El juez propone juzgar a 'Teddy' Bautista y otros 10 por saquear la SGAE

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluído este lunes la instrucción de la parte principal de la investigación del llamado caso SGAE y entiende que hay indicios suficientes para juzgar a once personas, entre ellas el ex presidente de la entidad, Eduardo Bautista, por poner en marcha "una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE".

En un auto hecho público este lunes el magistrado explica que los fondos desviados iban a parar a la organización comandada por otro de los procesados, José Luis Rodríguez Neri, mediante la asignación arbitraria a Microgénesis de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas. Esto provocó "perjuicios y pérdidas constantes" para la sociedad de autores.

En el auto en el que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, De la Mata considera que los hechos investigados son constitutivos de los delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida. La resolución da a partir de ahora un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral mediante la presentación de su escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, que se dirige también contra catorce sociedades mercantiles como responsables civiles, entre ellas Microgénesis SA.

El auto, de 129 páginas, relata cómo Bautista, presidente de SGAE, desde 1998, introdujo a Rodríguez Neri y su empresa Microgénesis para desarrollar líneas de tecnologías de la información y las comunicaciones. En el año 2000 se crea SDAE para llevar a cabo la transición de la sociedad de autores hacia un nuevo modelo en esa dirección. "Desde el comienzo SDAE fue concebida como un mero artificio, sin existencia real, con capacidad instalada, sin actividad propia y sin empleados. La única finalidad de SDAE era pues firmar contratos con SGAE para, cada vez con carácter inmediato, ese mismo día, firmar un contrato de idéntico contenido con Microgénesis, burlando el marco estatutario y los mecanismo de control de SGAE", dice De la Mata.

Este auténtico monopolio funcionó desde 1998 a 2011 y, en eses periodo, no realizaron nunca procesos de petición y selección de ofertas de contratación entre SDAE y Microgénesis, ni la oferta de esta última se realizó a precio de mercado o contratado con otras, ni se aplicó la regla de pedir tres presupuestos que existía hasta entonces en la SGAE.

A lo largo del auto el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 detalla otra serie de presuntas ilegalidades y explica que esta situación de contratación arbitraria, automática y no sometida a controles de SDAE y el Grupo Microgénesis, como le denominaban, fue "inmediatamente aprovechado por la organización de Rodríguez Neri y Ramos Díaz".

De la Mata considera que los hechos investigados son constitutivos de los delitos de asociación ilícita u organización criminal

Así, Rodríguez Neri y su pareja, junto con varios miembros de sus familias y otros investigados, se pusieron de acuerdo y bajo la dirección de aquel, con un alto grado de coordinación y distribución de roles, "activaron un entramado de sociedades alrededor de Microgénesis y su red de empresas como la propia SDAE o Potal Latino, con la seguridad que les daba el haber montado un sistema cuasi monopolístico, arbitrario e incontrolado de contratación con la SGAE a la que, en sus propios términos, tenían atrapada".

"A tal efecto, y mediante estas estructuras societarias interpuestas, armaron un sistema de subcontrataciones que les permitió conseguir unos márgenes de beneficio constantes, con el consiguiente perjuicio también constante para la SGAE, que era la fuente de financiación: aparentes negocios jurídicos mercantiles suscritos entre sociedades interpuestas, por ellos dominadas; contratos de prestación de servicios y de consultoría; facturación justificativa de las operaciones; imputación de costes laborales; concesión de préstamos; fijación de salarios a discreción...", señala el juez, que apunta que a ello se añade que en muchos de los casos las prestaciones objeto de los contratos no fueron realizadas y eran meramente ficticias, o lo fueron defectuosamente.

Una organización criminal

En sus razonamientos jurídicos, explica que esta organización criminal funcionaba con las directrices emanadas desde la cúspide, representada por Rodríguez Neri y Ramos Díaz, "auténticos líderes de la organización", y con el apoyo de familiares y un asesor contable y fiscal, quienes se encargaban de "implementar la estrategia acordada, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos obtenidos".

Los indicios también apuntan, dice el juez, a que las personas imputadas actuaron premeditadamente para apropiarse indebidamente de recursos económicos del grupo SGAE, incorporándolos de modo definitivo el dinero que administraban al patrimonio de la organización criminal. Se han detectado "operaciones claramente depredatorias" como cuando Rodríguez Neri, en su rol de directivo de SDAE, "permitió graciosamente que Microgénesis no pagara a SDAE el coste del alquiler de las oficinas ocupadas cuando esta compañía decide abandonarlas por razón de apariencia. Esta "gentileza" ocasionó perjuicios a SGAE por 233.624 euros.

El auto detalla los perjuicios económicos causados a la SGAE. Entre ellos, señala que en el caso de SDAE, entre 2001 y 2011, SGAE ha pagado en total a SDAE al menos 57.154.984,40 euros según los datos Agencia Tributarua que ascienden a 71.700.561,36 euros de acuerdo con la contabilidad de la SGAE. Y, por ejecutarle los proyectos específicos, 39.552.880,30 euros. SDAE tambieìn recibió 494.597 euros y otros importes menores de otras sociedades del Grupo SGAE. Sólo de los fondos de SDAE, la empresa matriz recibió 31.054.784,39 euros. Por su parte, en relación con Portal Latino y mediante facturas por servicios prestados, SGAE ha inyectado 10.370.605,39 euros en esta otra sociedad. Entre 2003 y 2006 el dinero procedía directamente de la SGAE.

Las periciales practicadas en relación con el coste de los desarrollos informáticos, han evaluado que la diferencia entre las cantidades pagadas por SGAE y el coste estimado de los entregables recibidos a cambio supera los 21.5 millones de euros, que constituirían perjuicios sufridos por el Grupo SGAE como consecuencia de los hechos investigados.