De la yihad a prisión, de prisión a la yihad

La pasión por la yihad de individuos que viven en Europa se consuma muchas veces en las guerras de Oriente Próximo o en forma de atentados, otras agoniza frustrada tras los barrotes de una celda. “Le condenaron a cinco años y medio de prisión simplemente por ser administrador de una página de Facebook. Ahora reza mucho en la cárcel, se ha dejado barba, lee el Corán y otros libros religiosos, antes no hacía nada de esto”. Son palabras de María González, madre de Ismael Boufarcha, un joven que fue detenido en la provincia de Barcelona en 2015 por hacer propaganda yihadista y captación de militantes. Posteriormente fue condenado junto a los otros siete integrantes de la célula disuelta en la Operación Ghuraba.

La madre de Boufarcha insiste en la inocencia de su hijo, detenido a los 18 años. Se explica: “Nos sorprende cómo habla ahora de la religión porque antes ni rezaba, pero entre la psicóloga y la familia estamos haciendo un buen trabajo para que no odie ni se radicalice”.

Al igual que los presos de ETA, los condenados por terrorismo yihadista están bajo una política de dispersión penitenciaria. Ida y vuelta, de L’Hospitalet a la prisión de Mansilla de las Muelas (León), entre la casa de la madre y el vis a vis hay 300 euros y veinte horas de distancia. Además, Boufarcha, como el resto de yihadistas o presos por delitos comunes que muestran comportamientos sospechosos, está encuadrado en el régimen de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES) y vigilado muy de cerca por funcionarios especializados de los Grupos de Control y Seguimiento para evitar que su radicalización se extienda al resto de reclusos.

Desde que el Ministerio de Interior pusiera en marcha el régimen FIES en 2014, como reacción a la desarticulación de una célula que operaba desde la prisión salmantina de Topas, el número de internos bajo especial vigilancia no ha dejado de aumentar. Este programa aplicado en todo el Estado salvo en Cataluña, que tiene las competencias transferidas y aplica otros planes, divide a los reclusos en tres grupos: en el A están enmarcados los condenados por yihadismo; en el B, los que muestran actitudes de liderazgo y captación; y en el grupo C, los presos que muestran un proceso incipiente o consolidado de radicalización.

En julio de 2014, eran 81 los reclusos que estaban controlados bajo el régimen FIES; en julio pasado ya eran 271. Es decir, se ha triplicado el número de internos vigilados en sólo tres años.

Cárceles: un hábitat propicio para la radicalización

Las autoridades competentes muestran una especial inquietud por que las cárceles españolas sean un terreno fértil para que los yihadistas ya convencidos propaguen su ideología, pero también para que internos encerrados por otros delitos sean atraídos por la llama de la yihad. Esto ya ocurre en las cárceles de otros países europeos. “Las prisiones desempeñan un papel importante en el proceso de radicalización. Los nuevos internos son apartados de su ambiente social y son más vulnerables a influencias negativas de líderes carismáticos y captadores, incluso si su historial criminal está relacionado con delitos comunes, ya que la radicalización les sirve como redención de la culpa y les proporciona autoestima”, explica a este diario Gilles de Kerchove, coordinador de la lucha antiterrorista de la Unión Europea.

En el mismo sentido se expresa Olivier Roy, uno de los más prestigiosos estudiosos del yihadismo: “La prisión es el principal lugar de radicalización. La mitad de los yihadistas franceses y belgas habían pasado antes por la cárcel por tráfico de drogas, robo u otros delitos”.

"Como la 1ª generación es más tardía en España que en Francia, la reserva de potenciales radicales aumentará en vuestro país en los próximos años"

Este proceso lo sufrió el marroquí Taoufiq Mouhouch, detenido en 2015 en la Operación Caronte de los Mossos en la frontera con Turquía antes de unirse al Estado Islámico. Se había radicalizado en la cárcel Modelo de Barcelona por influencia de otros reclusos tras un pasado de delincuencia, drogas y alcohol. De vuelta a la cárcel, a sus 27 años, ahora aguarda el juicio en la Audiencia Nacional.

Otro caso paradigmático es el del marroquí Lahcen Ikassrien. Poseedor de un largo historial en la yihad, en 2016 fue condenado por liderar una célula que enviaba muyahidines a combatir a Siria. Antes de haberse marchado de España a Afganistán a combatir en 2002 y haber dado luego con sus huesos en Guantánamo, había pasado cuatro años en una prisión de nuestro país por tráfico de hachís. Según señala el fallo de la Audiencia Nacional, fue en la cárcel donde “encaminó su vida hacia Alá gracias a unos hermanos que allí conoció”.

