instrucción de los atentados de barcelona

El juez Andreu anula sus vacaciones y pedirá más funcionarios para reforzar su juzgado

El Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional entra de lleno en la segunda fase de investigación de las acciones terroristas que acabaron con la vida de 16 personas

Foto: El juez Fernando Andreu. (EFE)
El juez Fernando Andreu. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha renunciado a sus vacaciones. El magistrado que se encarga de la investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils no piensa moverse de su juzgado, el mismo que se encontraba de guardia el pasado 17 de agosto cuando una furgoneta conducida por Younes Abouyaaqoub irrumpió en las Ramblas atropellando a todas las personas que encontraba a su paso. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, ha descartado totalmente tomarse los días libres que aún tiene pendientes para dedicarse a la causa abierta tras la doble acción terrorista, que ha entrado en una segunda fase, una vez superados los primeros interrogatorios y la decisión sobre la situación de las cuatro personas que fueron detenidas en las primeras horas.

La intensa actividad en el Juzgado Central de Instrucción 4 no ha remitido en los últimos días. El primer tramo de la instrucción ya se ha cerrado con la entrada en prisión de dos presuntos integrantes de la célula, pero esa labor de urgencia da paso ahora a otra actividad no menos importante. Las pesquisas se centran en el rastreo de los contactos internacionales del grupo terrorista, lo que requiere cursar comisiones rogatorias a distintos países de Europa que pueden servir para trazar los pasos previos de la célula. Como prioridad, Francia y Bélgica, objetivo de atentados en los últimos meses y dos de los destinos que visitaron algunos de los miembros del comando yihadista en fechas recientes.

El juez tiene, además, por delante la toma de declaración de numerosos testigos cuya aportación puede impulsar la investigación. Además de aquellos que presenciaron los atentados tanto en Barcelona como en Cambrils, deben pasar por la Audiencia Nacional muchos de los que tuvieron contacto con los terroristas. Entre otros, los empleados de la empresa de alquiler donde reservaron las furgonetas, los agentes de los Mossos d'Esquadra que participaron en los dispositivos de búsqueda de los huidos y los miembros del entorno familiar y laboral de los integrantes de la célula serán interrogados en la causa, que permanece secreta.

Andreu debe también acumular en el procedimiento los partes médicos y de lesiones de los fallecidos y el centenar de heridos en los atropellos. Tendrá que atender, además, la solicitud de personación en la causa de las acusaciones tanto populares como particulares que lo soliciten. Muchas asociaciones de víctimas, entre ellas la AVT y 11M Afectados del Terrorismo, ya han reclamado ser admitidas en la causa.

La coordinación de las labores de los tres cuerpos que participan en la investigación ha quedado centralizada en el juzgado. Los Mossos d'Esquadra informan al juzgado de los avances en territorio catalán con la casa franca de Alcanar como epicentro de la actividad. Las labores de desescombro y búsqueda de indicios en las ruinas del laboratorio de explosivos continúan. La magistrada del partido de Amposta encargada en un inicio de esta parte de la instrucción ya se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional.


Análisis de la documentación

El análisis de los hallazgos que puedan localizarse en ese punto y del material incautado en los registros practicados constituye otra de las patas del procedimiento, en el que no se descarta que se identifiquen colaboradores aún no conocidos. También se estudian los vínculos del líder del grupo terrorista, el imán de Ripoll Abdelbaki es Satty, con la célula desarticulada en la operación Chacal.

El juez Fernando Andreu instruye, además, otros macroprocedimientos como el conocido como caso Bankia. Su juzgado acumula ya decenas de querellas por la quiebra del Banco Popular, causa que aún no ha sido admitida a trámite pero que se prevé larga y compleja. Por ello, el magistrado tiene previsto solicitar un incremento del número de funcionarios que le permita hacer frente a este enorme volumen de trabajo, confirman a El Confidencial fuentes jurídicas.

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