El TC prepara sus armas legales para la semana clave de la ruptura de Cataluña

El Tribunal Constitucional está en alerta. A menos de un mes de que se celebre el referéndum del 1 de octubre, los magistrados que lo integran están preparados para afrontar cualquier escenario que pueda producirse. El Govern y el Parlamento catalán tienen en sus manos la activación del proceso de desconexión y, a lo largo de esta semana, se prevé que tramiten las leyes que sustentarán la ruptura con el Estado. Sobre la mesa de los magistrados, el catálogo de 'nuevas armas' de las que el PP dotó al tribunal de garantías hace dos años y que no han sido nunca empleadas en el tira y afloja judicial del desafío de la independencia, que lleva prolongándose meses. Como trasfondo, una posibilidad cada vez más real: abordar la suspensión del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont si lo reclama la Abogacía del Estado.

Este miércoles, los 12 jueces que integran el Pleno se reunirán en su primer encuentro ordinario del nuevo curso y lo harán coincidiendo con otro pleno, el de la cámara autonómica. Aunque en la cita no está previsto tratar ninguna de estas cuestiones, fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el orden del día puede alterarse en cualquier momento si resulta necesario. Aún queda tiempo para que las dos normas claves, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana y la de Referéndum, se sometan a alguna decisión del Parlament que permita al Gobierno impugnarlas.

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El Pleno del Constitucional se alargará durante dos días pero, si el acto jurídico que espera el Ejecutivo para recurrir no se produce en ese plazo, el TC puede convocar una sesión con carácter monográfico si fuera necesario. Hasta el momento, el tribunal de garantías se ha caracterizado por la celeridad en su respuesta en todos los recursos o ejecuciones de sentencia reclamadas por el Gobierno. La admisión a trámite de cualquier impugnación se producirá en horas y congelará de forma automática las dos normas durante un plazo máximo de cinco meses. La fecha en que la suspensión comienza a tener efecto es la de la propia presentación del recurso, aclaran fuentes jurídicas.

No obstante, esta paralización no tiene visos de ser muy efectiva después de que distintos miembros del Govern hayan anticipado que piensan desobedecer el mandato del TC y seguir adelante con los planes de la consulta. Es ahí donde entran en juego los nuevos instrumentos de los que disponen el tribunal para obligar al cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

Según el nuevo texto de la ley que rige el funcionamiento del tribunal, los antídotos contra el desarrollo del 'procés', cuya puesta en marcha puede reclamar el Ejecutivo y el Pleno acordar tras debatir, son tres. En primer lugar, si la desobediencia es manifiesta y reiterativa, se prevé la imposición de "multas coercitivas" de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del tribunal. La sanción puede reiterarse "hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado", advierte la ley.

Hasta el momento, el tribunal de garantías se ha caracterizado por la celeridad en su respuesta en todos los recursos o ejecuciones de sentencia

El punto dos de la norma contempla la posibilidad de acordar la suspensión en sus funciones de todos los responsables del incumplimiento, "durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos" del TC. Esta disposición afecta a cualquiera de los cargos que adopten decisiones contrarias a lo ordenado por el TC, desde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hasta los funcionarios que ejecuten sus órdenes, pasando por los titulares de la Consellerías afectadas.

Por último, la ley reformada en 2015 refleja otro posible as. El Constitucional puede reclamar que el Gobierno de la nación sustituya en sus funciones al regional y haga cumplir la ley en su lugar. El alto tribunal no ha recurrido nunca a estos instrumentos y se ha limitado a emplear la facultad también recogida en esa norma, de requerir de forma personal a las instituciones el cumplimiento de sus sentencias. También ha deducido testimonio a la Fiscalía para que valorase hechos cometidos por altos cargos que no atendieron sus resoluciones. Por ejemplo, en el caso de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el Ministerio Público optó por pedir que se la investigara en los tribunales competentes, los catalanes.

La suspensión de Puigdemont

Según las fuentes consultadas, la hoja de ruta marcada por el Govern para la independencia de Cataluña obligará previsiblemente al tribunal a abordar en alguno de sus Plenos la suspensión de cargos. El tribunal no actuará en ningún caso de oficio y esperará a que la Abogacía del Estado lo reclame una vez que el presidente catalán avale con su firma, sea por decreto o por otra fórmula, la celebración de la consulta.

La unanimidad que ha caracterizado todas las resoluciones sobre Cataluña puede romperse en este caso como ya sucedió en mayo de 2016 cuando el Pleno se pronunció sobre la constitucionalidad de la reforma de su norma reguladora y valoró las nuevas armas. Dos de los 12 actuales magistrados del TC, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés, no avalaron los cambios y reprocharon que habían introducido ad hoc para afrontar el problema catalán.

Los magistrados deben también afrontar la sentencia sobre el último de los recursos presentado por el Gobierno, en este caso contra la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña con el que pretende allanar la vía hacia el referéndum del 1 de octubre. El texto quedó anulado de forma cautelar pero el TC aún tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo.