Villar Mir niega cualquier vinculación con el pago de 1,4 millones de euros al PP

El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha negado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón cualquier implicación en el traspaso de 1,4 millones de euros procedentes de su conglomerado empresarial a cuentas vinculadas al Partido Popular a cambio de la adjudicación de parte del proyecto de tren de Móstoles a Navalcarnero. El propietario de la constructora ha declarado durante dos horas en calidad de imputado, en el marco de la tercera pieza del caso Lezo, que está declarada secreta, por lo que únicamente han estado presentes en la sala el fiscal anticorrupción Carlos Iañez y la defensa del investigado, que ya negó cualquier relación con el pago de la supuesta comisión cuando recurrió su citación el pasado junio.

Según fuentes jurídicas, Villar Mir ha ido hoy en la misma línea que en aquel recurso y se ha ceñido al relato de "su versión". Ha recordado que, cuando la Policía Nacional le solicitó información sobre los hechos investigados, la empresa inició una investigación interna e identificó dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares a Lauryn Group, pero que ambas estaban incluidas legalmente dentro de la contabilidad. No encontraron, por lo tanto, nada ilegal ni ningún trato de favor hacia OHL en relación a la adjudicación del tren de Navalcarnero.

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En el citado recurso de junio, que fue adelantado por El Confidencial, reclamó el archivo de su causa y aseguró no haber ordenado ninguna de las transacciones que están bajo sospecha. Alegó también que la supuesta adjudicación por la que su constructora habría abonado la comisión millonaria resultó "ruinosa" para la compañía. En concreto, argumentó que este supuesto pago por parte de su empresa "de una comisión a funcionario o autoridad pública por la adjudicación del contrato de concesión de la línea ferroviaria que debía unir Móstoles Central con la localidad de Navalcarnero" no se sustenta, ya que aquel negocio resultó tan desastroso que llegó a provocar una ampliación de capital en OHL.

La mercantil incurrió en "enormes pérdidas por inversiones no recuperadas e incumplimientos administrativos", rezaba el escrito, añadiendo que las obras del tren no llegaron a terminarse y la empresa mantiene un litigio con la Comunidad de Madrid por la resolución del contrato. Villar Mir incluso acusó al entonces titular del juzgado, Eloy Velasco, de no especificar la acusación contra él y de basarse en "meras conjeturas".

El titular del Juzgado Central número 6, sin embargo, rechazó la petición de Villar Mir y le citó para declarar este martes en calidad de imputado en el marco de la tercera pieza del caso Lezo, que investiga la citada adjudicación de la obra ferroviaria. La declaración del expresidente de OHL ha inaugurado la primera jornada de lo que será una maratoniana ronda de declaraciones que tendrán lugar este otoño en el marco de Lezo, que rastrea una trama de cobro de comisiones ilegales presuntamente liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

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La pieza número tres del procedimiento indaga, en concreto, el pago desde una filial de la constructora en México a depósitos vinculados al PP situados en Suiza de 1,4 millones a cambio de la adjudicación del citado proyecto, una investigación en la que también está imputado el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, ya condenado en el caso de las tarjetas 'black' e investigado también en el marco del caso Púnica. Según entienden los investigadores, López Madrid realizó la transferencia en septiembre de 2007 a una cuenta en Suiza del banco Anglo Irish Bank controlada por la sociedad panameña Lauryn Group. El dinero tenía como objetivo supuestamente recompensar a Ignacio González por su presunta mediación para que la constructora se llevara las obras del tren de Cercanías. Solo un mes después del pago, OHL logró el contrato.

Aunque González alega que nunca recibió el dinero, el propietario de Lauryn Group, Adrián de la Joya, admitió que López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera al presidente madrileño, aunque se lo quedó para saldar las deudas que le había dejado el Grupo Villar Mir por un proyecto conjunto en Burkina Faso. Aun así, el juez Velasco consideró que el pago era suficiente para imputar la existencia de la comisión, motivo por el que siguió rastreando el dinero de la cuenta suiza para conocer dónde acabaron los fondos.