Roy cuenta a El Confidencial que “el proceso de radicalización no pasa por el adoctrinamiento de imanes bien formados, sino por jóvenes que se autoproclaman imanes e islamizan la radicalidad preexistente de los reclusos dando una pátina religiosa a sus deseos de rebelión haciéndoles pensar que así se convierten en ‘hermanos’ y ‘héroes’, lo que les ayuda a seguir rechazando el orden establecido”. Roy señala como paradigma de este fenómeno al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, “quien en un principio fue traficante de drogas y luego se autoproclamó imán”.

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En esa carretera de doble sentido, de la yihad a prisión y de prisión a la yihad, a propósito de las actividades delictivas de hijos de inmigrantes musulmanes, fuentes penitenciarias aseguran que observan cambios de hábitos de conducta porque algunos de los que se dejan seducir por redes de narcotráfico luego son más vulnerables a caer en manos de agentes de captación dentro de las cárceles. “Las segundas generaciones de emigrantes usan la radicalización como mecanismo de defensa en la sociedad de acogida —dice un funcionario. Son como los hijos de los extremeños que emigraron al País Vasco y escribían ‘gora ETA’ en las paredes de los pueblos de sus padres donde veraneaban”. Esas mismas fuentes afirman que la lucha contra el yihadismo mejoraría si se pusiera énfasis en la vigilancia de los integrantes de redes de tráfico de drogas que potencialmente se pueden radicalizar.

Olivier Roy argumenta que sus investigaciones confirman que “la gran mayoría de los yihadistas franceses son inmigrantes de segunda generación”. Añade este académico: “Como la primera generación es más tardía en España que en Francia, se puede concluir que la reserva de potenciales radicales va a aumentar en vuestro país en los próximos años”. Una de las razones que fundamenta Roy es que la ruptura con la religión y la cultura de origen genera violencia. Ve especial conflictividad entre los marroquíes procedentes del Rif que hablan bereber, pero “no tienen acceso a una cultura escrita en su lengua original, contrariamente a lo que ha ocurrido en Europa con la inmigración turca, la cual crea muy pocos problemas de terrorismo”.

A finales de junio de 2017, la población reclusa en las cárceles españolas era de 51.901 personas, de las cuales 13.312 eran extranjeras. Los datos de Instituciones Penitenciarias de finales de 2016 informan de que la nacionalidad más representada era la marroquí con 4.107 internos.

Sin embargo, las investigaciones del Real Instituto Elcano (RIE) señalan que entre los detenidos en España entre junio de 2013 y mayo de 2016 solo el 6,7% se radicalizó en centros penitenciarios. “Por nuestro trabajo, vemos que los centros penitenciarios son ámbitos sensibles de radicalización, pero el fenómeno es mucho menor si lo comparamos con otros países como Francia. En España, los domicilios privados son lugares mucho más habituales en los procesos de radicalización”, cuenta Carola García Calvo, investigadora del RIE. Aunque otro estudio cuantitativo de ese instituto muestra que el 28% de los condenados o muertos por atentados suicidas en España entre 2004 y 2012 se radicalizó en prisión.

Grietas en el sistema penitenciario

La Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de 2017 señala que desde 2014, con la irrupción en el panorama internacional del Estado Islámico, las investigaciones incoadas se han multiplicado hasta representar las referidas al yihadismo el 40% del total de las diligencias de ese tribunal.

Asimismo, el número de reclusos por delitos de yihadismo tiene una tendencia alcista desde 2014, llegando a ser 128 a finales de 2016.

En función de los datos aportados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los estudios del RIE, entre 1996 y 2016, los condenados en firme por yihadismo fueron 128. Solo en 2016, hasta 25 individuos fueron sentenciados a penas de prisión. A estos números hay que sumar los 14 terroristas que murieron en acción, siete en Leganés en 2004 y otros tantos en el contexto de los atentados del 17-A en Cataluña.

Como se indicaba más arriba, los reclusos especialmente vigilados ya son unos 275 si se incluyen los detenidos en las últimas operaciones policiales en Cataluña y Melilla. Según fuentes penitenciarias, todos ellos están bajo un régimen penitenciario que les dispersa por 40 cárceles de la geografía española, les mantiene en diversos grados de aislamiento y van rotando de centro cada cierto tiempo.

Entretanto, muchos funcionarios de prisiones hablan de falta de recursos y descoordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para implementar el Programa de Intervención en radicalización violenta con internos islamistas que puso en marcha Instituciones Penitenciarias en 2016 y que sigue las directrices de la Red de Prevención de la Radicalización (RAN) de la Unión Europea.

