Maza ordena a Guardia Civil, Policía y Mossos intervenir las urnas y las papeletas

El fiscal general del estado, José Manuel Maza, ha remitido un oficio al fiscal superior de Cataluña en el que le ordena impartir una instrucción general a los máximos responsables de la Guardia Civil, de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional para que los funcionarios competentes de estos cuerpos, en labores de policía judicial, intervengan todos los "efectos" dirigidos a la "organización del referéndum" independentista previsto para el 1 de octubre. El oficio viene a concretar el anuncio realizado por el propio Maza ayer durante la comparecencia pública en la que también adelantó la querella que ha interpuesto el ministerio público contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern por firmar el decreto que convocaba la consulta.

El fiscal general argumenta en el mencionado oficio que el Tribunal Constitucional ya declaró nula la resolución del Parlamento Catalán que aprobó el proceso de desconexión del estado instando al Gobierno de la Generalitat "a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña como muy tarde en septiembre de 2017 con una pregunta clara y de respuesta binaria". En concreto, explica Maza en su escrito, el alto tribunal aseguró que esta resolución "contraviene y menoscaba frontalmente" la jurisprudencia del Tribunal Supremo y resuelve "notificar personalmente" a la presidenta del Parlamento regional y a los componentes del Ejecutivo autonómico "con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" a lo acordado por la asamblea catalana.

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"Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, reiterados de forma clara y sin fisuras, públicos y difundidos, dada su evidente trascendencia, a través de todos los medios de comunicación, permiten afirmar que la falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para convocar consultas, incluso no referendarias, que versen sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento mismo del orden constitucional, es un hecho notorio e indudablemente de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública", arguye el fiscal general.

"Queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación", concluye el argumentario esgrimido por Maza, que especifica además que "la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o particulares dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos".

De ahí que Maza pida al fiscal superior de la comunidad autónoma ordenar que los altos responsables de los diferentes cuerpos de seguridad remitan a sus unidades competentes en cada provincia la orden de elaborar atestados e intervenir los efectos dirigidos a la celebración de la consulta, como urnas o papeletas. Además, el fiscal general ha pedido sus subordinados que den las instrucciones precisas en el mismo sentido "si tienen conocimiento de cualquier acto concreto" que tenga el fin de llevar a cabo el referéndum. Todos los atestados que los fiscales abran, añade Maza, conllevarán la incoación de las correspondientes diligencias de investigación así como la formulación de una denuncia o una querella.