de cara al referéndum

Alta tensión y cruce de acusaciones en el Congreso por el 1-O en Cataluña

Acusaciones de falta de democracia, expresiones como "barbarie democrática", diputados que abandonan el hemiciclo entre gritos de "¡No volváis!" y descalificaciones entre todos los partidos

Foto: Congreso de los Diputados. (EFE)
Congreso de los Diputados. (EFE)

Acusaciones de falta de democracia y limitación de derechos con detenciones indiscriminadas, expresiones graves como "barbarie democrática", diputados que abandonan el hemiciclo entre gritos, y descalificaciones cruzadas, prácticamente, entre todos los partidos. Así se llega a los días previos y decisivos del desafío independentista en Cataluña. El referéndum ilegal ha provocado alta tensión en el pleno del Congreso sin atisbo de puntos de encuentro político antes del 1 de octubre, o con posterioridad, para intentar buscar una solución al grave conflicto institucional y político. Y aún queda un pleno la próxima semana, en vísperas de la movilización.

Los partidos independentistas o partidarios del referéndum consideran que las operaciones policiales y las decisiones del Gobierno suponen una vulneración de derechos, mientras que para el Gobierno son la respuesta lógica a quien vulnera las leyes y, en todo caso, con orden judicial.

"Usted y sus lacayos quiten sus sucias manos de las instituciones de Cataluña" y "respete la voluntad de los catalanes y los derechos civiles", le ha dicho entre otras cosas el diputado de ERC Gabriel Rufián al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de que los diputados independentistas abandonaran el hemiciclo entre insultos y gestos de los parlamentarios del PP. "¡No volváis!", les gritaban.

"Hoy hemos amanecido con la Guardia Civil en casa de nuestros amigos. Usted está deteniendo a cargos electos catalanes por sus ideas. Le exijo que deje de hacerlo con nocturnidad y alevosía. Por cada uno que detenga, hay cientos dispuestos a respetar el mandato del pueblo catalán. Esto es una lucha por los derechos civiles de todos", ha asegurado Rufián, reafirmando la idea de que, según él y pase lo que pase, habrá referéndum en Cataluña el 1 de octubre.

"Se cumple la ley y hay que defender el Estado de derecho" para hacer frente a "atropellos democráticos y a la barbarie", ha respondido Rajoy en la sesión de control al Gobierno, en un clima de gravedad y desencuentro.

"El Gobierno está haciendo lo que debe y lo seguiremos haciendo hasta el final. Actuamos con proporcionalidad, sobre todo viendo lo que han hecho ustedes, que es de extrema gravedad y profundamente antidemocrático", ha respondido Rajoy. También ha pedido que "cesen las amenazas de sus socios de la CUP a alcaldes, concejales y policías locales".

Sin diálogo ni negociación

El presidente se ha remitido a los jueces que han ordenado esas actuaciones y no ha dado ni el más mínimo margen a la posibilidad de dialogar o negociar antes del 1 de octubre. Incluso, en los pasillos y antes de abandonar la Cámara, el presidente ha señalado que solo es posible esa conversación si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdeont, da marcha atrás y retira la convocatoria de referéndum ilegal.

Ese diálogo se lo ha pedido también el portavoz del PNV, Aitor Esteban, para quien es necesario frenar para "respetar la libertad de expresión" y los derechos de los ciudadanos en Cataluña, y para quien Rajoy es responsable por "acción y por inacción". El PNV, socio presupuestario del PP, ha pedido también que cesen las detenciones de cargos públicos y ha afeado la actuación del Gobierno en Cataluña. Rajoy le ha respondido también con la idea de la defensa de la ley.

Luego, los diputados del PDeCAT, tras lamentar la intervención de las finanzas de Cataluña, han abandonado también el hemiciclo. Y el diputado de En Comú Podem Xavier Domènech ha rechazado también lo que considera vulneración de derechos en Cataluña. Queda en el aire si todos ellos volverán a la Cámara o se sumarán a las protestas en Cataluña sin acudir al pleno de mañana.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, le ha contestado también con la defensa de la ley y la necesidad de evitar que se utilice dinero público para financiar el referéndum.

Albert Rivera, en el Congreso. (EFE)
Albert Rivera, en el Congreso. (EFE)

El intercambio de reproches, con menor nivel de virulencia, se mantiene entre PSOE y Ciudadanos, ambos contrarios a la consulta ilegal, pero enfrentados por la forma de hacerle frente. Los socialistas sostienen que debe abrirse el diálogo en una comisión parlamentaria, mientras que el partido de Albert Rivera cree que es imposible esa negociación. Por eso, el martes no fue posible aprobar en el Congreso una proposición no de ley de apoyo al Gobierno, y a día de hoy no hay indicios que permitan intuir si hay opciones de acuerdos más allá de la consulta ilegal.

Podemos reunirá el domingo a diputados y alcaldes para presionar en favor de una consulta pactada en Cataluña. Y Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, usó una pregunta al ministro de Educación para tachar de "golpistas" a los que promueven el referéndum.

Los socialistas rechazan algunas de las medidas del Gobierno, como la actuación de los fiscales, pero en el pleno de este miércoles su portavoz, Margarita Robles, ha expresado el apoyo al Ejecutivo para "defender la legalidad". De hecho, el único signo de distensión ha sido la respuesta de Rajoy asegurando que se quedaba con esa expresión, saltando por encima de la votación frustrada de la víspera, que dividió al bloque antiindependentista.

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