Rolex, cuadros y colgantes venecianos: la vida como marchante de Ignacio González

Ignacio González fue pillado moviendo dinero en el mundo del arte. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados del caso Lezo descubrieron que el expresidente de la Comunidad de Madrid intervino en una operación de compraventa de cuadros valorados en hasta ocho millones de euros, y que se interesó por relojes y joyas en subastas organizadas por la firma que regentaba su mujer, Lourdes Cavero, también imputada. Los investigadores no solo subrayan que ese tren de vida era incompatible con los salarios que González cobró durante las dos décadas que pasó como servidor público. También sospechan que pudo utilizar esas intermediaciones para lavar parte del dinero que presuntamente recibió por favorecer a empresarios de su entorno.

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Beatriz Parera

Las operaciones fueron registradas durante los seguimientos y escuchas telefónicas a que fue sometido González hasta su detención el pasado 19 de abril. En una de las llamadas, el exdirigente del PP comentó con un inversor la venta de un lote compuesto por más de 30 lienzos a través de Subastas Segre, la empresa de su esposa. El exjefe del Ejecutivo madrileño aseguró a su interlocutor que había 16 cuadros valorados en más de 100.000 euros y otros cuatro cuadros por encima de los 90.000 euros. Otras obras, a su juicio, debían comercializarse por separado por sus elevados importes, más de 500.000 o 600.000 euros cada una. En total, la colección superaba los ocho millones. La conversación se produjo en julio de 2016. “Ignacio le dice [al inversor] que la valoración se obtiene de las ventas de los cuadros en las subastas (algunos de ellos se vendieron en Segre)”, recogió un oficio de la UCO de febrero de 2017 incorporado al sumario, al que ha tenido acceso ahora este diario.

Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil también detectaron el “interés que mostró el exmandatario por relojes de lujo de la marca Rolex y Breitling, así como por otra serie de objetos” sacados a la venta por la misma casa de subastas. González incluso llegó a realizar pujas por esos lotes, "resultando finalmente adjudicatario" de uno de ellos. Así quedó reflejado en otra conversación telefónica de noviembre de 2016 entre el presunto cerebro de la trama y la directora de la sección de Joyas, Relojes y Vintage de Subastas Segre, Rosa Rodríguez.

En una tercera llamada en la que González habló con su mujer, en diciembre de 2016, el político reveló que en ese momento se encontraba saliendo de las oficinas de la casa de subastas. Había estado estudiando nuevos lotes de joyas. La UCO registró que Cavero pregunta a su marido "si ha visto algo interesante", a lo que este responde "que no, salvo un colgante veneciano que ya le enseñará".

Los investigadores concluyeron que "estas conversaciones telefónicas vienen a confirmar, por un lado, que Ignacio González en determinadas ocasiones asesora a potenciales clientes de Subastas Segre, y por otro, que el expresidente de la Comunidad de Madrid puja por determinados artículos de lujo en esa casa de subastas". "De las investigaciones realizadas se infiere", añade el informe de la UCO, "que el matrimonio actualmente soporta altos costes derivados de la posible participación en el negocio de escuelas infantiles [en el que entró Cavero], pagos varios por parte del matrimonio, pagos a sus abogados, pagos a empleados del hogar y secretarias que el matrimonio tiene a su disposición, pagos de alquiler de la oficina donde trabajan y el elevado nivel de vida que los mismos ostentan, circunstancias que no guardan lógica con su supuesta delicada situación económica (…) y existiendo una discordancia entre ingresos declarados con los signos de ostentación económica que proyectan".

La Guardia Civil también advirtió en ese oficio de febrero de que las casas de subastas "pueden ser instrumentalizadas para el blanqueo de capitales", y por ello pidió al juez la práctica de nuevas diligencias sobre Subastas Segre. Las investigaciones efectuadas posteriormente han permitido apuntalar la sospecha de que González manejaba efectivamente fondos opacos procedentes de supuestas comisiones ilegales por operaciones del Canal de Isabel II. Su presunto testaferro, el también imputado Edmundo Rodríguez Sobrino, exdirectivo en Latinoamérica de la empresa pública del agua madrileña, ha confesado al instructor del caso Lezo, el juez Manuel García Castellón, que González se habría llevado 900.000 euros por la compra de la firma brasileña Emissao en 2013 con fondos públicos. El dinero estaría en una cuenta de Suiza a nombre de una sociedad panameña presuntamente controlada por el exmandatario del PP.

Otras informaciones en poder de los investigadores también indican que González habría recibido en Suiza otra comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación en 2007 a la constructora OHL de las obras del tren de Cercanías a Navalcarnero, un proyecto que ascendía a 364 millones y que fue paralizado en 2010 por el estallido de la burbuja inmobiliaria.