José Lázaro, delegado sindical de CSIF en la prisión palentina de Dueñas, explica que los funcionarios carecen de formación y medios sofisticados para observar mejor los procesos de radicalización. “Vemos que hay líderes que obligan a algunos reclusos a hacer el ramadán o que les proporcionan drogas a cambio de que les escuchen y así ejercer su influencia, pero no conocemos su idioma y sus costumbres”, asegura Lázaro.

"Un guardia civil tiene olfato y detecta enseguida indicadores de radicalización, pero un tipo que cobra mil euros y no tiene buena formación, no"

Otro funcionario que prefiere guardar su anonimato afirma que ellos y los asistentes sociales que trabajan en la cárcel obtienen información en bruto muy valiosa, pero indica que “no hay un protocolo bien reglado para compartirla con los cuerpos policiales y convertir esos datos recabados en inteligencia para combatir el yihadismo”. Añade que otra grieta del sistema es que se está sustituyendo a funcionarios por empleados de empresas de seguridad privada: “Un guardia civil tiene olfato y detecta enseguida indicadores de radicalización, pero un tipo que cobra mil euros y no tiene buena formación, no”

La asistencia religiosa como medida preventiva

Además de mejorar las prisiones y el conocimiento de sus empleados, además de incorporar unidades de inteligencia a las cárceles, Gilles de Kerchove afirma a este diario que sería positivo invertir “en un cuerpo suficiente de imanes de confianza y bien formados para trabajar con los radicales”. El coordinador antiterrorista de la UE cuenta que la Comisión Europea está apoyando económicamente a los Estados miembros para luchar contra la radicalización dentro y luego fuera de las cárceles.

En España, la realidad es que la inversión en “imanes de confianza” es escasa, tanto como 9.000 euros presupuestados en 2017 para pagar el sueldo y los gastos derivados de las visitas a las cárceles de 16 asistentes religiosos islámicos que llegan a cubrir ni la quinta parte de los 93 prisiones existentes. El convenio que funciona desde 2007 fue firmado por el Ministerio del Interior y la Comisión Islámica de España (CIE). Esto en el conjunto de España, ya que en Cataluña, cuyo convenio data de 2008, se acordó entre el Departamento de Justicia de la Generalitat y el Consell Islàmic de Catalunya.

La mayoría de los reclusos musulmanes, especialmente los radicalizados, no aceptan reunirse con los imanes que les imponen

El presidente de la CIE, Riay Tatari, dice que los medios son insuficientes, pero “para ser justos ‒recalca Tatari—, el diálogo es fluido con Instituciones Penitenciarias y hay más sensibilidad que hace unos años”. Recalca que en países como Alemania o Países Bajos los imanes visitadores tienen contrato fijo y cada prisión cuenta con un oratorio específico.

Los imanes marroquíes Abdelmalik Sbai y Salah al Ouakili visitan a los reclusos musulmanes de las cárceles Castellón I y II, esta última en Albocàsser. “La asistencia religiosa es imprescindible, lo vemos como una oportunidad para modificar la idea de un islam erróneo, ya que nadie tiene las llaves de la puerta del Paraíso, salvo Alá”, cuenta Al Ouakili. A veces acuden juntos, otras por separado. Van una vez cada quince días a cada centro donde les reciben medio centenar de reclusos de los aproximadamente 270 que hay. Una minoría donde hay dos condenados por yihadismo, a los que dedican específicamente escasos 15 minutos al mes.

Fuentes penitenciarias señalan que la mayoría de los musulmanes, especialmente los radicalizados, no aceptan reunirse con los imanes que les impone la Administración. Agregan que en prisión es muy difícil la desradicalización y la reinserción: “¿Cómo puedes hacer esa labor con muros de seis metros de alto?”

Un imán con años de experiencia como asistente religioso en las cárceles y que prefiere guardar su identidad sostiene que hay que hablar y actuar temprano con los internos cuando manifiestan el más mínimo indicador de radicalización. “He hablado con adolescentes en los reformatorios que dicen que robar a los no musulmanes está permitido. También me he encontrado casos de reclusos que contaban que vendían drogas para corromper la sociedad y la economía europeas”, narra el imán. “Ese discurso no se puede permitir”, afirma, Asimismo, defiende que hay que dialogar con los yihadistas porque “lo que hacemos es encerrarlos en celdas y ahí los arrojamos, pero el problema continúa detrás de las rejas”.

Respecto a la asistencia religiosa en Cataluña, Miguel Ángel Pérez, coordinador de la plataforma Musulmanes contra la Islamofobia, se lamenta de que los imanes que visitan las cárceles catalanas sean salafistas: “El salafismo tiene un discurso de odio contra los propios musulmanes que son sufíes o chiíes. No se puede decir que sea una puerta directa al terrorismo, pero sí al extremismo religioso”.

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