El juicio comenzará el 13 de noviembre

El tribunal impide que la presunta violada en San Fermín testifique por videoconferencia

La Audiencia de Navarra rechaza incorporar como prueba todo el material extraído de los móviles antes de los hechos y que relacionaban a los acusados con alguna otra supuesta agresión sexual

Foto: Los cinco integrantes de 'La Manada'
Los cinco integrantes de 'La Manada'

El juicio contra los cinco acusados por la supuesta violación grupal a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016 comenzará el próximo 13 de noviembre, según ha determinado la Audiencia de Navarra, que ha rechazado que la declaración testifical de la denunciante se realice por videoconferencia como habían solicitado el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acciones populares. De este modo, la joven madrileña deberá estar presente físicamente en la sala de vistas, tal y como reclamaban los inculpados. El tribunal considera "prevalente" su declaración presencial "ponderando los intereses en conflicto" y argumenta que "la finalidad de protección latente en la medida que se pretende puede ser alcanzada con el establecimiento de otras medidas menos gravosas”, como evitar el contacto visual.

Por ello, el organismo judicial ha acordado tomar medidas para que no se produzca este contacto visual entre la denunciante y los procesados durante su declaración. Los integrantes de ‘La Manada’ seguirán el desarrollo del interrogatorio “desde otra sala y mediante videoconferencia, garantizando la adecuada comunicación con sus letrados siempre que fuera necesario”, según ha determinado el tribunal.

El tribunal ordena que los cinco acusados sigan el interrogatorio de la denunciante desde otra sala y por videoconferencia para evitar el contacto visual

Asimismo, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha acordado en su resolución, contra la que no cabe recurso, rechazar incorporar como prueba todo el material que estaba en los móviles de los procesados con anterioridad a la noche de la supuesta violación y que, entre otras cosas, relacionaban a los acusados con alguna otra supuesta agresión sexual. Según sostiene el tribunal, este material “no guarda relación con los hechos que son objeto de enjuiciamiento, por lo que carece en consecuencia de pertinencia”. Así, únicamente se tendrán en cuenta los archivos y contenidos generados en los teléfonos desde el 7 de julio, día de la supuesta violación, hasta el momento en el que los dispositivos fueron requeridos por la Policía tras su detención.

El tribunal ha admitido la petición de las defensas y ha rechazado "todo el material que obra en la causa y que corresponda o guarde relación con el contenido extraído de los teléfonos móviles de los acusados, sea cual sea el formato o soporte" antes de los hechos. Para ello se ampara en jurisprudencia del Tribunal Supremo y Constitucional. "No está obligado este tribunal a admitir todos los medios de prueba que cada parte estime pertinentes a su defensa, sino sólo los que superen el juicio de necesidad", sostiene. "El material probatorio excluido no guarda relación con los hechos que son objeto de enjuiciamiento", expone con contundencia.

Los sevillanos José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo se sentarán en el banquillo de los acusados desde el 13 de noviembre, 16 meses después de su ingreso en prisión provisional. La Audiencia de Navarra ha rechazado en varias ocasiones su libertad provisional a la espera del juicio, la última la pasada semana, al insistir en el argumento de “la existencia de riesgo de fuga y reiteración delictiva”.

La Audiencia de Navarra ha rechazado en varias ocasiones la libertad provisional de los acusados ante "el riesgo de fuga y de reiteración delictiva"

El Ministerio Público solicita 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados (18 por un delito continuado de agresión sexual, dos años y 10 meses por un delito contra la intimidad y otros dos por robo con intimidación). Por su parte, el Gobierno de Navarra, que se presenta como acción popular, reclama 25 años y nueve meses de prisión, cuatro meses más que el Ayuntamiento de Pamplona. Por su parte, la acusación particular reclama 24 años y nueve meses de prisión.

Las sesiones del juicio oral se iniciarán a las 10.00 horas en el Palacio de Justicia y se prolongarán "durante las sesiones que resulten necesarias hasta su conclusión", según refleja el auto, que consta de cinco páginas y está fechado el pasado miércoles 13 de septiembre.

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