Fuga de médicos: “Nos vamos a la sanidad privada porque en la pública nos maltratan”

José Angel Gómez Pascual, jefe de urología, dejó la sanidad pública. Alejandro Rodríguez Morata, jefe de cirugía vascular, dejó la sanidad pública. Rafael López Arévalo, jefe de traumatología, dejó la sanidad pública. Primitivo de la Quintana, jefe de cirugía maxilofacial, dejó la sanidad pública. César Ramírez, jefe de cirugía general y digestiva, ha dejado la sanidad pública... El Hospital Quirón de Málaga -privado- está hoy en manos de profesionales provenientes de hospitales públicos. La “fuga de médicos”, subrayan, no es un problema exclusivo de su ciudad, sino una tendencia creciente en todo el país que amenaza con descapitalizar uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

Ramírez, el último en marcharse, hizo pública su decisión el pasado 3 de septiembre en esta carta abierta remitida al Diario Sur. “La decepción, el cansancio y el hastío de un sistema de salud imposible han machacado mi vocación de servicio público, que he defendido siempre como hijo de funcionarios que soy y grandes valedores de lo público”, dice. La queja, viralizada en redes sociales, ha generado un terremoto en Málaga. “Decenas de compañeros me han dado la razón”, continúa, “pero no todos se atrevan a hacerlo en público”.

En la sanidad pública se está perdiendo la ilusión, no hay salidas. Y mucha gente con amplitud de miras intenta marcharse

No existen registros para cuantificar el fenómeno pero en todos en los hospitales consultados -en seis regiones españolas distintas- comparten una sensación parecida: marcharse a trabajar en la sanidad privada cada vez es una opción más frecuente. Algunos se van para ganar más dinero, otros porque creen que su carrera profesional no despega a causa del corsé funcionarial. Se esfuman de las consultas públicas jóvenes aburridos de sumar contratos temporales e interinidades, doctores de renombre en busca de mejores sueldos y veteranos obligados a jubilarse a los 65 por imperativo burocrático.

El urólogo Gómez Pascual argumenta que intentó compatibilizar ambos sectores durante años. “Estuve dos décadas en la sanidad pública. Lo hice de manera exclusiva hasta los primeros recortes de Zapatero, que nos hicieron un destrozo. Un amigo me ofreció redondear el sueldo con una consulta fuera, en la Quirón de Málaga, que empezaba a ser ya un referente. Era una decisión difícil porque al entrar en el régimen mixto pierdes inmediatamente la prima de exclusividad, que son casi 800 euros al mes. Aún así me merecía la pena. En pocos meses tenía jornadas de 12-14 horas todos los días, así que pedí la reducción y me la concedieron”.

"Son casos puntuales"

Trabajando a media jornada, el salario público de Gómez Pascual no pasaba de los 900 euros. “Aunque estaba muy descompensado con lo que ganaba en Quirón, lo hacía encantado, por seguir teniendo contacto con la gente y con el hospital". En 2015, sin embargo, llegó un nuevo jefe de servicio de Sevilla y le retiró el permiso para la reducción de jornada. "Me lo hizo sin avisar. Tuve que dejarlo todo en la Quirón de la noche a la mañana. Mis pacientes se creían que me habían echado y mis ingresos se redujeron mucho porque encima no me permitieron volver a hacer transplantes. Lo estaba pasando muy mal, mi familia también. El 12 de octubre de 2016 exploté. Pedí mi baja y me marché para siempre. Me fui sin excedencia porque era interino y no me arrepiento en absoluto. En la sanidad pública se está perdiendo la ilusión, no hay salidas ni futuro. Y mucha gente con amplitud de miras intenta marcharse”.

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La jefa de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad andaluza, Celia Gómez, niega que se esté produciendo una fuga de médicos en el sector público. “En términos globales seguimos teniendo los mejores profesionales más allá de las dificultades de la crisis. Nuestra preocupación se centra ahora en determinadas zonas y especialidades, sobre todo en hospitales comarcales alejados. Tenemos problemas con plazas de pediatría de La Línea, por ejemplo. En estos sitios queremos redoblar esfuerzos. Pero son casos puntuales, no algo generalizado”.

En términos globales seguimos teniendo los mejores profesionales más allá de las dificultades de la crisis

Un doctor que durante años ocupó cargos de gerencia en Madrid opina que, “en condiciones ideales, la mayoría de los médicos todavía prefiere la sanidad pública”. La diferencia, argumenta, es que ahora existen buenas alternativas en el sector privado, oportunidades que ya pasan por irse a “clínicas pequeñitas y sin medios en las que jubilarse tratando juanetes”.

“Antes, cuando un médico tenía problemas, se aguantaba. Ahora puede marcharse. Por ejemplo, si un superior que te hace la vida imposible, si se perpetúa una situación de precariedad... Incluso gente a la que le van bien las cosas se puede acabar yendo. Pasa, por ejemplo, con los especialistas de servicios muy demandados como la cirugía estética, la medicina laboral o las operaciones de varices. Hay quien ve que va a ganar más dinero y a tener más posibilidades de crecer. Y se marchan”.

