El PSOE, forzado a rectificar sobre la reforma del Tribunal Constitucional
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El Gobierno aplica en Cataluña una vía rechazada por la mayoría absoluta del Congreso

El PSOE, forzado a rectificar sobre la reforma del Tribunal Constitucional

La Mesa de la Cámara evitará tramitar la iniciativa del PNV antes del 1 de octubre para que pueda utilizarse contra los organizadores del referéndum ilegal

placeholder Foto: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la Fiesta de la Rosa de los socialistas en Gavà. (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la Fiesta de la Rosa de los socialistas en Gavà. (EFE)

El PSOE se ha visto forzado a rectificar su posición de rechazo a una de las reformas legales emblemáticas y más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy: la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El proceso de independencia en Cataluña ha hecho que los socialistas bloqueen con el PP y con Ciudadanos la iniciativa parlamentaria para revertir la reforma que permite al Tribunal actuar directamente e inhabilitar a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones.

PP, PSOE y Ciudadanos mantienen frenada en el Congreso la modificación de la reforma del Tribunal Constitucional que ya se aplica en Cataluña. La intención de los tres partidos es evitar su tramitación al menos hasta antes del 1 de octubre, fecha del referéndum ilegal, pero la situación real es que ahora ya se aplica un instrumento judicial que rechaza la mayoría absoluta del actual Congreso.

Ese bloqueo ha provocado el malestar del PNV, grupo autor de la iniciativa, y la intervención de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que el miércoles, al final del pleno, reunió a los portavoces para intentar desbloquear diferentes iniciativas, incluida la del Tribunal Constitucional.

El embrollo político consiste en que la mayoría absoluta del actual Congreso está en contra de esa reforma y, de hecho, debería haberla eliminado

La reforma del Tribunal Constitucional para que esta institución pueda actuar directamente en caso de incumplimiento de sus resoluciones fue aprobada por el PP en solitario en la legislatura de su mayoría absoluta, en previsión del avance del proceso soberanista en Cataluña. El PSOE se opuso en 2015 y amenazó con la presentación de un recurso contra el nuevo artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Constitucional, además de que esa reforma provocó el malestar en el seno del propio tribunal.

El Tribunal Constitucional y el Gobierno de Mariano Rajoy han evitado hasta ahora aplicar ese mecanismo, precisamente, por ese rechazo. Sin embargo, ahora lo ha empezado a utilizar por primera vez para obligar a la Sindicatura Electoral a disolverse, con un requerimiento directo del Constitucional.

El embrollo político consiste en que la mayoría absoluta del actual Congreso está en contra de esa reforma y, de hecho, debería haberla eliminado si no fuera porque PP, PSOE y Ciudadanos lo mantienen bloqueado por la difícil situación en Cataluña. Fuentes socialistas admiten que, pese a estar en contra de la reforma que hizo el PP, evitarán que se elimine como mínimo hasta después del 1 de octubre, por un criterio de oportunidad.

placeholder El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)

El PSOE es el partido al que este instrumento legal y su aplicación más incomoda, porque siempre lo ha criticado y rechazado y, al tiempo, ha dado apoyo público y privado a Rajoy frente al proceso soberanista. De hecho, las citadas fuentes aseguran que este asunto estuvo sobre la mesa en las recientes conversaciones entre el presidente del Gobierno y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Los socialistas aceptan mantenerlo, con la condición de que no se aplique para inhabilitar a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en coincidencia con la posición del Constitucional.

El 23 de diciembre de 2016, el pleno del Congreso tomó en consideración una iniciativa del PNV que consistía solo en eliminar el artículo aprobado la legislatura pasada. Votaron a favor de la toma en consideración de la iniciativa que eliminaba ese instrumento legal el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y casi todo el Grupo Mixto. Solo lo rechazaron PP y Ciudadanos, por lo que la reforma inició su trámite parlamentario en la fase de enmiendas.

"Es una idea lamentable y mala", aseguró el socialista Gregorio Cámara desde la tribuna en ese pleno de 2016, en referencia al instrumento legal que ahora se aplica en Cataluña, y añadió: "Con la reforma que realizaron de la ley orgánica, no solo se orillan estos elementos, sino que para imponer la coerción estatal sobre los poderes públicos autonómicos se habilita así a otro órgano constitucional distinto del previsto, de tal manera que no solo se rompe el equilibrio establecido por la norma constitucional, sino que también se podría decir perfectamente que lo que se hizo entonces por el legislador orgánico es situarse en la posición del poder constituyente".

placeholder El diputado del PSOE Gregorio Cámara. (EFE)
El diputado del PSOE Gregorio Cámara. (EFE)

Sin embargo, pese a ser una proposición de artículo único, PP, PSOE y Ciudadanos se han encargado de forzar hasta 22 ampliaciones de plazos de enmiendas parciales para evitar su aprobación definitiva en el pleno.

Ese bloqueo, junto al de otras iniciativas, han provocado la protesta del PNV, con apoyo de otros grupos, incluido curiosamente el Grupo Socialista. Después de esa protesta, se han desbloqueado otras iniciativas, como la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza—, pero no la del Tribunal Constitucional, pese a ser una proposición de ley muy sencilla.

Pastor convocó el miércoles en su despacho a los portavoces de todos los grupos para buscar una salida al bloqueo de una decena de iniciativas legislativas de los grupos. Sin embargo, los grupos mayoritarios se escudan en que se trata de una decisión de la Mesa, en la que PP, PSOE y Ciudadanos tienen una clara mayoría para imponer el bloqueo. De hecho, populares y socialistas coinciden en el bloqueo de la gran mayoría de esas normas, entre las que se encuentran también la Ley de Secretos Oficiales, la Lomce y la reforma del salario mínimo, entre otras.

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