El Constitucional prohíbe el referéndum y apercibe a un millar de cargos políticos

El pleno del Tribunal Constitucional ha prohibido la celebración de referéndum del 1 de octubre. Los 12 magistrados han acordado en la noche de este jueves admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy y desmontan de este modo el andamiaje ilegal aprobado en las últimas horas por el Parlament y el Govern de Cataluña para sustentar el 'procés'.

La decisión unánime de los 12 magistrados supone la suspensión automática de la ley de la consulta, aprobada este miércoles, la convocatoria de la consulta, las normas complementarias para organizarla y el nombramiento de una sindicatura electoral, equivalente a la Junta Electoral Central, por un plazo de cinco meses. Apercibe, además, a toda la Administración catalana, del primero al último de sus miembros.

Esto supone notificar la decisión a los altos cargos relacionados con la consulta, más de 60 personas, a los máximos responsables de los Mossos, entre ellos el mayor Josep Lluís Trapero, y el director general, Pere Soler, a los responsables de los medios públicos catalanes, Cataluña Radio y TV3, y a los 947 alcaldes de los municipios, que serán advertidos a través de la Delegación del Gobierno.

Los apercibimientos serán personales. El presidente de la Generalitat de Cataluña, todos los miembros del Consejo de Gobierno, el secretario del Gobierno de Cataluña, los delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat, la presidenta del Parlamento de Cataluña, los miembros de la Mesa del Parlamento, el letrado mayor... Una lista que supera las 1.000 personas. Todos recibirán los avisos en mano.

El pleno les advierte de su deber "de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". En particular, que deben abstenerse "de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en el decreto objeto de la presente impugnación”. Se les apercibe "de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".

El tribunal de garantías ha actuado con enorme celeridad tras la solicitud del Ejecutivo y ha adoptado la decisión en solo hora y media. Los escritos del Gobierno, que se han registrado pasadas las cuatro de la tarde, tratan con tremenda dureza la actuación de la Generalitat y la Cámara parlamentaria autonómica que, dicen, han robado su soberanía al pueblo español en su conjunto.

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El más amplio de estos escritos, en el que el Ejecutivo reclama que la ley aprobada se declare inconstitucional, arranca su argumentación asegurando que la norma impugnada "supone una de las mayores afrentas a la Constitución española que por parte de un Parlamento autonómico puede concebirse en un Estado democrático y de derecho". Acusa al Parlamento catalán de esconderse tras una "presunta y auto-atribuida soberanía del pueblo catalán" para perpetrar esta "flagrante violación".

El Gobierno detalla paso por paso los acontecimientos desarrollados en el Parlament a lo largo de la jornada del miércoles, que culminaron con la firma del decreto de convocatoria por parte del Govern en pleno, con el presidente Puigdemont a la cabeza. "Pretenden la ruptura total y absoluta", dice, y pasa a desmontar el preámbulo y los 34 artículos de la norma impugnada, que tacha de "falsa" y "jurídicamente delirante".

También reclamaba, en escrito separado, la impugnación de los trámites para la aprobación de la Ley de Transitoriedad. En cuanto a este punto, el TC ha abierto un incidente de ejecución por la admisión a trámite y es previsible que, una vez se apruebe, el Gobierno presente nuevos recursos.

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La Abogacía del Estado se refiere a la escasa mayoría de 72 votos que aprobó la ley y que no sería suficiente "ni siquiera para modificar una letra del Estatuto de Autonomía". La actuación de la Cámara dirigida por Forcadell fue "antidemocrática", agregan los recursos, que reflejan que se han vulnerado ocho artículos de la Constitución y tres del Estatut.

Desde el preámbulo de la ley hasta la pregunta reflejada en la papeleta del referéndum, el Gobierno no deja títere con cabeza. Solo los pueblos anexionados por conquista, en situación colonial y oprimidos, como Sudán del Sur o Kosovo, pueden esgrimir el pretendido derecho de separación que se autoarroga Cataluña según la argumentación independentista, dice. "La libre determinación de los pueblos es principio aplicable a un contexto bien diferente", destaca. La sindicatura 'montada' para escenificar la consulta carece de calidad democrática, la elaboración del censo electoral vulnera la Ley de Protección de Datos, continúa el texto en una cadena de argumentos que el TC someterá en estos meses a debate y sobre los que se pronunciará en futuras sentencias.

Como consecuencia de la invocación por parte del Gobierno del art. 161.2 de la Constitución, el pleno acuerda la suspensión de todas las disposiciones impugnadas. Da traslado del recurso al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat de Cataluña y al Parlament, que disponen de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen oportunas.