El exmarido de Juana Rivas denuncia en Italia la Ley de Violencia de Género española

Francesco Arcuri, exmarido de Juana Rivas, ha presentado una denuncia ante la Justicia italiana contra la legislación sobre violencia de género española, al considerar que vulnera sus derechos y los de "todos los hombres" que viven en España. Así lo ha indicado su defensa en un comunicado, en el que sus abogados han insistido en la inocencia de su cliente, que se encuentra ya en Italia con los dos hijos de la pareja, después de que la madre se los entregara tras estar un mes ilocalizable.

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S.D.

Además, Arcuri ha presentado en Italia otra demanda solicitando una "indemnización millonaria contra 12 periodistas y políticas", a las que acusa de difamación a través de las redes sociales y medios de comunicación. "Entre ellas, deberán responder ante la Justicia italiana la presidenta de una comunidad autónoma española y varias parlamentarias españolas que, en Italia, no poseen la especial protección que poseen en España", reza el texto, difundido por José Luis Sariego, uno de los abogados de la expareja de Juana Rivas, sin mencionar a ninguna en concreto por su nombre.

En el texto, la defensa del italiano sostiene que la Ley de Violencia de Género española "se ha acreditado que es un fracaso social y político", ya que "no solo no ha reducido el número de mujeres asesinadas, sino que además ha incrementado el número de asesinados por sus madres y por sus padres y de hombres asesinados por sus mujeres".

"Estrategia usada por los nazis"

Así, sostiene que es una "ley que provoca más víctimas y más violencia", en definitiva, "una mala ley". Por otro lado, ha criticado que se esté utilizando esta normativa por parte del entorno de su exmujer para "justificar la comisión de otros delitos", refiriéndose en concreto al "secuestro y maltrato a unos niños", así como para "desobedecer a la Justicia".

"Llama la atención la estrategia del entorno de Juana y de los medios que la apoyan por su similitud a la estrategia que usaron los criminales nazis, en el tribunal de Núremberg, para justificar sus atrocidades", sostiene la defensa de Arcuri.

Mentira y libelo en televisión

Con respecto a la denuncia contra periodistas, el abogado de Arcuri ha advertido de que "cualquiera que desde los medios, como por ejemplo en programas matinales de televisión, le difame o calumnie, deberá responder ante los tribunales de justicia italianos por su irresponsable comportamiento social y mediático". "Es intolerable que se diga que en Italia no se protege a las personas maltratadas en el ámbito familiar", critica.

"Se ha pedido auxilio al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante la Comisión Europea, a través de varios europarlamentarios italianos, ante la inadmisible intromisión en la vida privada de un ciudadano italiano", señala el comunicado.

Asimismo, ha pedido respeto por el "derecho de dos niños a tener una vida familiar libre de violencia psicológica social y mediática, en la que se está difamando y calumniando a su padre, sin fundamento legal alguno". "No vamos a opinar sobre los programas de televisión que usan la mentira y el libelo para lograr audiencias, dinero por publicidad, y transmitir una ideología (la ideología de género) que atenta a [sic] los Derechos Humanos de miles de mujeres, hombres y niños en un país europeo como es España", subraya.

Por último, la defensa del exmarido de Juana Rivas insiste en que desde Italia se están recabando todos los datos sobre "información difamatoria" con el objetivo de "denunciar a todas aquellas personas o medios que sigan poniendo en tela de juicio la presunción de inocencia" de su cliente o "atentando a [sic] los Derechos Humanos de sus hijos".

¿Verán a su madre?

El abogado de Arcuri ya había denunciado que Juana Rivas no habla con sus hijos, de tres y 11 años, desde que se fueron con él a Italia. Entretanto, la granadina, residente en Maracena, municipio del área metropolitana de Granada, sigue denunciada y bajo investigación judicial por varios presuntos delitos: desobediencia a la autoridad judicial y retención ilícita de menores, que podría acarrearle una condena de hasta cuatro años de cárcel e incluso la inhabilitación para contar con la patria potestad por un periodo de 10 años.

En su último comunicado, la defensa sostiene que al haber sufrido un "secuestro físico y emocional", es "recomendable" que se corte "todo contacto con aquellas personas que los tuvieron secuestrados". Los dos están citados ante la Justicia italiana el próximo 31 de octubre, cuando está fijada una vista previa del proceso judicial por el que habrá de decidirse la forma de custodia de los niños, así como el régimen de visitas.