eso, hace un repaso de las garantías que, según explica, reúne la consulta: "Se han creado los organismos independientes e imparciales para garantizar la transparencia y la objetividad de la votación y sus cinco miembros han sido nombrados por el Parlamento. Desde su creación la semana pasada, la ECC [Comisión Electoral Catalana en siglas inglesas] ha estado trabajando en temas como el proceso de selección de los ciudadanos que servirán como oficiales de la acreditación de las organizaciones interesadas y los observadores internacionales". La creación de esa comisión ha sido suspendida por el Constitucional y sus miembros han sido advertidos de dicha suspensión, pero la Generalitat lo omite.

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"La votación fuera del país ha comenzado, permitiendo la participación en el referéndum de miles de catalanes registrados con residencia permanente en el extranjero", explica la nota. "Desde el 7 de septiembre, hay más de 47.000 voluntarios registrados para actuar como agentes electorales y proporcionar servicios administrativos y logísticos. Del mismo modo, de los 948 alcaldes, 729 de varios partidos políticos han firmado decretos en apoyo del referéndum, y también se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para permitir la votación en esta ciudad", explica para detallar los preparativos de la consulta.

Se inicia con la referencia a la manifestación de la Diada, para asegurar que "por sexto año consecutivo, más de un millón de personas inundaron las
calles de Barcelona para pedir una oportunidad para votar sobre el futuro político de Cataluña. En respuesta a este demanda, la semana pasada el Parlamento aprobó la Ley sobre el Referéndum y la Ley de Transición Jurídica, y el decreto por el que se convocó el referéndum del 1 de octubre firmado por el Gobierno".

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Sobre las actuaciones del Gobierno español, asegura que "en una nota mucho menos positiva, en las últimas horas, el Gobierno español ha intensificado sus acciones contra el referéndum. En un solo día, ayer, los fiscales españoles prohibieron los actos en Madrid y Valencia dedicados al referéndum catalán; ordenaron una investigación sobre los 729 alcaldes mencionados, así como su detención en caso de no comparecer ante las autoridades, y cerrar el sitio web original del referéndum".

"En la misma línea, a principios de esta semana, el Tribunal Constitucional envió al Ejecutivo catalán una notificación a los líderes parlamentarios que aprobaron las leyes, los 948 alcaldes de Cataluña y 60 altos funcionarios —incluidos los directores de los medios públicos catalanes—, ordenándoles que cesaran cualquier actividad del referéndum. Al momento de redactar este informe, el fiscal español anunció la presentación de una demanda contra los cinco miembros de la Comisión Electoral de Cataluña", asegura como única explicación de la suspensión de las normas.

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Y concluye que, "a pesar de estos obstáculos, la determinación del Gobierno y su trabajo ininterrumpido continúan como de costumbre para asegurar que la votación tiene lugar".

Incluye también las conclusiones de un informe de cuatro expertos internacionales para sostener el derecho a decidir de los catalanes y defender la negociación de Cataluña con la Unión Europea. "Cualesquiera que sean las reivindicaciones conflictivas de legitimidad planteadas por los actores políticos, la práctica internacional y la jurisprudencia transconstitucional demuestran que los procesos de autodeterminación exitosos siempre se basan en algún momento en un procedimiento de negociación. En esa perspectiva, los expertos recomiendan la exploración de un proceso de negociación de la soberanía ganada en el marco de la UE. Esto implicaría la participación de las instituciones de la UE; lo consideramos posible en la perspectiva de una negociación dentro de la UE, implicando plenamente a España en la búsqueda en Cataluña de una solución de soberanía restringida, como miembro de pleno derecho de la UE", concluye.