10 millones de pacientes

El auge de la sanidad privada es una realidad desde hace varios años. Se espera que el número de españoles con algún tipo de seguro médico supere la cifra de los diez millones en 2017, lo que supone un gasto cercano a los 4.000 millones de euros en primas. Y con una tasa de crecimiento superior al 3,5 por ciento, desarrollo similar al que experimentan clínicas y hospitales fuera de la órbita pública.

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Según datos de la Fundación IDIS, el sector privado es responsable ya de cerca de un 30 por ciento del gasto sanitario total en España, un porcentaje muy superior al de Reino Unido (13 %), Francia (21%), Italia (22%) o Alemania (23%). De acuerdo con este sondeo de Deloitte de 2014, tres de cada cuatro profesionales del sector creen que España irá evolucionando hacia un sistema que “introduzca un mayor papel a la financiación privada”. Los médicos españoles, además, también buscan oportunidades en el extranjero. En 2015, casi 3.000 médicos solicitaron el certificado para irse a trabajar fuera según datos del Ministerio de Educación.

Una sangría de médicos de primera nos estamos yendo por desesperación, nepotismo, por tener que estar de acuerdo con el partido

César Ramírez, el autor del artículo que encendió la polémica, insiste en que él no se marcha por dinero, ni por motivos políticos. “Yo sólo conozco el caso andaluz, que es el cuartel general del PSOE, pero no soy partidista. Por lo que me cuentan mis compañeros, la situación no es mejor en Murcia, o en Madrid y Valencia donde está el Partido Popular. Gano más en la privada pero también renuncio a cosas, por ejemplo a una pensión del cien por cien porque aquí no hay contratos laborales, los médicos somos autónomos”.

Su compañero, Alejandro Rodríguez, admite que la remuneración es un factor en su caso pero dice que también puso en la balanza otras cosas antes de dar el paso. “Para nosotros es muy importante la confianza con los pacientes, que en los hospitales públicos se está perdiendo porque la gestión fomenta la despersonalización”. Y el cirujano Primitivo de la Quintana se expresa de manera parecida. “No nos marchamos por un tema salarial, sino por la desmotivación, el maltrato. Una sangría de médicos de primera que nos estamos yendo por desesperación, por nepotismo, por tener que estar de acuerdo con el partido y reirles las gracias”.

Caza de especialistas

El director de un hospital privado del País Vasco, un hombre con una larga experiencia en ambos sectores, confirma que “cazar” médicos en el resto de España es una actividad cada vez más frecuente. “Necesitamos médicos y a menudo nos dirigimos a los colegios de otras comunidades autónomas porque los de aquí no quieren venir. En el País Vasco no se paga tan mal como en el resto de España y la mayoría prefiere la pública: un trabajo más estable y menos sacrificado. Hemos sacado especialistas de Andalucía, de Murcia, de Barcelona… En Euskadi se paga mejor y ese diferencial salarial juega a nuestro favor, eso también es verdad”. Según su experiencia, empieza a ponerse complicado encontrar médicos en muchas especialidades. “Y va a estar peor en un futuro cercano con las jubilaciones que se vienen encima".

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Los médicos consultados también se quejan de los requisitos impuestos por las administraciones para compatibilizar sector público y privado, un privilegio de los años 80 cuyas condiciones se han endurecido en varias comunidades autónomas. En los últimos meses se han interpuesto decena de recursos en lugares como Murcia o la Comunidad Valenciana por este motivo. “Con excepción del País Vasco, se está extendiendo por todos lados esta idea de acorralar a quienes queremos compatibilizar. Y no se trata de la bajada de salario por complementos de exclusividad, que asumimos sin problemas desde hace años”, se queja un especialista que tiene abierto un recurso contencioso por este motivo.

Las CCAA empiezan a etiquetar como inmorales o faltos de ética a quienes compatibilizamos sanidad pública y privada

"El problema”, insiste, “es que ahora están empezando a denegar la compatibilidad y nos empiezan a etiquetar como inmorales o faltos de ética a quienes ejercemos en las dos sanidades. Debería ser al revés porque yo cuando acabo en el hospital no me voy a mi casa a descansar como otros, sino que sigo formándome, tratando pacientes, creciendo como médico. Quiero explotar todo mi potencial y en la pública no puedo. El resultado es que nos empujan hacia la privada, nos ponen entre la espada y la pared”.

Desde la Junta de Andalucía insisten en que "es justo que los jefes y las personas que organizan la actividad y el funcionamiento del servicio tengan una dedicación exclusiva. Hay que entender que son profesionales que organizan listas de esperas, consultas, etcétera, por lo que no pueden tener otras obligaciones". Con el resto del personal sanitario -todos aquellos sin cargos de mando- se acepta la compatibilidad, un privilegio que no tienen el resto de funcionarios. Pero a cambio de renunciar a una parte del salario. "Un 20 por ciento de los médicos de plantilla tienen compatibilidad y en los hospitales son el 30 por ciento. Nos parece un trato razonable", concluye la jefa de recursos humanos, Gómez González.