Ada Colau evita su inhabilitación en el pacto alcanzado con Puigdemont para el 1-O

Ada Colau ha vuelto a conseguir la cuadratura del círculo con su retórica, al contentar tanto a independentistas como a no independentistas, aunque a cuenta de generar cierta confusión. "Cumplimos nuestro compromiso: en Barcelona, el 1 de octubre se podrá participar sin poner en riesgo institución ni servidores públicos", avanzaba la tarde de este jueves en las redes sociales, sin dar más detalles sobre la decisión. Minutos después, celebraban sus palabras tanto el 'president', Carles Puigdemont, como el líder municipal del PSC y socio de gobierno de Barcelona en Comú, Jaume Collboni.

El convergente se refería a esta decisión como "una buena noticia", mientras su entorno hablaba de un supuesto acuerdo que implicaría la cesión de dependencias municipales para las votaciones. Incluso se ponía una cifra sobre la mesa: 80 de los 300 puntos de votación serían espacios municipales. Por su parte, el segundo teniente de alcaldía (del PSC), lo contradecía diciendo que el Ayuntamiento de Barcelona "no facilitará medios ni locales para el 1-O, como indica el informe del secretario municipal por respeto a la ley y a las resoluciones judiciales". La líder de los 'comuns' ha logrado satisfacer a las dos partes, en un momento de máxima polarización entre bloques, abriendo una vía intermedia que burlonamente se ha apodado como 'equidistante'.

La conclusión, según fuentes del entorno de Ada Colau, que en público sigue sin aclarar los detalles, es que la alcaldesa ha atado todos los flecos para no inmiscuir al Ayuntamiento de Barcelona ni a sus funcionarios en un referéndum que no interpretan como tal, sino como una simple 'movilización'. No se facilitarán dependencias municipales como puntos de votación.

La posible inhabilitación y multa se traslada de Ada Colau a Clara Ponsatí, la máxima responsable a la hora de dar luz verde a la apertura de los colegios

Sí se facilitarán colegios que forman parte del consorcio entre ambas administraciones (60% Generalitat y 40% ayuntamiento). Sin embargo, estos centros han quedado en manos de la Generalitat desde este miércoles, cuando la 'consellera' de Enseñanza, Clara Ponsatí i Obiols, tomó el mando del Consejo de Dirección del Consorcio de Educación de Barcelona, una vez cesado su anterior presidente, Lluís Baulenas i Cases. "Quien convoca el referéndum es otra Administración, es a ellos a quienes compete, lo que sí está garantizado es que se cumplen los dos requisitos exigidos desde el principio", esto es, que no afecte a la institución, y por ende a la alcaldesa, que correría el riesgo de ser inhabilitada, ni a los funcionarios.

La clave del movimiento de Colau, que le permite facilitar la participación sin intervenir en el proceso, está en los cambios decretados 24 horas después del anuncio de Colau en el Consejo de Dirección del Consorcio de Educación de Barcelona. Entre los edificios que hasta este miércoles gestionaba Lluís Baulenas i Cases, destacan los centros educativos públicos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Tras su sustitución por la 'consellera' Ponsatí, ahora recae exclusivamente en ella la responsabilidad de abrir los colegios electorales el 1-O.

La posible inhabilitación y multa se traslada por tanto de Ada Colau a Clara Ponsatí, la máxima responsable a la hora de dar luz verde a la apertura de los colegios. De hecho, la 'exconsellera' de Enseñanza Irene Rigau ya fue condenada el pasado mes de marzo a dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de una multa de 36.500 euros, por desobediencia al Tribunal Constitucional y prevaricación como consecuencia de la consulta del 9-N.

A la pregunta concreta de cuáles serán los locales, desde el Gobierno municipal vuelven a remitir a la Generalitat. Con todo, estas mismas fuentes no niegan que se haya negociado un acuerdo con PDeCAT y ERC, como han difundido desde JxS. Negociaciones en las que no ha estado presente la alcaldesa, sino su núcleo duro, y cuyas conclusiones entienden que le corresponde contar a la Generalitat. Eso sí, lo pactado no contradiría ni lo expuesto por Collboni, quien asegura que el ayuntamiento no incumplirá las resoluciones del TC, ni por los independentistas, quienes celebraron que facilitará la participación.

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El anuncio de la alcaldesa, celebrado a partes iguales por defensores y contrarios al referéndum ilegalizado por el TC, se produjo tras la difusión del informe del secretario municipal, Jordi Cases, en que a lo largo de 15 páginas se advierte de la posibilidad de incurrir en un delito penal si se facilita la apertura de espacios municipales como puntos de votación. El texto remarca que “la puesta a disposición de la Generalitat de Cataluña de los locales que se utilizan habitualmente como centros de votación —solicitada en el escrito recibido el 7 de septiembre de 2017— supondría un incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 87.1 de la LOTC a todos los poderes públicos, de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como de su mandato —exprés, claro y taxativo— contenido en los proveimientos citados”.

El informe añade: “La alcaldesa, el Ayuntamiento de Barcelona y sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones quedan vinculados por el mandato del TC, de abstenerse de realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, actuaciones en las que, sin duda, se incluiría una eventual puesta a disposición de los locales para la votación”. Argumentos por los que zanja: “El incumplimiento de esta obligación puede comportar la exigencia a las personas infractoras de responsabilidad de todo orden, sea del propio tribunal al amparo de su ley reguladora, o de carácter administrativo, disciplinario, contable e incluso penal”.